El Santander se prepara para pagar 1.100 millones en febrero por incumplir el régimen de socimis
El Santander se está preparando para afrontar el pago de unos 1.100 millones de euros por incumplir el régimen de socimis con la compañía Uro Properties, propietaria de 642 sucursales en las que opera en renta. El banco da por hecho que la compañía, que adquirió a mediados del año pasado, tendrá que asumir la pérdida de este estatus especial, algo que conllevará determinados efectos económicos.
En primer lugar, deberá abonar el impuesto de sociedades correspondientes a 2020 y 2021, y en segundo término, afrontar el pago por anticipado de un préstamo, cuyo montante actual asciende a 1.084 millones, que la subsidiaria recibió en 2015 como consecuencia de las cláusulas suscritas en el mismo.
Los administradores de Uro han analizado la situación y, según sostienen en el informe semestral publicado en octubre consultado por THE OBJECTIVE, «es probable» que a finales de diciembre no se hayan subsanado los requisitos para mantenerse como socimi, ya que el 99% de las rentas que obtiene proceden del Santander, que a su vez controla casi el 100% tras la adquisición de la compañía. Por tanto, contraviene el artículo 3.2 de la normativa que regula este tipo de sociedades. Ésta exige que más del 80% de los ingresos por alquileres provengan de terceros y, en caso de incumplimiento, permite que éste se arregle durante el ejercicio siguiente.
En septiembre de 2020 el Santander pasó a controlar el 99,99% de Uro tras haber comprado un 84,66% al fondo Ziloti Holding, por lo que el plazo máximo para ajustarse a la legislación culmina a final de este año. Aunque la socimi trabaja para poder atenerse al régimen especial, ya ha provisionado un total de 14 millones para pagar el impuesto de sociedades, un gravamen que este tipo de empresas no tienen que abonar. «Es posible que la situación no se remedie», indica.
Como consecuencia de la adquisición y en virtud de la junta de accionistas, Uro pasó a contabilizar el IVA dentro del Santander, un hecho que va en contra de lo establecido en el crédito formalizado hace seis años con la firma irlandesa Silverbank, circunstancia que también se suma a la más que probable pérdida del estatus jurídico como socimi. Aunque aún no ha reclamado el pago adelantado de esta financiación, el agente de las garantías del crédito (BNP Paribas) ha comunicado ya que se reserva el derecho de activar la amortización anticipada en cualquier momento. Un momento que se acerca, porque a partir del primer trimestre de 2022 es cuando se enciende la luz para poder ejercitar tal solicitud. «Cualquier repago como consecuencia de la pérdida del régimen de socimis no tendría lugar antes de final de febrero», indica Uro en su informe semestral.
Fondo de maniobra negativo
Para atender dicho reclamo, el Santander se ha comprometido a aportar los fondos necesarios a Uro, con los que devolver íntegramente el dinero otorgado por Silverbank. Gracias a este compromiso de sustento, la socimi no ha entrado en fase de disolución, ya que presenta un fondo de maniobra negativo de 991 millones debido a su elevado endeudamiento, y puede operar como empresa en funcionamiento.
El contrato del préstamo, que en su día alcanzó los 1.345 millones, estaba compuesto por dos tramos. Uno de 868 millones, con vencimiento a 2037, cuya amortización se iniciaba desde el primer momento. El segundo, por valor de 477 millones, que debía liquidarse en 2039 y que fijaba un periodo de carencia hasta mayo de 2025.
Ahorro de costes
El Santander se deshizo de una cartera de oficinas de más de 1.000 sucursales en 2007 para posteriormente alquilarlas, con el fin de conseguir plusvalías. Cerca de 450 han sido vendidas en los últimos años por su anterior propietario, el fondo Ziloti. El banco decidió el año pasado recobrar esta red comercial con la compra de Uro con el propósito de ahorrar costes, ya que la nueva normativa de contabilidad penaliza los inmuebles en renta.
Este movimiento se produjo meses antes de que el banco acordara el cierre de un millar de oficinas, un tercio del total, y un ERE para unos 3.500 trabajadores. Desde entonces, ha ampliado en un 25% su red de agentes financieros con los que compensar el recorte de red.
