El Gobierno negocia a contrarreloj con Bruselas para desbloquear los fondos europeos a las grandes empresas

El Gobierno español se juega estos días gran parte del futuro del reparto de los fondos europeos a las grandes empresas. Según ha podido confirmar THE OBJECTIVE, miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez –en concreto, el equipo del Ministerio de Industria– negocian a contrarreloj con Bruselas el desbloqueo de fondos para grandes proyectos estratégicos intentando flexibilizar los límites a las ayudas de Estado.

El plazo para cerrar la negociación expira a finales de este mes de noviembre y comienzos de diciembre, como han confirmado distintas fuentes a este periódico. De hecho, la ministra Reyes Maroto estuvo la semana pasada tratando este asunto en una reunión con Margrethe Vestager, la vicepresidenta de la Comisión Europea e inflexible comisaria de Competencia.

No se trata de desbloquear la llegada de fondos europeos a España, sino de poder repartir lo que ya se tiene a las grandes empresas con montantes superiores a los actualmente permitidos por la Comisión. España ya recibió 9.000 millones de euros en agosto, ha solicitado otros 11.000 millones tras cumplir los primeros hitos de su plan comprometido con Bruselas y consignó 26.634 millones en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

Sin embargo, como ya adelantó THE OBJECTIVE, todavía no ha llegado ni un euro a las empresas españolas, entre otras cosas porque este límite de ayudas de Estado hace imposible que una gran empresa reciba el dinero necesario para poner en marcha grandes proyectos estratégicos como los PERTE (Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica) del coche eléctrico o de la industria agroalimentaria.

Desde el Gobierno se reconoce en privado que si fracasa esta negociación y Bruselas termina rechazando la ampliación del límite de dinero que puede recibir una sola empresa, sería imposible poner en marcha estos PERTE, proyectos transformadores y dinamizadores que se han convertido en los ejes vertebradores del Plan de Recuperación presentado a la Unión Europea por nuestro país.

Level playing field

El límite a las ayudas de Estado es una de las normativas más inflexibles de la Unión Europea ya que de su cumplimiento depende gran parte del delicado equilibrio que mantiene la Comisión para garantizar la igualdad de oportunidades y la competencia de las empresas dentro del continente.

Respetando el level playing field, la UE ha establecido una normativa que determina cuánto pueden ayudar los Gobiernos a las empresas. Dicho de otro manera, este sistema garantiza que los países no ayuden a sus propias empresas con excesivo dinero público descompensando el equilibrio continental.

Si esta norma no se respetase, países como Alemania o Francia podrían inyectar ingentes cantidades de dinero a sus empresas nacionales para que se hiciesen con todo el mercado. Un escenario que hasta ahora ha favorecido a España, pero que con la llegada de los fondos europeos pone en riesgo el reparto del dinero a las grandes empresas que quieren participar en megaproyectos transversales que necesiten de importantes inyecciones de dinero en pocas corporaciones.

Hablamos de los PERTE, proyectos público y privado que aúnan a grandes sectores para realizar proyectos transformadores en digitalización y transición ecológica. La idea del Gobierno es que las empresas que participan, la mayoría grandes corporaciones, puedan recibir recursos mayores que los que permite este marco de ayudas de Estado.

Los límites máximos de ayuda para ser tramitados por la vía rápida se establecen en 100.000 euros por empresa dedicada a la producción primaria de productos agrícolas, 120.000 euros por empresa activa en el sector de la pesca y la acuicultura y 800.000 euros por empresa activa en todos los demás sectores. Si bien estos límites se flexibilizaron durante la pandemia en el caso español, con los fondos europeos se mantienen los montantes originales.

PERTE del coche eléctrico

Por otro lado, hay límites mayores que fluctúan entre los 5 y los 15 millones de euros, pero están sometidos a la burocracia de Bruselas que suele tardar meses y que, si consideramos que los fondos deben ser asignados antes del año 2023, muchos proyectos podrían verse frenados por la paralización en la aprobación de estas ayudas.

