Las cifras presentadas por el Gobierno a la Comisión Europea ocultan una subida de impuestos de entre 32.000 y 37.000 millones de euros en los próximos dos años. Ello se debe a que el Ejecutivo español ha comprometido con Bruselas un objetivo de déficit y una recaudación en porcentaje de un PIB sobrestimado, a tenor de las previsiones más recientes y del propio recorte efectuado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en este indicador.
Por lo tanto, para cumplir con los ingresos ofrecidos a la UE, que apuntan a una presión fiscal del 36,2% en 2022, el Gobierno habrá de elevar la carga impositiva.
De entrada, el INE ya ha rectificado a la baja en 1,7 puntos el dato avanzado de crecimiento de la economía española del segundo trimestre, desde el 2,8% hasta el 1,1%, como el primer indicio de un menor avance de la actividad.
La mayor presión recaudatoria que se avecina para 2022 y 2023 «es el resultado de la falta de realismo en el cuadro macroeconómico presentado tanto en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 como en el plan presupuestario con respecto a lo que en este momento el consenso de las instituciones nacionales e internacionales está previendo sobre la economía española», explica a THE OBJECTIVE el economista Javier Santacruz.
El Fondo Monetario Internacional, la propia Comisión Europea y BBVA Research coinciden en reflejar unas menores estimaciones de crecimiento de la economía española. Ello por incertidumbres tales como el alcance del fuerte repunte de la inflación, que alcanzó en septiembre el 4% aupada por la partida energética, y su consiguiente efecto represor sobre el consumo. El economista Daniel Lacalle advierte para THE OBJECTIVE sobre el impacto del repunte del IPC en los costes empresariales y en la constricción del gasto de las familias.
Los expertos consultados coinciden en que el Gobierno proyecta un Presupuesto «extremadamente optimista» especialmente en cuanto al PIB nominal se refiere, es decir, la valoración de la producción anual de un país a precios corrientes. Para 2021, estima un alza del PIB nominal del 7,8% y para 2022, del 8,6%.
Se desvanece la previsión oficial
Sin embargo, el consenso calculado por el economista Javier Santacruz -a partir de las proyecciones del FMI, la Comisión Europea, Funcas, el Instituto de Estudios Económicos, la OCDE, BBVA Research y las principales casas de análisis- sitúa el avance de la actividad en el 6,3% y 7% respectivamente.
El Gobierno prepara una reforma fiscal de cara a 2023 que ahondará en la fiscalidad verde, modificaciones en Sociedades y pretende una armonización tributaria autonómica
Esa diferencia de crecimiento de 1,5 puntos de PIB en 2021 y de 1,6 en 2022 complica el cumplimiento de las metas presentadas a Bruselas por parte del Gobierno, objetivos que han de respetarse, máxime cuando a partir de 2023 se pueden reactivar los procedimientos por déficit excesivo suspendidos a causa de la pandemia.
Ello exige que España recabe hasta 37.000 millones de euros adicionales en ingresos cuya fuente principal serán los impuestos ya que el Ejecutivo descarta recortes del gasto nominal hasta al menos 2023, sentencia Santacruz.
De hecho, el plan presupuestario prevé que esa partida no se reduzca, sino que aumente un 2,3%. Si se mantiene la meta de déficit y el gasto nominal no se reduce, la brecha de crecimiento habrá de cubrirse con ingresos tributarios, concluye el experto. En cuanto al déficit, el plan presupuestario contempla un saldo negativo del 8,4% este año y del 5% en 2022.
La reforma fiscal que prepara el Gobierno de cara a 2023, que ha encomendado a un grupo de expertos, ahonda en la fiscalidad verde, la revisión del Impuesto de Sociedades y pretende una armonización autonómica.
