Duterte desvincula a la policía de la guerra contra la droga

El presidente de la República de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha ordenado a la Policía Nacional del país detener sus actividades relacionadas con la guerra contra la droga, medida que se ha recrudecido durante su mandato. A su vez, se ha cedido esta responsabilidad a la Agencia Antidroga de Filipinas (PDEA, por sus siglas en inglés).

Por otra parte, el Grupo de Asistencia Jurídica Gratuita (FLAG) ha reclamado ante el Tribunal Supremo de Justicia medidas cautelares contra las operaciones policiales relacionadas con la campaña antidroga a la que se atribuyen más de 7.000 muertos desde que empezó, tras la llegada al poder de Duterte el 30 de junio de 2016. Estas cifras chocan con otras aportadas por la Policía nacional, que lo fijan en 3.900. Desde la FLAG alegan que el manual de operaciones de la Policía en la campaña utiliza los eufemismos «neutralizar» y «anular» para aludir a la acción de matar a los sospechosos que resistan el arresto, algo que no tiene cabida en la Constitución.

A su juicio, las directrices creadas por el Gobierno filipino para combatir el tráfico de drogas y el crimen «autorizan expresamente ejecuciones sumarias y allanamientos de morada violando la Constitución y la ley», según la petición de 47 páginas presentada este miércoles al Tribunal Supremo en Manila y a la que tuvo acceso Efe. El Ejecutivo de Duterte «ha convertido a la Policía Nacional, una agencia para hacer cumplir la ley, en una fuerza como la Gestapo que elabora listas de criminales sospechosos y los pone como objetivos para su neutralización o anulación«, han expresado los abogados del FLAG en el documento.

La controvertida política llevada a cabo contra el narcotráfico ha generado grupos de oposición entre la población. El pasado 26 de agosto miles de filipinos salieron a las calles para manifestarse por la muerte de un adolescente a manos de la policía. Durante el último mes se han producido numerosas protestas en Manila y una encuesta realizada el pasado domingo muestra el descontento, dentro de la opinión pública, sobre el mandato de Duterte, informa Reuters.

Varias organizaciones internacionales han denunciado la violación de los derechos humanos ejercida por la policía durante los últimos 15 meses. «El presidente Duterte empezó su mandato prometiendo la protección de los Derechos Humanos, pero ha empleado su primer año en el Gobierno siendo un instigador escandaloso en una campaña de muerte ilícita«, ha alegado el director de Asia de Human Rights Watch, Phelim Kine.