Teresa Freixes: «Somos el único país de la UE que no da formación política a los ciudadanos»

Teresa Freixes (Lérida, 1950) es una destacada catedrática de Derecho Constitucional, reconocida por su amplia trayectoria académica y su activismo en defensa de los valores constitucionales y democráticos en España. Con más de una docena de libros y numerosos artículos científicos a su nombre, Freixes ha sido una voz de gran influencia en el debate público sobre el estado de las instituciones democráticas. Ha recibido múltiples premios a lo largo de su carrera, incluidos el Premio Nacional Muñoz Torrero a los valores democráticos y el Premio Otto de Habsburgo por su trayectoria europea, y ha participado en múltiples misiones de la Unión Europea destinadas a democratizar exrepúblicas soviéticas.

Recientemente, Freixes ha publicado su último libro, En defensa de la Transición (Almuzara), en el cual aborda con profundidad y preocupación el progresivo deterioro institucional que, según ella, está ocurriendo bajo el actual gobierno español. Este libro no es solo un análisis histórico, sino también una llamada a la reflexión sobre la importancia de preservar el legado democrático que nos dejaron la Transición y el espíritu del 78, una preocupación que Freixes amplía y contextualiza en esta entrevista para THE OBJECTIVE.

También se esfuerza en hacer un llamamiento a la sociedad civil en su conjunto, a quienes apela para que nos informemos mejor sobre el funcionamiento de las instituciones con el fin de forzar a nuestros políticos a recuperar el consenso del 78. Su motivación, como ella misma hace ver entre sus páginas, proviene de una sincera inquietud por el futuro de la democracia en España, alertando sobre las consecuencias que podría tener el debilitamiento de la Constitución y del poder Judicial para el bienestar de la nación.

PREGUNTA.- Usted se ha mostrado como una crítica feroz a la ley de Amnistía. ¿Cuáles cree que son las implicaciones legales y políticas que tendrá sobre el futuro de nuestro país?

RESPUESTA.- Se trata, esta ley de amnistía, de la punta del iceberg de todo lo que es un cambio que se está intentando llevar adelante para, podríamos decir, cambiar el sistema y provocar una serie de mutaciones a través de la aprobación de normas, de la instauración de políticas, etcétera. Y la ley de amnistía, claro, pues es útil a quienes lo pretenden. Porque de alguna manera, pues responde a unos acuerdos a partir de los cuales se forman gobiernos, se definen políticas y se establecen acuerdos que muchas veces tampoco los conocemos en el fondo, ¿no? Como es una ley que aborda un tema que ya fue rechazado en la Asamblea Constituyente, porque en la Asamblea Constituyente cuando se elaboraba la Constitución se trató de de ver si se podía incluir la amnistía dentro de la Constitución. Y hubo varias enmiendas en ese sentido que no llegaron a prosperar.

Entonces, hay una voluntad directa de la Constituyente de no incorporar la amnistía al sistema constitucional. Eso tiene varias razones, pero sobre todo una. Y es que en paralelo a la elaboración de la Constitución de plena transición, se estaba aprobando lo que fue la Ley de Amnistía de 1977 y que esa fue una ley pactada, concordada, aprobada por prácticamente casi unanimidad, en la que se hacía tabula rasa con todos aquellos delitos de opinión o delitos políticos que habían llegado a cometerse durante la época franquista. Era uno de los ejes en aquellos momentos del pacto para poder iniciar la transición o elaborar la Constitución, los Pactos de la Moncloa… Es decir, iba inserta en todo el proceso de la Transición. También para romper con la tradición del franquismo y anteriores, en la Constitución se prohíben los indultos generales; y en cambio, se permiten aquellos que son indultos a personas concretas, y que se tienen que tramitar conforme a una ley que es muy antigua, que ha tenido alguna modificación, pero que es la que se aplicó también recientemente para indultar a los golpistas del procés que habían sido condenados por el Tribunal Supremo.

