Solo un 8% de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza reciben el Ingreso Mínimo Vital
Alberto Ortega | Europa Press
El Ingreso Mínimo Vital (IMV), una de las medidas estrella del Gobierno de coalición, no alcanza a un 92% de los ciudadanos que viven bajo el umbral de la pobreza: solo un 8% de las personas que viven en esta situación han recibido la prestación. El IMV no se concede a tres de cada cuatro solicitantes (un 73%), mientras que casi 100.000 resoluciones aún están pendientes de resolverse. De las solicitudes tramitadas, 337.000 han sido aprobadas y 888.000, denegadas.
Los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogen que el IMV no ha alcanzado la cifra de concesiones prevista por el Ejecutivo durante su presentación. Hasta la fecha, poco más de 800.000 personas se han beneficiado de la ayuda del Gobierno, una cantidad muy alejada de las cerca de 2.300.000 previstas. Esto supone un tercio de las expectativas del Ejecutivo. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que la complejidad del procedimiento y los exigentes requisitos son la principal causa de las denegaciones. También lamentan que la cifra presentada por el Ministerio dirigido por José Luís Escrivá en colaboración con la cartera de Derechos Sociales, de Ione Belarra, «no responde a las expectativas depositadas en este nuevo derecho subjetivo, ni a las necesidades de la población más afectada económicamente por las consecuencias de la pandemia». La cuantía media de la prestación por beneficiario de 172 euros mensuales y de 436 por hogar.
También denuncian que este fallo en las previsiones supone que el Ministerio no está cumpliendo con los fondos presupuestados al respecto:«El IMV no ejecuta ni la mitad del presupuesto anual. En nueve meses la Seguridad Social solo ha desembolsado 1.400 millones de euros de los 3.000 anuales previstos».
No obstante, en su informe han querido poner en valor la mejora en el aumento de concesiones: «las sucesivas modificaciones del real Decreto Ley que regula el IMV han propiciado un aumento de resoluciones positivas: si en 2020 las resoluciones positivas fueron el 15,3%, en 2021 hasta marzo fueron el 27,9% y hasta septiembre el 30,4%». Hasta septiembre 2021, se habían recibido 1,45 millones de solicitudes, de las que el 91% eran expedientes válidos. En los primeros 15 meses desde su puesta en marcha, se han tramitado 1,24 millones de solicitudes, mientras que quedan casi 100.00 aún sin resolver (97.513).
Una cobertura desequilibrada e insuficiente
La Asociación también denuncia que la cobertura del IMV continúa siendo desigual en el territorio nacional: «Hay comunidades autónomas que únicamente tienen una cobertura menor al 6%, como Cataluña (4,9%) Canarias (5,5%), Extremadura (5,6%), Baleares (5,8%) o Castilla y León (5,95%)».
El propio Ministerio, en respuesta a una consulta realizada a través del Portal de Transparencia y solicitada por la asociación, reconoce que el 60% de los rechazos se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio). Otro 10% de las denegaciones se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, para la que se sigue exigiendo el padrón histórico colectivo.
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha criticado que el Gobierno no haya cumplido las previsiones ante lo que considera la solución para muchas de las 2.300.000 de personas que viven en riesgo de pobreza extrema: «Mientras tanto las ‘colas del hambre’ deberían avergonzar a los gobernantes y, en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la ‘vacuna contra la pobreza’, que es el Ingreso Mínimo Vital».
