La caída de un Gobierno corrupto: el 'Straperlo' (1935)

La corrupción en el PSOE es un hecho incontrovertible. A la indignación por los casos se suma la negativa del presidente del Gobierno a asumir ninguna responsabilidad. En otros momentos de nuestra historia, o de otros países europeos, cuando un caso ha afectado al presidente, a su familia o a su círculo más cercano, la opinión pública, la oposición y los procesos judiciales han forzado la dimisión de ministros y la caída de Gobiernos.

Ahora que tanto la izquierda ensalza la Segunda República como un régimen modélico, quizá se pueda recordar cómo la corrupción acabó con el gobierno de Alejandro Lerroux en 1935 y se llevó por delante a su formación, el Partido Radical, dejando en evidencia también la fragilidad de la coalición que permitía sostener al Ejecutivo. No acabó ahí, la crisis de gobierno que se abrió por la corrupción precipitó la disolución de las Cortes y la convocatoria de las elecciones de febrero de 1936. Eso ocurrió con los escándalos de corrupción conocidos como Straperlo y Tayá, que siendo menores, fueron insoportables para un gobierno democrático.

Empecemos con el perfil de Alejandro Lerroux, que nació en La Rambla, Córdoba, el 4 de marzo de 1864. De origen modesto, estudió Derecho. Se dedicó al periodismo desde 1890, caracterizándose por un estilo agresivo y populista, y dirigió diarios como El País y El Progreso. Su oratoria demagógica le valió el apodo de «El emperador del paralelo» en Barcelona por su popularidad entre las clases obreras barcelonesas. Desde joven, Lerroux militó en las filas del republicanismo, siguiendo a Manuel Ruiz Zorrilla, y fue diputado por la Unión Republicana en varias ocasiones hasta 1905.

Corría el año 1910 cuando Lerroux, líder ya del Partido Republicano Radical, se vio envuelto en un escándalo de corrupción. El caso, conocido como el de «cal, yeso y cemento», giraba en torno a comisiones ilegales cobradas por el diputado en contratos de suministro de materiales para obras públicas en Barcelona. Según las denuncias, Lerroux habría utilizado su influencia parlamentaria para favorecer a determinadas empresas en la adjudicación de contratos de construcción, a cambio de beneficios económicos personales. Aunque las pruebas nunca llegaron a consolidarse en un proceso judicial formal, el escándalo sacudió la opinión pública y sembró dudas sobre la integridad de Lerroux. El «emperador del paralelo» se limitó a negar las acusaciones y logró sortear el vendaval.

Alejandro Lerroux se convirtió en una figura clave para la gobernabilidad de la Segunda República en 1933. Aunque la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) obtuvo en las elecciones de ese año el mayor número de escaños, el presidente Niceto Alcalá-Zamora optó por encargar la formación de gobierno a Lerroux, considerado más comprometido con los principios republicanos. Así, Lerroux asumió la presidencia del Consejo de Ministros en un gobierno de coalición con la CEDA, en un contexto de polarización creciente y desconfianza entre las fuerzas políticas. Durante su mandato, Lerroux se enfrentó a la presión de la CEDA para obtener ministerios clave y al desgaste interno de su partido. La fragilidad de esta alianza del centrista Lerroux con la CEDA se manifestó en la formación de tres gobiernos distintos en los primeros cuatro meses.

Este precario equilibrio se rompió con las sublevaciones izquierdistas de octubre de 1934 contra la legitimidad republicana. Tras la entrada de tres cedistas en el gobierno, se produjeron las insurrecciones, incluyendo el golpe en Cataluña, la huelga general socialista y la sublevación revolucionaria en Asturias. Aunque fracasaron, dejaron tocada de muerte la República y extremadamente polarizada la vida política. 

Octubre de 1934 marcó un punto de inflexión que trasladó el equilibrio de poder hacia la derecha. A partir de entonces, el Partido Radical se vio obligado a adoptar una estrategia defensiva, centrada en limitar el avance de la derecha no-republicana. Esta lucha defensiva se tradujo en constantes crisis gubernamentales entre radicales y miembros de la CEDA.

Para el verano de 1935, el Partido Radical estaba acorralado. Atrapado en una relación imposible con la derecha, y sin posibilidad de restaurar la relación con la izquierda debido a los acontecimientos de 1934. La coalición gubernamental estaba pendiente de un hilo, y justo en ese momento estalló el escándalo Straperlo.

El escándalo de corrupción se originó a partir de la denuncia presentada el 19 de octubre de 1935 por Daniel Strauss, un empresario de origen alemán con nacionalidad mexicana. Strauss alegó haber pagado una serie de sobornos a miembros del Partido Radical, incluyendo ministros, a cambio de la licencia para un juego de azar llamado Straperlo. Dado que las autoridades habían prohibido el juego en septiembre y octubre de 1934, Strauss buscaba una compensación de 425.000 pesetas. Existe una alta probabilidad de que la denuncia no fuera escrita por Strauss, sino por el líder socialista Indalecio Prieto, entonces exiliado, con la posible implicación de Manuel Azaña. El enlace clave entre estos políticos y Strauss pudo haber sido el abogado y diputado francés Henri Torres.

