El Gobierno prevé bajar las cotizaciones en 2032 si España embrida las cuentas de la Seguridad Social
El Gobierno trabaja in extremis para cerrar este lunes el nuevo esquema de reequilibrio de las pensiones que sustituirá al extinto y nunca aplicado Factor de Sostenibilidad. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que acordará el Ejecutivo con los agentes sociales contempla una rebaja de cotizaciones en 2032 que podrá aplicar el Gobierno que en ese momento haga la evaluación de las cuentas públicas, en caso de haber embridado el capítulo de Seguridad Social.
Así pues, y como adelantó THE OBJECTIVE, empresarios y trabajadores se enfrentan a un alza de las cuotas sociales de 0,6 puntos porcentuales, de 0,4 para el empresario y 0,2 para el trabajador, destinada a nutrir de 2023 a 2032 el fondo de reserva, en el que actualmente hay 2.150 millones de euros, que escasamente cubrirían el 20% de una nómina mensual de pensiones.
Esta recaudación finalista y extraordinaria pretende cubrir el sobregasto derivado de la jubilación de la generación del baby-boom, los nacidos entre 1.958 y 1.977 y que mayoritariamente empezarán a retirarse en 2023, pudiendo añadirse cinco millones de pensionistas más hasta 2050 sobre los cerca de 10 millones actuales.
El PP diseñó en 2013 el Factor de Sostenibilidad (FS), un coeficiente llamado a reducir las pensiones nuevas en función de la esperanza de vida, pero jamás ha sido aplicado. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se comprometió a eliminarlo en el marco de la negociación de la primera parte de la reforma de pensiones, actualmente en tramitación y que ha de concluirse antes de acabar 2021.
Una vez que el lunes, como prevén fuentes oficiales consultadas por THE OBJECTIVE, se cierre el acuerdo con sindicatos y patronales el MEI se incluirá en esa primera fase de la reforma. Básicamente se actúa por el lado de los ingresos, a diferencia de lo previsto en la reforma de 2013: se suben las cotizaciones para reforzar la hucha de las pensiones, dejando abierta la posibilidad de revertir esa subida o elevar las pagas en 2032 y se emplaza a realizar una monitorización trianual de la evolución de las cuentas de la Seguridad Social.
Si en cualquiera de esas revisiones trianuales, la proyección de gasto para 2050 se desvía de lo que en cada momento marque el Ageing Report de la Comisión Europea, informe periódico clave que estudia los sistemas de pensiones por países, se prevé una disposición de los activos del fondo de reserva, realizar consultas a la Comisión del Pacto de Toledo para contener el gasto y, en última instancia, volver a la casilla de salida con nuevas alzas de cotización.
El Gobierno se muestra optimista con el logro del acuerdo y considera que el mecanismo puede reequilibrar las cuentas, pero los expertos consultados por THE OBJECTIVE consideran que es insuficiente y que la subida de cotizaciones prevista recaudará en torno a 2.000 millones al año, lo que supone apenas un 3% del agujero previsto en las pensiones durante la jubilación del baby-boom.
La medida ha causado también malestar entre los empresarios, que trasladan su rechazo a medidas que engrosen sus costes. En este sentido se pronunció este viernes el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ante los cambios legislativos que se avecinan tanto en materia laboral como de pensiones. «Nos preocupan mucho más las reformas si se hacen mal que los fondos [europeos]». Y es que tanto la reforma laboral como la de pensiones son claves para que Europa drene a España el dinero para la recuperación.
Con todo, la primera fase de la reforma de pensiones incluirá la revisión de las pagas en relación con el IPC, el MEI y el traslado de gastos no contributivos al Presupuesto.
Queda pues para el año próximo, en la segunda fase de la reforma, regular el llamado destope de las cotizaciones: un aumento gradual de la base máxima de cotización correlativo con alzas en la pensión máxima y también el cambio del cómputo de la vida laboral tomada en cuenta para determinar la pensión, algo a lo que se oponen frontalmente los sindicatos.
Ahorro a largo plazo
Por otra parte, el Ejecutivo trabaja en el anteproyecto de ley de planes de pensiones con el que prevé crear un superfondo público que permita generalizar los planes de empleo y facilitar el acceso a trabajadores de pymes y autónomos. Esta medida viene precedida de lo que algunos consideran un castigo fiscal a los planes individuales de pensiones, cuya deducción en la base imponible se ha reducido de 8.000 a 2.000 euros este año y a 1.500 el próximo.
No obstante, y según datos de Inverco hechos públicos este viernes los planes de pensiones individuales aportaron a sus partícipes 1.408 millones de euros en octubre gracias a los rendimientos positivos generados por sus carteras, con lo que su patrimonio se situó en 87.978 millones de euros, lo que supone un incremento de 11.235 millones de euros en el último año.