En cualquier caso, las grandes empresas involucradas y el Gobierno reconocen que con estos montantes se hará imposible poner en marcha estos PERTE ya que cada empresa involucrada necesitará varias decenas de millones de euros para asumir su parte asignada en la cadena productiva.

Si tomamos como ejemplo el PERTE del coche eléctrico y conectado, el único que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, tenemos la participación de grandes compañías como Seat, Iberdrola, CaixaBank, Telefónica, Volkswagen o Gestamp. Una columna vertebral a la que además quieren sumarse centenares de pequeñas empresas que colaboran en toda la cadena de valor y de la industria de componentes, además de la creación de fábricas de baterías para completar el proyecto.

Con estos montantes establecidos como límites para una empresa será imposible asumir inversiones que el Ejecutivo cifra en nada menos que 4.300 millones de euros para todo el proyecto. De hecho, en los propios documentos oficiales ya se advierte de estas limitaciones. «El PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado contempla ayudas estatales de I+D+i, así como ayudas estatales para objetivos de protección medioambiental y/o energéticos en el sector de la automoción que requieren, con carácter previo a su implementación, la declaración de su compatibilidad con el mercado interior».

Pero no hablamos solo del coche eléctrico y conectado. El Gobierno ya ha anunciado otros grandes PERTE como el del sector agroalimentario en el que hay grandes compañías involucradas como Campofrío, Grupo Fuertes (El Pozo), Uvesa y Osborne/Sánchez Romero. Este lunes se confirmó también la aprobación del PERTE de la Salud que incluye una inversión de 1.469 millones de euros; y se espera que se dé luz verde al PERTE de Inteligencia Artificial para potenciar el idioma español en las nuevas tecnologías de la información.

Avances de las negociaciones

Proyectos cuya ejecución comienza a acumular retrasos. Por ejemplo, el PERTE del coche eléctrico fue aprobado en julio por el Consejo de Ministros, pero no se han podido realizar todavía las convocatorias casi cuatro meses después. El proyecto llegó precisamente a Bruselas a comienzos de mes para que la UE autorice estas ayudas de Estado. 

Una negociación global que ya entra en sus últimas semanas. Desde el Ministerio de Industria se indica que tras las últimas reuniones sostenidas «se avanza por la buena dirección». «Esperamos respuesta pronto para poder convocar los concursos antes de fin de año, que es el compromiso que han expresado la ministra Reyes Maroto y también el Presidente«, dicen desde Industria a este diario. 

El Gobierno español quiere además que se garantice que las solicitudes que requieran una excepcionalidad de la norma sean además tramitadas de manera exprés, algo que Vestager ve con buenos ojos, y que ha fijado en seis semanas. Algo asumible para proyectos que deben ponerse en marcha antes del año 2025, según el calendario del Plan de Recuperación español.

No obstante, la situación es compleja. Bruselas ha basado su política industrial en intentar mantener el equilibrio de la libre competencia en las empresas de sus estados miembros, y mantener las ayudas de estado es un tema sumamente delicado y clave para la vicepresidenta Vestager.

Reducción de los plazos

En Bruselas se indica que no es solo un tema de abrir la mano en cuanto a flexibilizar las límites de dinero que se dan a las empresas, sino que también tiene que ver con exenciones sectoriales y la manera en la que España logre articular proyectos que combinen áreas como medioambiente y energía, I+D y desarrollo regional. Un encaje de bolillos que también permitiría aumentar el montante de las ayudas.

En cualquier caso, cualquier flexibilización aprobada a España automáticamente deberá regir a todo el continente e implicaría a los proyectos de todos los Estados miembro, alterando al menos de manera temporal todo el equilibrio de la competencia en el continente. 

Es por ello que las fuentes consultadas, conocedoras de las dinámicas de la Comisión, consideran que Europa abrirá la mano, pero manteniendo algunas restricciones. La clave estará en saber si ésto será suficiente para que España pueda desbloquear estos grandes proyectos.