Como resulta que se trata de una ley, de entrada, que no concuerda con el sistema constitucional, lo que además encima se añade a los indultos a las personas que han intentado quebrar el sistema constitucional mediante un golpe de Estado en Cataluña en el año 2017. Pues a mí, la verdad, no me parece de recibo que tengamos que decirle amén a una ley de amnistía. Hay un tercer motivo. Hace tiempo que se viene discutiendo. Hace muchos años que los balcones y los ayuntamientos de Cataluña tienen pancartas en las que se ponía «amnistia per als presos polítics», «amnistía para los presos políticos», decían ellos. Y la verdad, pues no creíamos en absoluto que esto pudiera llegar. Sobre todo porque no figuraba en los programas electorales de ningún partido político de los llamados constitucionalistas: Partido Socialista, Partido Popular u otros partidos del arco parlamentario. No estaba en el programa electoral. Y además, cuando yo les preguntaba -porque algo nos temíamos- reiteradamente decían, sobre todo el Partido Socialista, que no se iba a realizar ninguna amnistía porque eso era anticonstitucional. Claro, con todos estos precedentes. Pues la verdad, se hacía imposible pronunciarse en favor de la amnistía.

P.- ¿Entonces diría usted que, con la adopción de estas medidas, el PSOE ha traicionado de algún modo el orden constitucional?

R.- Ha traicionado a sus votantes, porque no les ha planteado nunca a las elecciones sobre la base de un programa en el que esta medida y otras, como las que ahora están intentando adoptar del Consorcio y del Convenio y el cupo especial para Cataluña en el modelo de financiación autonómica. Eso no se ha votado nunca. Por lo tanto, es una traición a la ciudadanía que cuando les ha dado el voto, pues no se lo ha dado para que hagan esto. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, todo esto rompe el modelo constitucional. Lo rompe, en el caso de la amnistía ya he explicado por qué. Habría más razones que, sobre todo, se detallan a partir de un dictamen de la Comisión de Venecia, con el que concuerdo plenamente y ante la cual intervine para precisar también cuál era mi postura, ya que ni por la forma de elaborarse la ley ni por su contenido se ajusta, entiendo yo, a la Constitución. Y entonces esta ley de amnistía al final se aprueba y se está empezando a aplicar. Lo que pasa es que es una ley tan mal hecha jurídicamente, con tantos fallos internos de procedimientos que se establecen o de conceptos que se quieren introducir, que es de muy dificultosa aplicación aquello que no sean menudillos, es decir, delitos de desorden callejero, delitos menores, por decirlo de alguna forma. En cambio, cuando esta ley se ha intentado aplicar más en serio por parte de los tribunales de Justicia, pues el Tribunal Supremo ha considerado que tal como está redactada el delito de malversación al cual se quiere aplicar la amnistía, no entra dentro de ella y por lo tanto, pues es una ley de muy difícil aplicación.

Y ahí tenemos otra batalla, porque están haciendo actuaciones que chocan desde luego con la Constitución y también con el derecho de la Unión Europea. Porque si por una parte tenemos planteadas algunas cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, también tenemos planteada una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Todo por el tema de la malversación, porque hay una discusión jurídica ahí de fondo, en torno a lo que es el concepto de malversación. Nos dicen los defensores de la ley de amnistía que cuando se producen desviaciones de fondos que no originan una un incremento patrimonial de riqueza a los autores, entonces no hay malversación. Ello no es así en toda la doctrina constitucional, en toda la doctrina jurisprudencial y en el propio concepto de malversación. La malversación es un desvío de fondos. Qué se hace con ese desvío de fondos, si va al bolsillo de alguien o no, eso hasta ahora los tribunales siempre lo han considerado absolutamente irrelevante. Como también ahora Puigdemont intenta introducir el tema de que no hubo malversación porque todo se financió con fondos privados, con donaciones, para que todo eso se realizara. Oiga, mire eso habrá que probarlo, porque es que de momento hay un informe del Tribunal de Cuentas ahí, hay una sentencia del Tribunal Supremo que condena por malversación de fondos públicos. Y por lo tanto, ahora, por más que el señor Puigdemont intente tergiversar los hechos, pues son hechos probados. Es decir, va a ser muy difícil que esto llegue de alguna manera a colar jurídicamente.

P.- Cuando desde el gobierno y sus socios se ataca al juez Llarena, por ejemplo, por no haber incluido el delito de malversación en esta ley, ¿para usted forma parte de este plan para tratar de cambiar la Constitución sin llegar a hacer una reforma?

