Iberdrola, Endesa y Naturgy, obligadas a fraccionar el pago de las facturas atrasadas

La nueva factura eléctrica por la que todos los consumidores han pasado a tener precios diferenciados por tramos horarios, en vigor desde el 1 de junio, ha causado un enorme lío a la hora de cobrar los recibos. De hecho, son miles de hogares los que acumulan pagos atrasados desde el verano y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está investigando las causas.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica promocionaron la nueva estructura tarifaria como una manera de fomentar el ahorro energético, la eficiencia, el autoconsumo y el despliegue del vehículo eléctrico, aunque para muchos usuarios ha supuesto un auténtico calvario cambiar sus patrones de consumo.

No obstante, la mayor problemática no viene por saber cuál es el mejor tramo horario para poner la lavadora o el lavavajillas, sino porque muchos clientes no han recibido ni una sola factura desde que comenzara el nuevo sistema. En este sentido, desde las organizaciones de consumidores subrayan que los afectados tienen derecho a reclamar a las eléctricas que fraccionen el pago por el mismo periodo que han estado sin facturar.

En concreto, Facua advierte de que si se ha producido un funcionamiento incorrecto de los contadores o un error de tipo administrativo que haya provocado retrasos en la facturación o el cobro de cantidades inferiores a las que correspondían, los consumidores tienen derecho a realizar los pagos «en tantas facturas mensuales como meses transcurrieron en el error». Así lo recoge el artículo 96 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Fuentes de Competencia señalan a THE OBJECTIVE que la dirección de Energía del organismo está «perfectamente al tanto de problema» y que está trabajando en coordinación con las consejerías de consumo de las comunidades autónomas, «que son las que conocen qué distribuidoras no están facturando», y con el Ministerio de Consumo.

Las mismas fuentes señalan que la actuación de Competencia se rige por el procedimiento administrativo y que hasta que no se incoa formalmente un expediente no puede informar sobre el nombre de las empresas y las conductas investigadas. «La dirección de Energía está en una fase previa de análisis y recopilando información. Las actuaciones que posteriormente pudieran llevarse a cabo aún no están decididas», añaden.

Endesa: hasta un año para dividir el pago

En este contexto, Endesa, que no ofrece el número de clientes afectados, informará por carta o email a todos aquellos consumidores que tengan la posibilidad de acceder a un plan personalizado que permita fraccionar el pago para minimizar al máximo los inconvenientes por los retrasos.

Los clientes que decidan acogerse a esta opción tendrán hasta 15 días para solicitar el fraccionamiento desde que la comunicación es recibida. Además, pueden pedirlo directamente a través de correo electrónico. Desde la eléctrica que dirige José Bogas indican que dicha posibilidad está disponible para los clientes que tienen más de dos facturas atrasadas y que podrán dividir el pago en tres, seis o 12 meses.

«No obstante, cualquier cliente afectado, aunque sea con menos facturas, puede contactar con Endesa para solicitar un fraccionamiento de sus pagos, si ha estado afectado por la incidencia», añaden desde la empresa. Según el diario Cinco Días, Endesa lleva un retraso en la facturación a sus clientes por 400 millones de euros, frente a una media anual de 15.000 millones.

Opciones de Naturgy

Por su parte, fuentes de Naturgy señalan a THE OBJECTIVE que, en su caso, los retrasos son «puntuales» y que se deben a la adaptación de los sistemas informáticos a los nuevos peajes y cargos. Según la compañía que preside Francisco Reynés, el número de clientes afectados es del 0,1%.

Explican que este «bloqueo» es para garantizar que la facturación es correcta antes de su emisión y que se produce con el fin de «depurar detalles en los nuevos sistemas». «Este retraso no supone ninguna afección económica a los clientes: la energía se factura por tramos y fechas y, por lo tanto, las comercializadoras aplican a la energía de cada fecha el precio que tuvieran pactado o fuese de aplicación (en caso de la tarifa regulada o PVPC) en esa fecha con independencia de la fecha de facturación», argumentan las mismas fuentes.

Naturgy afirma estar ofreciendo fraccionamiento del pago de las facturas «en condiciones que van más allá de la obligación legal», con el doble de tiempo en que se han acumulado y sin un importe mínimo. Además, se podrá fraccionar aunque el cliente tenga en curso otro proceso anterior. Iberdrola, también consultada por este medio, no ha comunicado ningún tipo de opción al cierre de esta información.

Contratos inflados

La CNMC informó a finales de agosto de que aproximadamente 240.000 contratos de suministro eléctrico habían sido inflados por los cambios normativos introducidos el 1 de junio.

Según un informe de seguimiento de la adaptación de los contratos de suministro de electricidad elaborado por el organismo, determinadas comercializadoras [de las que no se conoce el nombre] habrían aplicado un precio mayor al que correspondería por los cambios normativos. Además de la variación en el componente regulado, habrían incluido un incremento en el coste de la energía.

Preguntada por esta cuestión, Competencia asegura que la mayoría de los contratos ya se ha regularizado [la propia Cani Fernández los cifró en 70.000] y que aún no se puede asegurar si les abrirá expediente a las empresas. Iberdrola, Endesa y Naturgy se desmarcaron de este comportamiento y afirmaron que aplicaron la normativa de peajes eléctricos regulados siguiendo la metodología de la CNMC.

Nuevas normas

Desde noviembre, las comercializadoras de electricidad y de gas natural tienen nuevas normas que cumplir. Deben reportar, con un mes de antelación, cualquier modificación en los contratos y remitir a CNMC una información «transparente, comparable, adecuada y actualizada sobre los precios aplicables a todas las ofertas disponibles en cada momento».

De conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se enfrentarían a una una infracción muy grave de no cumplirlo y, por tanto, a una multa por importe de entre seis y 60 millones de euros.

Hay hasta 51 casos que se consideran muy graves, pero destacan la aplicación irregular de precios, cargos y tarifas [con una alteración superior al 15%], la inexactitud o falsedad en cualquier dato y la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones inspectoras, entre otros.