A esto se sumó el llamado caso Tayá el 6 de noviembre de 1935, cuando el funcionario Antonio Nombela denunció pagos fraudulentos a la empresa del contratista Tayá por obras no realizadas en Guinea Ecuatorial. Las indemnizaciones, aprobadas por el Ministerio de Estado, implicaban a altos cargos del Partido Republicano Radical. Aunque el Tribunal Supremo había reconocido el derecho de Tayá a una compensación, la irregularidad residía en la forma de pago: Lerroux intentó compensarle directamente a través del fondo de tesoro colonial, un fin para el cual no estaba diseñado, eludiendo así el escrutinio parlamentario. La intriga fracasó gracias a la negativa del Inspector General de las Colonias, Antonio Nombela, a autorizar el pago. Nombela fue despedido e inmediatamente comenzó a denunciar lo ocurrido.

Ante los escándalos, la oposición, que era el PSOE y los grupos republicanos de izquierdas se apoyaron en Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la República, porque era notorio que despreciaba al gobierno de la derecha y que quería que la República volviera a manos de la izquierda. Lerroux dimitió y Alcalá-Zamora llamó a Joaquín Chapaprieta, quien a pesar de que pidió que la denuncia fuera a los tribunales, la oposición prefirió una comisión parlamentaria para conseguir el escándalo público inmediato. La investigación de la comisión, que comenzó el 23 de octubre, reveló que Rafael Salazar Alonso, ministro radical de Gobernación, había autorizado el Straperlo en agosto de 1934. El asunto era muy confuso porque un informe judicial interno había concluido que el juego no violaba la ley al no ser considerado de «suerte o azar» pero existía una prohibición del Straperlo supuestamente firmada por Salazar el 12 de septiembre de 1934. Decimos «supuestamente» porque Salazar negó haberla firmado. De ahí que Strauss pidiera una indemnización. La conclusión de la comisión fue eminente política. Emitida en la madrugada del 26 de octubre, se decía que varios miembros del Partido Radical se habían comportado de una manera incompatible con la «austeridad y ética» esperadas de funcionarios públicos.

La actuación de las Cortes fue cuestionada en términos de rigor académico y legal. En su investigación y condena, el Parlamento había violado la división de poderes entre el Legislativo y el Judicial. Además, la comisión investigó una trama compleja en un tiempo extremadamente breve y basándose en procedimientos y pruebas «harto discutibles». Solo tres de los ocho acusados testificaron, y notablemente, el denunciante, Daniel Strauss, no fue llamado. Las pruebas documentales se limitaron a la autorización polémica de Salazar Alonso (que él mismo denunció como falsificación), facturas de relojes de oro sin especificar receptores, y dos contratos de explotación del juego.

La figura de Daniel Strauss, el denunciante, era fundamental. La comisión lo identificó como un hábil burlador que había huido de México ocho años antes por varios negocios sucios, incluyendo el robo de un brillante. La investigación judicial posterior, a cargo del juez especial Ildefonso Bellón, sugirió que Strauss mintió de forma flagrante, implicando a figuras sin conexión con el asunto, como Ricardo Samper, Diego Hidalgo y el mismísimo general Franco. El juez Bellón también concluyó que había elementos de verdad en la denuncia, especialmente en relación con el clan de Aurelio Lerroux y Juan Pich y Pon. Vamos, que había sido el entorno presidencial el autor de la corrupción, y que altos cargos políticos estaban implicados en el intento de legalizar el juego a cambio de sobornos.

¿Cómo reaccionó la oposición? Para la izquierda, ansiosa de revancha por el fracaso y represión de 1934, el Straperlo era la prueba de la bancarrota moral del centro, un «escándalo de puro estilo monárquico» que demostraba que solo ellos eran los auténticos republicanos. Su objetivo final era la convocatoria anticipada de elecciones y la recuperación del poder perdido en 1933.

Para la extrema derecha, liderada por José Antonio Primo de Rivera, el escándalo confirmó la bancarrota moral de la República y la descalificación del Partido Radical. Su objetivo era que la destrucción de la coalición obligara a la CEDA a abandonar su táctica legalista y girar a la derecha. La CEDA, por su parte, se limitó a pedir la convocatoria de elecciones generales.

Alcalá-Zamora convocó entonces elecciones para el 16 de febrero con el nuevo gobierno presidido por Manuel Portela, hombre suyo, deseando que los republicanos de izquierdas obtuvieran un buen resultado y formaran Gobierno. Y ya sabemos que ocurrió en aquellas elecciones, con la polarización extendida y extrema, con la violencia política normalizada, y que llevaron al fin de la República porque el gobierno del Frente Popular tomó la supuesta victoria como una oportunidad para hacer la revolución en España.

En suma, nos encontramos con unos políticos que dimitieron por unos casos de corrupción, que aunque eran pequeños mancillaron su gestión, y, por otro, a un PSOE que se lanzó contra la derecha enarbolando la bandera de la moral y la honra, la supuesta superioridad habitual, para volver al poder y ejercerlo en exclusiva. Usaron la corrupción del enemigo, con la complicidad de Alcalá-Zamora, porque la revolución de 1934 no les funcionó. Por cierto, el juez Bellón señaló finalmente que el dinero movido por el caso de corrupción del Straperlo fue solo «calderilla».

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