R.- Evidentemente. Esto es clarísimo. Ya hace tiempo, más de un año igual hará, cuando el ahora magistrado del Tribunal Constitucional, el señor Campos, era ministro de Justicia, se le escapó un día que estábamos en fase constituyente. Y claro, nos quedamos todos un poco perplejos. Luego lo intentó dulcificar, decir que no lo había querido decir, que tal, que cual. Pero ya hace bastante tiempo que es evidente que existe un intento de provocar mutaciones constitucionales. Una mutación constitucional se produce cuando tergiversando el sentido de las instituciones jurídicas, de las normas jurídicas, se pretende cambiar el resultado de lo que la Constitución podría producir. Y eso sin necesidad de cambiar formalmente la Constitución, es decir, no se utiliza el procedimiento de cambio de la Constitución, sino que se utilizan estos procedimientos espurios. Eso está muy estudiado, entra dentro de esa «estrategia de la araña», que yo la he llamado así muchas veces, a través de la cual lo que se pretende es ir minando las instituciones para que, finalmente, el sistema colapse y se pueda instaurar uno nuevo basado en vaya usted a saber qué principios. No está fuera de esta intención el ir intentando criticar a los jueces, porque claro, los jueces son el tercer poder del Estado, pero son el poder que controla los otros dos. Y esto no lo entienden nuestros políticos. No se han enterado que desde que se acabó ‘l’ancient regime’ hay dos poderes el Legislativo y el Ejecutivo, que se auto controlan entre ellos, pero que luego hay un tercer poder que es el judicial, que los tiene que controlar a ambos. Y por lo tanto, no son los políticos los que han de controlar a los jueces, sino los jueces a los políticos. Y por eso se establecieron los tribunales constitucionales, por eso se estableció la jurisdicción contencioso administrativa, por eso los políticos, con todas las garantías, incluso en nuestro caso, con el aforamiento y con garantías importantes, pueden ser juzgados por los actos que realicen, incluso en el ejercicio de sus cargos.

«El concierto catalán no es un paso hacia el federalismo, sino todo lo contrario»

P.- En su libro, que se publicó antes del acuerdo para la renovación del CGPJ, usted habla de la necesidad de llegar a un consenso a ese respecto. ¿Qué le ha parecido la solución pactada por Sánchez y Feijóo?

R.- Me ha parecido una solución aceptable. Por el resultado también, pero sobre todo porque ha sido fruto de lo que se llama un diálogo estructurado, controlado por la Comisión Europea, que no es una cosa nueva. La Comisión Europea eso lo hace cantidad de veces con cantidad de países y con cantidad de temas. Lo que pasa es que aquí no se le suele dar demasiada divulgación a este tipo de cuestiones y tampoco se tiene la conciencia ciudadana de que la Comisión Europea es un órgano interno. Nosotros estamos integrados en Europa, y la Comisión es tan española como España es Europa. Es decir, que hay una interrelación entre todo. Entonces, esta supervisión estructurada, este diálogo estructurado por parte de la Comisión Europea me ha parecido muy oportuno, porque estábamos ya cansados de que durante años se intentara hacer esta renovación y no hubiera manera. Y claro, ¿esta renovación cómo se tenía que hacer? Evidentemente aplicando la ley actual, porque mientras no cambias la ley no tienes más remedio que aplicar la que está vigente. Y sobre el compromiso de renovar la ley actual, un compromiso que hace mucho tiempo Europa nos pide, desde el Greco, la Comisión de Venecia, la Comisión Europea… para que, de los 20 consejeros del Poder Judicial, los vocales-jueces, que son 12, sean elegidos por y entre los jueces.

