El Gobierno propone una subida de las cotizaciones para sufragar la jubilación del 'baby-boom'
Nuevo frente entre el Gobierno y los empresarios. A la reforma laboral y el alza del salario mínimo, con su efecto arrastre sobre las cuotas sociales, se añade la nueva propuesta trasladada en la mesa de negociación de las pensiones. Según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes de la negociación, el Ejecutivo ha propuesto un alza de cotizaciones para sufragar la jubilación de las generaciones del colectivo conocido como baby-boom, los nacidos entre 1958 y 1977.
Busca crear un remanente vía cuotas sociales para abordar el mayor coste de esas generaciones más numerosas, ya que el grueso comenzará su retiro en 2023 y supone una presión adicional para las Cuentas de la Seguridad Social. De hecho, se calcula que el número de pensionistas pasará del entorno de los 10 millones actual a los 15 millones en 2050.
El Gobierno tiene trece días para definir el mecanismo que sustituirá el derogado Factor de Sostenibilidad (FS) de las pensiones, contenido en la reforma de 2011 del PP y que nunca llegó a entrar en vigor, un sistema de coeficientes que reducía el importe de las nuevas pagas en función de la evolución de la creciente esperanza de vida.
Es el plazo restante para cumplir el tope del 15 de noviembre que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, fijó para definir el nuevo esquema y poder introducirlo en la primera pata de la reforma de las pensiones vía enmienda al proyecto de ley en tramitación.
Se esperaba que en la negociación de este martes el Gobierno trasladara los sindicatos y la patronal una fórmula alternativa -el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)- para ajustar las pensiones, bien en cuantía, bien alargando la vida laboral de los nuevos jubilados, como forma de ajustar el gasto en esta partida.
Pero en vez de ceñirse a presentar una fórmula que atempere el gasto creciente en pensiones, tanto por el aumento de pensionistas como por su mayor esperanza de vida, ha optado por actuar también desde el lado de los ingresos y proponer una alza de cotizaciones.
La dificultad para el Gobierno estriba no sólo en desactivar el impopular mensaje de que los nuevos pensionistas cobrarán menos que sus predecesores, de cara a la opinión pública, sino también en vencer la oposición de un empresariado que encaja en sus márgenes el coste energético, las subidas impositivas y el alza de cotizaciones, amén de una subida del salario mínimo cuya cuantía estuvo indeterminada hasta finales de septiembre.
Retrasar la jubilación
En lugar de arbitrar un sistema que mediante unos coeficientes rebaje las pagas iniciales, el Gobierno busca atemperar la dureza del FS, llamado a recortar las pensiones nuevas, con otros mecanismos, como la demora en la edad de retiro a cambio de cancelar el descuento en la pensión.
No descarta, no obstante, el Ejecutivo introducir mecanismos correctores que rebajen el gasto, pero desactiva el mensaje de que todas las pensiones nuevas serán menores, de entrada, que las de los pensionistas anteriores.
Desde la Unión Europea se sigue demandando de España un reequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social, máxime cuando se apuesta en la primera pata de la reforma de las pensiones por una actualización de las pagas vinculada al IPC. Bruselas, en consonancia con las reiteradas recomendaciones de otros organismos, desde la OCDE al Banco de España pasando por los informes de AIReF, reclama medidas compensatorias que brinden viabilidad a medio y largo plazo al sistema de pensiones español.
El gasto en pensiones se sitúa a día de hoy en el entorno del 12% del PIB, pero escalaría al 14,2% según previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en ausencia de medidas estabilizadoras.
Gobierno y agentes sociales continuarán las negociaciones el próximo lunes.
