Por qué cede ahora Yolanda Díaz con los límites a la temporalidad

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, encara una difícil recta final de año, límite para exhibir ante la Unión Europea un acuerdo consensuado para abordar la reforma laboral. Fuentes próximas a las negociaciones de la Mesa en la que el Gobierno viene tratando de lograr un acuerdo con los agentes sociales -patronal y sindicatos- relatan a THE OBJECTIVE cómo este martes Trabajo ha abjurado no sólo de su primigenia pretensión de atajar la temporalidad al límite irrevocable del 15% de los contratos de las empresas, sino de la posterior y más rebajada aspiración de cifrar la temporalidad en función del tamaño de las empresas, y promete una nueva propuesta para este viernes.

La clave es que Díaz ha de cuadrar el sudoku de contentar a la patronal y los sindicatos -ya que desde ambos polos se rechazó su propuesta inicial para la temporalidad- para satisfacer el deseo de Bruselas de una reforma laboral con consenso, al tiempo que tiene que lograr que se disuelva lo máximo posible su trifulca con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, con quien batalló al inicio de las negociaciones para liderar en solitario la reforma. Todo ello, cuando además la ministra de Trabajo está en el punto de mira por su desafío al Consejo de Ministros con sus revelaciones sobre el riesgo de la pandemia que percibió antes de la manifestación del 8-M de 2020, gran foco de contagios y predecesora del confinamiento estricto.

De entrada, son varias las cesiones que ha hecho Díaz: la primera, renunciar al eslogan de la derogación de la reforma laboral del PP de 2012, puesto que en el acuerdo de coalición al que se atiene el Gobierno no se fijaban suficientes puntos de posible modificación como para invalidar la reforma de Fátima Báñez. De hecho, el citado acuerdo nada mencionaba del coste del despido, eje principal de la norma del PP. La segunda, ha sido la rebaja gradual de su pretensión respecto de la temporalidad, que, si bien apuntaba en la línea que demanda la UE a España, fue rechazada por los agentes sociales al entender que una reducción lineal al 15% de los contratos temporales en el sector privado no resuelve los problemas del tejido productivo español, intensivo en sectores estacionales y ramas accesorias. En este sentido se manifiestan a THE OBJECTIVE tanto fuentes sindicales como del empresariado, tras desistir Díaz de la establecer límites a la contratación temporal.

Aunque el rechazo de CEOE fue más notorio, también desde las organizaciones sindicales se pusieron peros a la propuesta previa. Ello motivó que Díaz propusiera unos porcentajes de temporalidad en función del tamaño de la empresa que tampoco encontraron el apoyo generalizado. El gran logro de esa fase de negociación fue admitir una nueva causalidad, aún por definir, en los contratos temporales.

Pero tampoco la patronal mostró su adhesión y reclamó que esa causalidad de los contratos temporales se diferenciase por sectores y empresas, bajo la tesis que viene defendiendo desde que los ERTE del confinamiento hubieron de modificarse: los empresarios desean medidas «quirúrgicas», que se adapten al sector, situación y tipo de compañía.

Con todo, el viernes pasado los integrantes de la Mesa para la mejora del mercado laboral se levantaron con la negociación más atascada de lo que exigen los tiempos -el acuerdo tiene que estar cerrado antes de fin de año– y por ello este martes se volvió a reunir el cónclave. De nuevo sin avances, transmiten fuentes próximas a la negociación, los agentes sociales esperan este viernes la nueva propuesta del Gobierno en la que concretará los detalles de su marcha atrás en el control de la temporalidad y también de la pretendida derivación de la temporalidad a la figura del fijo-discontinuo.

Aparcado ya, a golpes de realidad política, el espejismo de aquella gran contrarreforma laboral, blandida en los mítines, contra los «aspectos más lesivos» de la norma del PP, que se constata ha dado buenos resultados para sostener el empleo en lo más crudo de la pandemia, el handicap de Díaz es combinar el agrado de todas las partes presentes en la negociación sin dejar de cumplir con las directrices europeas. Es decir, reducir la temporalidad gradualmente para no quebrar las reglas del juego cuando las empresas asisten a un escenario de subida de la inflación, los impuestos, una caída de la actividad, un menor recurso al crédito, y una crisis de suministros.

Todos esos factores dan la razón a los empresarios cuando piden que se sostengan los mecanismos de flexibilidad que necesitan las compañías para adaptarse a la coyuntura y mantener a sus clientes, clave esencial para sostener el empleo, por encima de cualquier legislación. Y también dan la razón a los sindicatos que rechazaron un porcentaje rígido de temporalidad, bajo el argumento de que el límite del 15% en algunos sectores que la tienen menor elevaría la temporalidad y que la estratificación por ramos no debe aplicarse nunca en detrimento de la causalidad.

Al margen de su inicial batalla con Calviño y de la interpretación en clave electoral que subyace a sus declaraciones sobre la evolución del virus antes del 8-M, y muerta la derogación completa, Díaz debe convertir ahora -este viernes, con la nueva propuesta del Gobierno- a los agentes sociales en sus aliados para presentar unidos ante Europa ya no una reforma en sentido estricto, sino un parcheado que satisfaga a todos sin que ¿nadie? pierda.