Entonces, este compromiso se materializó en el acuerdo, y ahora este nuevo Consejo del Poder Judicial elegido es el que tiene que sentar las bases para la preparación de la ley que tiene que cambiar ese modelo de elección. Es decir, estamos ante un consejo transitorio. Así que únicamente tiene que actuar ahora, evidentemente con plenas funciones, también para realizar todo lo demás que tiene que realizar. Y que tiene mucho trabajo, porque hay mucho nombramiento pendiente, ya que el gobierno utilizó una táctica que es condenada desde los estándares europeos, que es quitar funciones a los consejeros del Poder Judicial para el nombramiento de magistrados de determinados tribunales, para así de esta manera constreñir y presionarles. Eso es una táctica absolutamente rechazable. Pero bueno, lo hizo con esas mayorías numéricas exiguas que tienen, reformaron la Ley Orgánica y no hubo más remedio que dejar de hacer esos nombramientos. Entonces ahora tienen mucho trabajo, pero bueno, en su conjunto el pacto me pareció bien. Además, el pacto incluye también otras cosas, como por ejemplo el dificultar las puertas giratorias. Es decir, que resulte que no se pueda pasar de la política a la judicatura como se está haciendo en estos últimos años, sino que tenga que haber entre dos y cinco años. Eso está todavía por concretarse, para que una persona que está ocupando un cargo en el Ejecutivo pueda entrar en el Poder Judicial o volver al Poder Judicial. Y además, también el pacto incluye empezar a trabajar para que no coincida el mandato del Fiscal General del Estado con la Legislatura. Sí, claro que aquí habría que cambiar la Constitución, porque eso está así por expresa disposición de la Constitución. Pero se podrían, a través del Estatuto o del Ministerio Fiscal establecer cautelas para que no hubiera tanto control del Gobierno sobre el fiscal General del Estado.

«A Salvador Illa habría que darle de comer aparte, es un caso curioso»

P.- El reciente pacto entre PSC y ERC ha reavivado el debate sobre el federalismo en nuestro país. ¿Qué creen que los españoles no solemos interpretar correctamente al pensar en un modelo de organización territorial federalista?

R.- Creo que hay bastante mala fe por parte de algunos, porque este pacto que se basa en varios puntos que se reducen en unilateralismo para la toma de decisión fuera del marco general y, por otra parte, el establecimiento de un sistema de financiación parecido al que tienen el País Vasco y Navarra, es decir, fuera de la LOFCA. Pues este pacto tiene también otras consecuencias como el reforzamiento del catalán dentro de toda la vida pública y privada en Cataluña, o el reforzamiento también de la acción exterior de la Generalitat como si fuera la acción exterior de un Estado. Es decir, tiene diferentes patas. Claro, este pacto, tomado evidentemente fuera de las instituciones, -como acostumbran a hacer últimamente, que no se toman en las instituciones los acuerdos, sino que se toman vaya usted a saber de qué manera-, también ha sido consecuencia de un pacto para lograr una investidura. Si hubo un pacto primero para la ley de amnistía, no prevista en la Constitución, para lograr la investidura de Sánchez, ahora resulta que hay un segundo pacto, tampoco previsto en la Constitución y de contenido claramente anticonstitucional, para lograr la investidura de Illa. Con lo cual estamos modificando el sistema a cambio de esas compras de votos parlamentarios para conseguir investiduras exiguas, es decir, investiduras que no responden a una amplia mayoría, sino que responden a mayorías muy mecánicas, Un poco esas mayorías numéricas de base smithiana a partir de las cuales luego se creen con derecho a imponerse sobre la gran mayoría.

¿Si lo interpretamos bien? Este pacto, con estos ejes, se nos intenta vender como un paso hacia el federalismo. Este pacto no tiene ninguna base federal. Porque el federalismo, desde que Alexis de Tocqueville escribe La democracia en América, refleja él allí muy claramente cómo se va construyendo el federalismo americano. Y él lo que señala como gran avance es el tema de la igualdad. De la igualdad entre Estados, de la igualdad entre ciudadanos… es decir, de que los entes que crean la federación al traspasarle la soberanía, pues lo que hacen es establecer un sistema a través del cual no pueda haber privilegios, sino que haya sobre todo igualdad de derechos. También es así el federalismo alemán. El federalismo alemán se basa en un modelo en el cual, por ejemplo, quienes recaudan son los länder, casi todos los impuestos. Pero los recaudan conforme a los criterios que marca una ley federal y luego los redistribuyen conforme a los criterios que marca la ley federal. Es decir, que lo que hacen es de mera oficina de recaudación, y nos han intentado vender la moto de que es un sistema parecido al alemán porque allí recaudan los länder. Sí, bueno, claro, pero oiga, eso del recaudar no significa nada, porque tiene que recaudar lo que la Federación ha establecido, y tienen que redistribuir según el criterio federal. De tal manera que después de hacer todos los cálculos y de establecer lo que es la cuota de solidaridad, al final en cada land se recibe la misma cantidad de dinero por cada persona. No como aquí en España, que hay unas diferencias, ya con el modelo actual, substanciales. Entonces, si nos vamos al establecimiento de un modelo de concierto y cupo o algo por el estilo, no estamos yendo hacia un modelo federal, sino todo lo contrario. Estamos yendo hacia un modelo confederal, en el cual se le quitan competencias a la Federación para que las tengan los Estados Confederados. Y este es el modelo que estamos intentando seguir aquí ahora, pero que no nos lo disfracen, que nos digan la verdad. Yo firmaría si pudiéramos montar un sistema federal similar al alemán y no tendría la menor duda, pero desde luego estoy radicalmente en contra de un modelo que es anti solidario, de un modelo que no responde a lo que en la Constituyente se acordó.

