España, Estado clientelar (I)

Durante el año 2020, con 4 millones de parados, más de 900.000 empleados en ERTE, 300.000 autónomos desaparecidos, 500.000 que aún permanecen sin actividad y, de los que aún trabajan, casi 1 millón no gana ni el salario mínimo al mes. En ese 2020 que todos recordamos, el Estado Español concedió 4.634.889 subvenciones.

Sí, sí, habéis leído bien, con la que estaba cayendo para la economía, se concedieron más de 4,6 millones de subvenciones, cuyo importe aún por determinar, sobrepasará ligeramente al de 2019 cuando se destinaron a subvenciones 12.523 millones de euros.

¿Por qué he puesto “Estado Español” y no el Gobierno? Porque en esos 4,6 millones de subvenciones participan todos, Administración Central, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Diputaciones.

La Gran Fiesta de la Democracia es esto y no las elecciones. 

Os voy a contar lo más relevante de los más de 4,6 millones de subvenciones. Como detallaros todo podría llevar varios meses me voy a centrar en las más cuantiosas, todas aquellas subvenciones que sobrepasan los 374.000 euros. No son muchas, “solo” 3.856 subvenciones, pero suman un total de 6.826.480.773,63 euros.

Sí, sí, has leído bien, 3.856 subvenciones por importe de 6.826 millones de euros. Más o menos la mitad del total que espero para todo el ejercicio 2020.

Si alguno se pregunta por qué 3.856 subvenciones es sencillo. He descargado las primeras 4.000 y he eliminado aquellas que no eran subvenciones directas, o sea los préstamos y las garantías. De ese modo cualquiera puede acceder a la base de datos nacional de subvenciones y comprobar todo lo que os voy a relatar a continuación.

En primer lugar el listado de los más “subvencionadores”:

• La Administración Central: 1.398 subvenciones por 2.761.863.919,85€
• C. Valenciana, 451 por 1.463.887.893,47€
• Cataluña 367 por 497.707.477,23€
• Canarias 272 subvenciones por 316.984.379,03€ y los Cabildos de Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Tenerife suman 69 subvenciones por 124.238.789,11€
• C. de Madrid 220 por 360.976.000,10€
• Andalucía 156 subvenciones por 265.208650,25€
• C. y León 208 por 230.597.298,63€
• C. La Mancha 172 por 199.570.939,84€
• Las diputaciones de Coruña, Albacete, Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, C. Real, Cuenca, Girona, Granada, Guadalajara, Huesca, Jaén, León, Lérida, Málaga, Salamanca, Sevilla, Tarragona, Valencia, Valladolid y Zaragoza, suman 23 subvenciones por 144.213.368,05€
• Aragón 78 por 127.772.259,90€
• Asturias, 98 por 88.357.968,51€
• Murcia, 86 por 82.096.752,59€
• Galicia, 77 por 72.959.043,01€
• Navarra 42 por 54.458.682,16€
• Extremadura 53 subvenciones por 45.196.210,96€
• Baleares, 44 por 45.090.138,04€
• Ayto Madrid, 42 por 36.188.175,97€

Destacan concediendo subvenciones la Dirección General de Inclusión y Ayuda Humanitaria, que concede 33 subvenciones por valor de 187.583.712,00€ y la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo; 91 subvenciones por 125.587.027,92€

Desde “Inclusión y Ayuda Humanitaria” el gran beneficiado es la “Comisión Española de Ayuda al Refugiado” que recibe en una única subvención 58.982.995,00€ (concedidos el 18-09-2020)

En Segundo lugar con 12 millones menos, Cruz Roja Española, que recibe 3 subvenciones por valor de 46.287.592,00€

Pero ojo, no creáis que eso es todo lo que se lleva Cruz Roja. Esos 46 millones son solo de las subvenciones de más de 374.000€, si elimino el filtro y sumo todas las de 2020, pasamos de 3 subvenciones a 1.022, y el total de 46,29 millones a 155.387.271,61€. No está nada mal.

En esas 1.022 subvenciones, Cruz Roja recibe de todas partes, del Estado, de las CC.AA. de las Diputaciones, de los Cabildos, de los ayuntamientos. Por eso es tan difícil rastrear las subvenciones, porque cuando crees que ya las tienes todas, descubres que también subvencionan a la Cruz Roja Colombiana, a la Hatiana, a la Nicaragüense, a la Hondureña, a la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, hasta a la Cruz Roja de Alcobendas, S. Sebastián de los Reyes y Algete que tiene NIF propio.

