Cifuentes denuncia ante la Fiscalía “las irregularidades” del Campus de la Justicia de Aguirre

El Gobierno de Cristina Cifuentes ha denunciado ante la Fiscalía las irregularidades detectadas en el Campus de la Justicia, un proyecto encargado en 2007 por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, cuyo objetivo era agrupar las sedes judiciales en el barrio madrileño de Valdebebas.

La propia Cifuentes ha confirmado esta denuncia a través de su cuenta de Twitter. “Tenemos tolerancia cero con la corrupción, venga de donde venga. Hoy, una prueba más”, ha dicho.

Esta denuncia llega después de un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas que advertía de que la estructura organizativa mercantil del Campus de la Justicia no seguía “ningún criterio de racionalidad económico-organizativo”.

Tras estudiar el informe, el Gobierno regional ha llegado a la conclusión de que en el proyecto del Campus de la Justicia se incumplieron de forma “sistemática” las “normas más esenciales” de contratación pública y contabilidad.

El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno de Madrid, Ángel Garrido, ya había anunciado que el Ejecutivo regional había elevado este informe a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para que valorara si era necesario tomar medidas.

El informe de la Cámara de Cuentas señala que se invirtieron al menos 80 millones de euros en las obras de la Ciudad de la Justicia, adjudicadas a una UTE (unión temporal de empresas) formada por OHL y Acciona. Una cuarta parte de este presupuesto fue destinada a la construcción del Instituto de Medicina legal, el único que se construyó finalmente.

Garrido ha rechazado que la entrega de este informe a la Fiscalía sea un intento de desviar la atención de la polémica sobre el máster de Cifuentes y ha asegurado que el Gobierno ha actuado «cuando corresponde». «Podría haber sido ayer, hoy o dentro de cinco días», ha dicho.

La oposición ya había llevado a la Fiscalía este caso en marzo y advirtió de que el proyecto supuso un «quebranto patrimonial» para los madrileños de más de 130 millones de euros.