Pasa igual que con la amnistía. En la Constituyente se trató el tema de qué comunidades autónomas podrían tener un régimen de financiación singular, y se estableció el del País Vasco y el caso de Navarra. Y se preguntó a los catalanes, que estaban integrados en la minoría vasco-catalana entonces en la Asamblea Constituyente, se les preguntó si querían un régimen similar y dijeron que no, porque no querían recaudar. Entonces se rechaza en la Constituyente el modelo, y ahora nos lo quieren volver a meter por la puerta de atrás, disfrazado de federalismo, además. El federalismo en todos los sistemas se basa en esa igualdad de derechos, en el establecimiento de órganos de coordinación y colaboración, lo que sería nuestra Conferencia de Presidentes -que no funciona- las comisiones bilaterales, que tampoco están funcionando porque los pactos se toman no en el Parlamento con las comisiones bilaterales, sino en Suiza, en Ginebra, en donde sea, en Waterloo, en cualquier lugar. Y se basan también en la cooperación entre todas las Comunidades Autónomas. Esto sería federalismo. Y no es por ahí hacia dónde se va, sino hacia la bilateralidad. ¿Por qué? Bueno, algunos deben de creer que los catalanes somos más guapos, tenemos más derechos o necesitamos estar mejor tratados que el resto. Y en el fondo esto es un modelo totalmente insolidario y un modelo que además, económicamente no resiste. Porque claro, el caso de Navarra y el País Vasco, a pesar de que desde la Unión Europea hace años ya que se nos dice que eso tendría que ir desapareciendo, porque a medida que se avanza en el federalismo fiscal eso no se va a sostener, pues resulta que aguanta económicamente porque son territorios pequeños, con poca población. Si esto lo aplicamos a Cataluña, que es una de las economías grandes dentro de España, ¿cómo se financia el resto? Si lo aplicamos a Cataluña, hay muchos que van a querer ir a la cola también decir «yo también lo quiero». Entonces esto hace estallar el sistema. Quizás es lo que pretenden, quizás lo que pretenden es hacerlo estallar. Al menos algunos de los miembros de la coalición que ha tenido Sánchez en el Gobierno en sus legislaturas lo decían directamente, que pretendían hacer estallar el modelo. Bueno, que lo digan partidos minoritarios, o que lo digan los secesionistas, pues dices «está dentro de su ADN». Pero que el Partido Socialista entre en esta dinámica, esto es algo que le va a pasar factura, y muy grave, porque la sociedad española se va a dar cuenta de que realmente eso no lleva a ninguna parte. Nos va empobrecer muchísimo más, quiebra nuestro sistema democrático, es anticonstitucional, y por lo tanto no es sostenible.

«Un partido político no puede constreñir a sus diputados de la manera como los constriñe, porque el escaño es el diputado, no es el partido político»

P.- ¿Cómo ha encajado el discurso de investidura de Salvador Illa, que ha hablado de una «España plurinacional», de una «nación de naciones»?

