Detenido un alcalde de Ciudadanos en una macrooperación contra la corrupción

El alcalde de la localidad madrileña de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez (Ciudadanos), ha sido detenido este martes en el marco de la Operación Enredadera, informa Efe. Se trata de una macrooperación contra la corrupción en la gestión de sistemas de tráfico y de multas desarrollada en decenas de municipios  y que se ha saldado, de momento, con 39 detenidos. De ellos, 18 pasarán a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Badalona, del que parte toda la investigación, y otros cinco, a uno de Astorga (León), que ha abierto una pieza separada, han informado fuentes policiales. El resto será puesto en libertad. Ese es el principal balance de la Operación Enredadera, dirigida por esos dos juzgados con la Fiscalía Anticorrupción y llevada a cabo desde primera hora de este martes por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional.

A falta de que se conozca el balance definitivo, entre los arrestados, además de Ruipérez, que se ha convertido en el primer alcalde de Ciudadanos detenido por corrupción, está el empresario José Luis Ulibarri, ya implicado en la trama Gürtel.

También están los jefes de la Policía Local de Oviedo, de Fuenlabrada y Pinto (en Madrid), el subinspector de ese cuerpo en Plasencia (Cáceres) o la concejala de Seguridad de Villanueva de la Cañada (Madrid). Asimismo, ha sido llevado a declarar el jefe de la Policía Local de Vélez-Málaga. Ha trascendido la detención de Sadat Maraña, asesor de Ciudadanos en la Diputación de León, y de dos responsables de Aplicaciones Gespol, empresa epicentro de esta supuesta trama de corrupción y que desde 2016 pertenece a Valoriza, del grupo Sacyr, que ha anunciado una investigación interna sobre lo ocurrido. Los agentes, además de las detenciones, han realizado 92 registros y 21 requerimientos de documentación en ayuntamientos, sociedades y despachos.

Esta operación contra la corrupción salpica a ayuntamientos gobernados por el PP, el PSOE y Ciudadanos y se investigan nueve posibles delitos: cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Fuentes de la investigación han indicado que los hechos supuestamente delictivos se remontan a 2012 y 2013, cuando se amañaron los pliegos de los contratos municipales adjudicados a Aplicaciones Gespol, empresa dedicada al mantenimiento informático para la gestión de infracciones de tráfico y seguridad vial. Sin embargo, en casos como el de Torrelodones, fuentes municipales señalan que el contrato sospechoso se adjudicó en 2010, cuando aún gobernaba el PP, que dio una cantidad de 200.000 euros a la empresa Bibliomática -luego Aplicaciones Gespol- por un «procedimiento negociado sin publicidad». Además de manipular los contratos para que Gespol fuera la beneficiaria de la instalación de los radares, las fuentes consultadas han indicado que otra de las operativas usadas era inflar el precio de estos contratos de manera desproporcionada.

Los investigadores sospechan que también ha habido manipulación de los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, solo con finalidad recaudatoria. La empresa pagaba supuestamente comisiones a los cargos públicos y también a los policías locales.

El listado de municipios afectados es muy amplio e incluye varias capitales de provincia, con registros en los ayuntamientos de Huesca, Lleida, Oviedo, León, Palencia y Teruel. También en Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Majadahonda, Villanueva de la Cañada, Pinto, Parla y Torrelodones, de Madrid; Tiana y Mollet del Vallés, de Barcelona; Plasencia (Cáceres); Illescas (Toledo); San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre, de León; y Vélez-Málaga, de Málaga. Además, por orden del juzgado, la Policía ha requerido documentación a Diputación de Alicante y a los ayuntamientos de capitales como Vitoria o Logroño. También en municipios como Mataró, Montgat, Pineda del Mar, Premiá de Mar y Rubí, de Barcelona; Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real y Valdemorillo, de Madrid; La Cistérniga (Valladolid); El Puig y Gandía, de Valencia; O’Grove (Pontevedra) y Sant Vicent del Rapeig (Alicante).

Según Sacyr, desde que adquirió Aplicaciones Gespol, en 2016, esa empresa ha obtenido adjudicaciones por un importe global total de un millón y medio de euros, con una media aproximada de 5.000 euros por contrato. De acuerdo con la documentación que ha comprobado Efe, solo el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ha adjudicado desde 2014 por concurso público tres contratos por valor de más de 300.000 euros a Aplicaciones Gespol.