El Gobierno encubre un nuevo 'plan E' en los proyectos para captar fondos europeos
Viajes para escritores, protección del tendido eléctrico, campañas de publicidad ministeriales, prácticas en el sector público: son las convocatorias del Ejecutivo para drenar fondos europeos
Viajes formativos para escritores, protección del tendido eléctrico para evitar electrocuciones de aves, campañas de publicidad ministeriales, prácticas para jóvenes en el sector público: son algunas de las convocatorias que lanza el Ejecutivo de Pedro Sánchez para drenar los fondos europeos Next Generation EU (NGEU). Se trata de actuaciones que los expertos consultados por THE OBJECTIVE vinculan directamente con el infructuoso Plan E ideado por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que ni relanzó el empleo ni la actividad ni transformó el modelo productivo español, como constató un informe del Banco de España de 2019.
Los expertos consultados recuerdan que aquel plan basado en un gasto e inversión pública de 13.000 millones acabó en infraestructuras e instalaciones que no dinamizaron la economía ni generaron empleos permanentes en el tiempo. De hecho, el citado informe del supervisor concluyó que cada millón de euros del Plan E apenas creó seis puestos de trabajo.
Al conocer el contenido de algunas de las actuales licitaciones, los analistas opinan que se regresa al concepto de remozar infraestructuras o a actuaciones que, una vez concluidas, no operan ningún cambio en el tejido productivo ni persiguen objetivos marcados por la Unión Europea en el marco de los fondos para superar la pandemia, como la digitalización o la agenda verde, comprometidos por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, con Bruselas. Muchos proyectos como los que se están dando a conocer «no generan un solo euro de retorno», sentencian.
Entre las convocatorias oficiales que ha podido examinar THE OBJECTIVE se encuentra el anuncio de licitación de campañas informativas, acciones de comunicación y material de divulgación sobre pensiones, los beneficios de la migración, el Ingreso Mínimo Vital y el Sello Social que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones busca cubrir con 3,4 millones de los fondos europeos. También este mismo departamento lanza un pliego para abordar la contratación de servicios de asistencia técnica y consultoría por 3,6 millones de euros procedentes de la UE.
Asimismo, se abordan medidas por 60 millones de euros para proteger los tendidos eléctricos evitando la colisión y electrocución de las aves en líneas de alta tensión, plan este que muchas autonomías ya tienen cubierto y cuya dotación no puede derivarse a otras finalidades.
Otra de las actuaciones que el Ejecutivo busca cubrir con fondos europeos es la promoción formativa en el extranjero de autores literarios, con un importe máximo por estancia de 10.000 euros, hasta totalizar el millón que figura en la estrategia del Ministerio de Cultura.
También se plantea el Ejecutivo actuaciones redundantes. Por ejemplo, una dotación de 25 millones de euros para financiar la creación y actividad de centros de orientación y emprendimiento, cuando se considera que en todas las autonomías debe ya existir al menos uno y cuando en algunas, como Madrid, está externalizado. En este caso, además, los expertos consultados destacan el hecho de que se asigne el mismo importe a todas las CCAA, independientemente de sus características específicas.
Existen más pliegos como actuaciones en materia de transversalidad de género en el Servicio Público de Empleo (SEPE) o la financiación de prácticas profesionales para desempleados entre 16 y 29 años en las Administraciones Públicas que, si bien supone una opción para acceder al mercado de trabajo, los analistas consideran que no fomenta, de entrada, el deseado espíritu de emprendimiento en el sector privado.
Existen, además, numerosas licitaciones en marcha por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que serán financiadas por los Next Generation que retrotraen a los analistas de nuevo al citado Plan E de Zapatero, como suministro y transporte de balasto, traviesas ferroviarias y mejoras en accesos a estaciones bajo el paraguas del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF.
«Muchos de los planes que se están conociendo sobre la aplicación de los fondos europeos tanto en las administraciones como los que se van a destinar a digitalizar empresas en realidad no van a cumplir los objetivos que marca la Unión Europea y, desde luego, lo que no van a conseguir es inducir un crecimiento en la economía que sea significativo, sino que van a ir a parar a algunas compañías sin tener un efecto dinamizador», explica el profesor del CEF Juan Fernando Robles, que evoca el citado Plan E.
Por su parte, el profesor de la Fundación de Estudios Financieros (FEF) Miguel Ángel Bernal considera que los planes que maneja el Gobierno de España están muy lejos de la concepción de los fondos NGEU, pensados para canalizar la solidaridad comunitaria e incentivar la digitalización y la transición hacia una energía limpia, no contaminante.
El economista Javier Santacruz destaca, además, que licitaciones y proyectos como los que se están empezando a conocer «lo que hacen es dilapidar recursos que son difícilmente justificables ante Europa. Al fin y al cabo, el Plan E era un plan de gasto público contra cíclico sin vigilancia de nadie. Sin embargo, los Next Generation van a tener una auditoría dura».
Por todo ello, fuentes empresariales consultadas por THE OBJECTIVE destacan que intentan seguir con especial atención la llegada de los fondos para promover que se destinen a cuestiones productivas por parte de los poderes públicos.
La Comisión Europea ha aprobado este viernes el desembolso a España del primer tramo del fondo de recuperación, que asciende a 10.000 millones de euros. «Será el primer país de la UE en recibir un pago, con valor de 10.000 millones, una vez que los demás Estados miembros lo autoricen», ha explicado la jefa del Ejecutivo comunitario en un breve mensaje en español en su perfil de Twitter, informa EP. España ha sido el primer país de la UE en hacer una petición formal para recibir el primer desembolso y lo pudo hacer tras haber firmado con el Ejecutivo comunitario el documento técnico que estipula cómo se debe verificar el cumplimiento de cada compromiso.