R.- Pues ya lo puede imaginar. A Salvador Illa habría que darle de comer aparte, porque es un caso curioso. Durante los días álgidos del procés, en el 17, 18 y 19, él acudía a las concentraciones, a las manifestaciones. Nos decía que estaba con nosotros, con la sociedad civil catalana, que nos oponíamos a todo aquello que desde el secesionismo se quería instaurar. Después de ahí pasó al gobierno de Pedro Sánchez, cosa que sorprendió un poco porque no acabábamos de ver claro qué es lo que eso podía suponer. Pero es que vamos a ver, como ministro de Sanidad nos estuvo mintiendo todo el rato, hablando de que sus decisiones se tomaban con base a lo que había dicho un comité de expertos que se ha demostrado que nunca existió. Luego nos ha mentido como candidato electoral, cuando afirmaba que estaba en contra de la amnistía. Y ahora, en su discurso de investidura, la reclama de aplicación inmediata y total a Puigdemont. Bueno, debe ser un poco seguir el modelo Sánchez de cambiar de criterio. Entonces, todo lo que él haya podido decir en la investidura es para ponerlo en el candelero, porque es evidente que ha sido investido gracias a un acuerdo que va a tener que cumplir, porque si no se le van a girar en contra. Entonces todo aquello que él nos había dicho antes queda absolutamente en saco roto. Y por eso pretende reforzar el catalán, reforzar las embajadas y la política exterior de la Generalitat, apoyar este nuevo sistema de financiación anticonstitucional… Bueno, vamos a ver qué es lo que le va a pasar a este señor, porque es que ya mayores mentiras y mayores manipulaciones es un poco difícil de imaginarlas. Todo puede pasar. Es decir, estamos que no tocamos fondo y cada vez nos pensamos «a peor, no podemos ir», pero es que cada vez vamos a peor en este sentido.

P.- En el libro también se ha mostrado muy crítica con el sistema de organización actual de los partidos políticos. ¿Diría usted que a lo largo de las últimas décadas España se ha convertido en una partitocracia?

R.- Totalmente. Totalmente. A los partidos políticos se les dio un papel importante en la Transición y en la Constitución porque había que dárselo, evidentemente. Veníamos de una dictadura, habían existido algunos en la clandestinidad, otros eran nuevos, se estaban formando… De alguna manera los partidos políticos son instituciones básicas en todas las democracias, pero la misma Constitución ya dice que en su estructura y funcionamiento han de ser democráticos. Es decir, un partido político no puede ser una secta. Un partido político, y eso el Tribunal Constitucional también lo ha afirmado cantidad de veces, no puede constreñir a sus diputados de la manera como los constriñe, porque el escaño es el diputado, no es el partido político. En nuestro sistema se prohíbe el mandato imperativo. Entonces se ha sustituido el mandato imperativo por el mandato del partido. Y esto no es dable en nuestras democracias actuales. Luego, además los partidos, unos más que otros, pero en estos momentos, por ejemplo, el PSOE, que es uno de los que más duele, porque claro, era el partido con el que habíamos hecho la Transición, la Constitución, entrado en Europa, aprobado una gran cantidad de leyes que han sido muy beneficiosas para la sociedad… y un partido que estaba totalmente inserto en lo que es el el marco constitucional y europeo.

Cuando este partido resulta que cambia su estructura interna, y en vez de hacer que el debate se produzca de abajo a arriba hace desaparecer todos los cuerpos intermedios, y se llega a un sistema caudillista en el cual las bases eligen directamente al líder y ese es el que después escoge a la ejecutiva y después al Comité Federal… Bueno, oiga, esto no es democracia. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa, porque el debate interno en el partido ha desaparecido -y el PSOE era un partido que tenía un gran debate interno-, y por qué esto hace que el aplauso al líder sea la única actitud que le queda a quien está en estos órganos de partido porque si no deja de estar rápidamente en ellos. Tenemos ejemplos: Nicolás Redondo, por ejemplo, que ha sido expulsado del Partido Socialista. Y no me dirán ustedes que Nicolás Redondo no es socialdemócrata. Joaquín Leguina, otro tanto. Es decir, personajes importantes dentro del partido, críticos, han sido expulsados, no ya menospreciados, como o Felipe González o Alfonso Guerra, que no paran de hacer declaraciones como diciendo «y qué hacen estos señores pronunciándose». Pues claro que sí, porque los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de pronunciarnos. Hemos de ser ciudadanos activos, como señalaba Bobbio, informados, que intervengamos en la vida pública del país, que demos nuestra opinión, que ayudemos a formar a la opinión pública, porque a través de la opinión pública se forma después la opinión del voto, y a partir del voto se eligen las instituciones.