En los 155,4 millones solo están incluidos los de Cruz Roja Española.

Un par de ejemplos de sus “filiales” extranjeras

• A la Cruz Roja hondureña 200.000€ para promover el acceso a servicios de atención humanitaria.
• A la C. Roja y Media Luna 4.400.000€, 200.000 de ellos para algo llamado “Convocatoria Instrumental 2020 FICR Equidad de género en el liderazgo de las operaciones de emergencia en América”

Quizá, los datos más sangrantes corresponden a las subvenciones entregadas por los ayuntamientos. Os pongo un par de ejemplos:

• Un ayuntamiento como el de Ejea de los Caballeros, en Zaragoza, que tiene 15.000 habitantes le entregó en 2020, 3 subvenciones por 69.000€. ¿La finalidad? Reutilizar ropa usada y desarrollar acciones sociales de ámbito local.
• Alcázar de San Juan le dió 143.315,50€ para “desarrollar programas y actividades que contribuyan al bienestar social”. Alcázar de San Juan es un municipio de Ciudad Real con 30.000 habitantes.

¿De verdad no había nada mejor que hacer con esos 143.315,50 euros en Alcázar de San Juan? ¿Ni con los 69.000 en Alcázar de San Juan?

Vamos un poco más allá. La Fundación CEPAIM Acción Integral con Migrantes, 49 subvenciones por 16.336.196,38€.

“RED ACOGE” 5.701.787,02€ en 4 subvenciones. 98.000€ para “Retorno Voluntario” y 1.404.491,00€ para “actuaciones de interés general en materia de extranjería”.

El “Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad” ¿con ese nombre tan bonito cómo no darle dinero? Sólo de la Dir. Gral. Inclusión y Atención Humanitaria se levanta dos subvenciones por 2.844.151,00€ y otras 52 más, que contabilizan un total de 5.907.193,65€. La Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 de La Rioja le entregó en 2020, 7 subvenciones por un total de 280.470,44€. Ésta os la he incluido para que vayáis viendo en qué consiste la Agenda 2030.

Los “migrantes” se han convertido en el negocio más floreciente de las ONGs.

Desde la Dirección General de Migraciones y desde la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, ambas dependientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se concedieron en 2020 un total de 124 subvenciones por valor de 200.639.248.99 euros para asuntos relacionados con la inmigración.

Me voy a centrar solo en esos 200 millones, porque luego hay muchas otras subvenciones destinadas a inmigración pero desde otros entes públicos. Es evidente que algo que nos cuesta al menos 200 millones de euros al año es un problema. Y la pregunta es ¿Lo estamos afrontando del modo adecuado?

Porque son 200 millones sobre los que no tenemos ningún control. Si los servicios que prestan esas “ONGs” a los inmigrantes se prestasen desde el estado, al menos sabríamos cuánto se gasta y en qué. Si fuera un organismo del estado sabríamos los sueldos de sus funcionarios y de sus cargos, desde los técnicos a la alta dirección. Es más, en el Congreso los diputados podrían pedir explicaciones de cada euro gastado.

Porque no os confundáis, no son ONGs, son empresas. Empresas con una peculiaridad, sus ingresos no proceden de aquellos a los que prestan sus servicios. Y esto nos lleva al título del artículo, España, el Estado clientelar.

Pero para entender mejor esto, nada como un buen ejemplo; volvamos sobre la asociación “Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad” y sus 5,9 millones recibidos en 2020.

Cualquier empresa tiene que moverse mucho para facturar 5,9 millones de euros en un ejercicio. Pues a esta asociación no le hace falta moverse tanto, le basta con formar parte de La Red Clientelar, no en vano su presidenta es Francisca Sauquillo, exdiputada del PSOE, exeurodiputada del PSOE y exsenadora del PSOE, su vicepresidente es Manuel de la Rocha, exalcalde de Fuenlabrada, exdiputado en la Comunidad de Madrid por el PSOE, y exdiputado en el congreso por el PSOE.

Y de ese modo tan sencillo y eficiente, los políticos con tu dinero mantienen su red clientelar, Una red en la que no hay que rendir cuentas a nadie, nadie mira cuánto cobran sus mandos, ni a quién se contrata y por cuánto.

Los ciudadanos quedamos reducidos a pagar los impuestos que los políticos decidan sin poder decidir ni cuánto, ni cómo, ni en qué son gastados.