El Gobierno estudia bloquear la venta de las TDT de Vocento y sacar sus licencias a concurso

La venta de las TDT de Vocento a Squirrel Capital pende de un hilo apenas una semana después de haberse cerrado. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE apuntan a que el Gobierno de Pedro Sánchez se decanta por no autorizar la operación atendiendo al carácter estratégico y público de las licencias que están en juego.

Squirrel Capital, propietaria de la cadena de radio Radio 4G, formalizó la compra de la sociedad NET TV -dueña de las dos señales de TDT de Vocento– por 18 millones de euros, según comunicó a la CNMV. El éxito de la operación está unido a que Disney venda su 20% de participación en estas cadenas por 4,36 millones de euros. Vocento tiene el 55% de esta sociedad y el restante 25% es de Intereconomía, que tiene pignoradas en Caixabank su participación al estar en concurso de acreedores.

Sin embargo, estas mismas fuentes indican que el Ejecutivo tendría suficiente arsenal jurídico para bloquear la venta, sentando un importante precedente para operaciones similares que se están negociando en estos momentos y que involucran a importantes tenedores de licencias como Unidad Editorial o Secuoya.

Incluso está sobre la mesa sacar estas licencias a concurso si es que Squirrel insiste en querer comprar estas frecuencias y Vocento confirma su interés en no quererlas. Si se hace un nuevo concurso público, Squirrel y otras sociedades, incluyendo los actuales usuarios de estas frecuencias, Paramount y Disney, podrían pujar en igualdad de condiciones por estos activos audiovisuales.

Estas dos licencias expiran en 2025, fecha en que deben ser prorrogadas o adjudicadas nuevamente. En este sentido, el interés manifestado por el dueño de las licencias (Vocento) de desaprenderse de ellas al cerrar su venta es un argumento de peso para que el Gobierno adelante la adjudicación de estas frecuencias.

El argumento principal es que una licencia pública no puede cambiar de propiedad como si fuese una simple operación de compraventa y menos para poner en macha nuevas cadenas de televisión. Estamos hablando de bienes públicos cuyo funcionamiento está sujeto a contratos suscritos con la Administración del Estado y con el Ministerio de Asuntos Económicos, anteriormente Ministerio de Industria.

De hecho, hasta el momento solo hay dos precedentes en el mercado audiovisual español: la venta de Cuatro (en esos momentos en manos de Prisa) a Mediaset y la de La Sexta a Atresmedia, autorizaciones que se produjeron después de largos estudios del Ejecutivo y de sendas autorizaciones del Consejo de Ministros.

No obstante, la diferencia con la operación de Squirrel y de Vocento es que el interés del grupo que comprar las licencias es instalar sus propios canales en en el mediano plazo. En las licencias de Vocento operan Paramount Channel y Disney Channel (luego de autorizaciones del Ejecutivo) e intentar cambiarlas es un argumento a favor del Ejecutivo para bloquear la venta.

En el caso de la venta de Cuatro y La Sexta, sus licencias siguieron emitiendo las mismas cadenas, respondiendo al plan industrial y de contenidos presentado al Gobierno cuando recibieron la autorización de emisión. Este es otro punto en contra de la venta de las TDT de Vocento, ya que para obtener la licencia se debe presentar un plan de desarrollo del canal a diez años, algo que no cumpliría si es que se fuerza esta venta.

Volviendo al caso de Mediaset y Atresmedia, estas autorizaciones se produjeron en medio de grandes polémicas y acusaciones de favoritismo, en el caso de Mediaset durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y en el de Atresmedia de Mariano Rajoy. De hecho, la primera decisión que tomó el exlíder del PP como presidente de Gobierno fue autorizar la fusión de la cadena del grupo Planeta y el plácet de Zapatero se produjo por su cercanía con Prisa.

En el caso de Vocento su relación con Pedro Sánchez es tensa y nada amistosa. Mediante ABC y sus diarios regionales, el grupo dirigido por Luis Enríquez ha sido uno de los azotes del Ejecutivo de coalición, algo que no ayuda a que el Gobierno intente hacer una interpretación laxa de la normativa.

Un último elemento que juega en contra de esta venta es la situación del Intereconomía. La compañía lleva casi una década en concurso de acreedores y por ello pignoró sus acciones a Caixabank. Según ha conformado este diario, el banco lleva años intentado vender esta participación, incluso a Paramount. Aunque no ha tenido éxito por el bloqueo sistemático del Ejecutivo, que ha argumentado razones estratégicas y de venta a empresas extranjeras.

Por otro lado y como ya ha contado este diario, Disney ya negocia la venta de su participación, pero no a cualquier precio. En la cadena creen que los 4,36 millones ofrecidos no son suficientes y trabajan para intentar obtener un mayor rédito económico.

Una vez que Disney cierre la venta -algo que se podría lograr en las próximas semanas- la operadora intentará establecer un calendario ordenado de salida de la TDT. El grupo no quiere ser un mero arrendatario de licencias y asume que el coste de operar es muy alto si es que quiere seguir siendo parte de la televisión en abierto en España.

Así, podrían dejar de emitir incluso mucho antes de 2025 -la fecha de salida prevista originalmente. y todo podría precipitarse hasta 2023, una fecha asumible que les permitirá cerrar todos los contratos que tienen en vigor. Un horizonte que también encaja en los planes de Squirrel Capital, aunque el posible veto del Gobierno lo complica todo.