P.- ¿Qué reformas cree que podrían llevarse a cabo para que la clase política deje de aprovechar este sistema partidista en su benficio?

R.- Bueno, yo en el libro lo abordo desde distintos puntos de vista. Hay cosas en las que no hace falta reformar nada, sino simplemente que la actitud política sea distinta. Es decir, que se deje el sectarismo, que para la ocupación de los puestos públicos se escoja a los mejores, es decir, aquellos que dan el perfil, pero no el perfil por ser aduladores del líder, sino el perfil por su trayectoria, por su conocimiento, por su implicación con la democracia. Esto por una parte. Después hay cosas que basta con reformar las políticas y no estar en esa política de formar cualquier tipo de mayorías y con ese cualquier tipo de mayoría haremos lo que queramos. Así es como se tergiversó todo el sistema democrático de la Constitución de Weimar en el periodo de entreguerras en el siglo pasado. Y es lo que hizo que se derivarse a lo que se derivó. Mayorías exiguas más leyes habilitantes, sin necesidad de tocar la Constitución, cambiaron la naturaleza del sistema y dejaron a los alemanes prácticamente sin derechos. Es decir, que estas políticas tendrían que cambiar.

Otras veces es necesario reformar la legislación. Por ejemplo, se podrían hacer reformas que de alguna manera reforzarán el bicameralismo. No lo que se está haciendo ahora de intentar quitarle competencias al Senado, sino de que ambas cámaras pudieran ejercer mejor y en conjunto sus competencias, y hacer que el Senado fuera una verdadera cámara de representación territorial. Y eso se puede hacer sin modificar la Constitución, sino simplemente modificando, por una parte, la ley electoral -que tampoco hace falta modificar la Constitución-, y luego por otra parte, el reglamento del Senado. Lo que hemos dicho sobre el Consejo General del Poder Judicial, eso es una reforma legislativa. No hace falta tocar la Constitución. Pero en algunos casos, quizá sí. Lo que hemos señalado del mandato de la Fiscalía General del Estado, bueno, eso implica reforma constitucional. Lo que podría ser establecer la igualdad en la sucesión a la Corona, eso implica reforma constitucional. Lo que también podría ser de federalizar mejor el título 8º, ahí también hay cosas que se podrían hacer mediante leyes, pero otras quizás implicarían reforma constitucional.

Quizás habría que irlo pensando, pero pensando en hacer reformas que sean para la gran mayoría, no las reformas aprobadas por minorías o por mayorías minoritarias controladas por otras minorías todavía más minoritarias. Eso no es democracia. Entonces, lo que haría falta es reforzar todos los instrumentos democráticos, que la sociedad civil se implicara más en todo esto, para que de alguna manera, como hicimos durante la transición, en donde la sociedad civil estuvo muy implicada en apoyo a la elaboración, a la eficacia primero de los Pactos de la Moncloa y después de la elaboración de la Constitución. Sin la implicación de la sociedad civil eso no hubiera podido ser posible. Mejorar la transversalidad en la toma de decisiones. Pero eso significa, evidentemente, en estos momentos un cambio de gobierno. Y no solo de las personas, sino de las políticas.

«El ciudadano es el que a fin de cuentas decide con su voto, y por lo tanto tiene que ser un voto mejor informado»

P.- En su libro habla de varias de sus misiones en el este de Europa para ayudar a preparar las instituciones de estos países para un futuro ingreso en la UE. ¿Qué es lo que aquellas misiones más le enseñaron a valorar de nuestro estado de Derecho?

R.- Pues me enseñaron a valorar lo que fue nuestra transición, con el consenso para poder adoptar instituciones que nos pudieran servir a todos. Por otra parte, también el entender que las cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana, porque la transición en los países de Europa del Este fue muy difícil, no solamente política sino también económica. En nuestro caso tuvimos la ventaja de que la transición económica ya la habíamos hecho en la en el tardofranquismo, mientras que ellos no, tuvieron que darle la vuelta al calcetín económicamente. Por lo tanto eso era realmente muy difícil de hacer entender. Y por ejemplo, yo trabajaba bastante en el ámbito de formación de jueces. Los jueces en todos los países, incluso en los dictatoriales, están formados para aplicar las leyes, y no se improvisan. Entonces, cómo conseguir que en esos países, jueces que habían surgido como tales, como jueces profesionales en épocas de la dictadura comunista, después pudieran -los que quisieran- adaptarse a un nuevo sistema. Claro, siempre ha habido etapas de transición, es decir, incluso en los últimos años del comunismo, en muchos de estos países, pues ya había jueces que, a pesar de que aún aplicaban la ley vigente, ya habían empezado a tomar contactos con asociaciones de jueces de los países democráticos, con el propio Consejo de Europa, etcétera. Es decir, que ya empezaban a saber qué es lo que podía implicar tener un sistema democrático.

Entonces, en prácticamente casi todos los países, lo que se hizo fue que los que quisieran adaptarse al nuevo sistema pasarán una etapa de formación. Y los que no, pues se les situó en lo que eran tareas administrativas en diferentes puestos de la administración pública. Porque tampoco podíamos pensar que todos los jueces estaban imbuidos de las ideas totalitarias. Los jueces son personas normalmente cultas, y por lo tanto se interesaron en en el poder adquirir el conocimiento de las garantías procesales conforme a lo que establece el Convenio Europeo de Derechos Humanos del Tribunal de Estrasburgo, saber cuáles eran los criterios que se necesitarían después para poder entrar en la Unión Europea… Fue una tarea, para mí, desde luego extraordinaria; no exenta de peligro en distintas ocasiones, porque en algunos países entramos a hacer esa formación inmediatamente después de la guerra. Por ejemplo en Moldavia, después de de la Guerra Civil con el tema de la Transición, y en Bosnia exactamente lo mismo también. Es decir, que a veces tuvimos que pasar penurias, frío o estar prácticamente sin luz, en condiciones difíciles, pero con el entusiasmo que los expertos del Consejo de Europa teníamos en aquello, y el entusiasmo que ponían también aquellas personas que, desde dentro del país, querían que su país formara parte de los sistemas democráticos.

P.- En última instancia, usted defiende que la sociedad civil debería estar más implicada si deseamos que nuestra clase política alcance el nivel de consenso de 1978. ¿Cómo podemos lograr entre todos que esto sea así?

R.- Claro, es evidente hasta ese punto. Va a ser difícil. Va a ser difícil y va a costar. Esto no es una cosa que se pueda conseguir de hoy para mañana. Y va a ser difícil porque, y eso también lo explico muchas veces, somos el único país de la Unión Europea que no da formación política a los ciudadanos. Si preguntamos a cualquier persona a qué es la imparcialidad del Poder Judicial, no sabe qué contestarte. Si se le pregunta diferencia entre federación y confederación tampoco saben que contestar. Sobre cosas muy elementales no hay esa información y esa formación que se tendrían que dar. Entonces, claro, como resulta que también ahora estamos inmersos en toda esta época del relato, la propaganda, la repetición de consignas, etcétera, etcétera, pues claro, si alguien oye al presidente del Gobierno diciendo que el acuerdo entre Esquerra Republicana y el PSC es muy solidario, y que además es un avance hacia el federalismo, si uno no sabe lo que es el principio de solidaridad y lo que es el federalismo, pues se lo cree. Porque en principio el presidente del Gobierno no tendría que mentir. Entonces, para ir desmontando toda esta serie de mentiras, toda esta serie de relatos en los cuales están consiguiendo que haya una parte de la población que se apunte a ello porque no tiene mejor criterio de valoración. Hasta que no consigamos hacer esa pedagogía nos va a costar bastante. Y esa pedagogía es absolutamente necesaria, desde la escuela, desde los medios de comunicación o desde los propios partidos políticos. Yo reclamo más pedagogía en ese sentido. Porque evidentemente, el ciudadano es el que a fin de cuentas decide con su voto, y por lo tanto tiene que ser un voto mejor informado.

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En defensa de la Transición

Teresa Freixes

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