El Gobierno también extiende hasta el 30 de junio el plazo para pedir rescates a la SEPI

Las empresas españolas que se encuentren en apuros económicos y que quieran solicitar ayuda pública al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) de la SEPI podrán hacerlo hasta el 30 de junio de próximo año. Una prórroga que el Gobierno ha puesto en marcha tras el beneplácito de Bruselas y que podría complicar la tramitación de los expedientes que ya se están analizando.

La Comisión Europea anunció hace tres semanas que se ampliaba hasta junio de 2022 el régimen temporal de los programas puestos en marcha por los Estados miembros a raíz de la crisis derivada de la covid-19 y que expiraba el 31 diciembre de este año.

En el caso español, se asumió que este plazo se ampliaba para tener el tiempo suficiente para resolver los más de 60 expedientes que no se han aprobado todavía, aunque fuentes oficiales de la propia Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) han confirmado a THE OBJECTIVE que este plazo también incluye a las nuevas solicitudes de ayudas.

La única salvedad es que todos los expedientes se deben resolver en el marco temporal determinado por Bruselas, es decir, el 30 de junio. Esto significa que a partir del 31 de diciembre se podrán seguir presentando expedientes, pero el plazo de resolución se deberá acortar en la medida de que esta solicitud se acerque a la fecha de cierre.

Cuando se lanzó el Fasee se estipuló que el máximo de resolución era de seis meses, aunque la SEPI ha sido sumamente laxa en alargar estos plazos, parando el reloj al pedir más antecedentes a cada una de las compañías solicitantes. Esto ha llevado a que, por ejemplo, haya empresas que lleven un año esperando la resolución de sus expedientes.

Nuevo cuello de botella

Con el nuevo plazo se obliga a la SEPI y al fondo a resolver con la máxima celeridad, no solo a las solicitudes ya presentadas, sino a las que se pueden presentar a partir del próximo año. Estamos además ante un posible problema de la Administración que podría encontrarse con expedientes presentados sobre el plazo límite (el 30 de junio) y sin margen de reacción para poder resolverlos.

Oficialmente si transcurre el plazo sin resolución, se entiende que la solicitud ha sido desestimada y cabe recurso contencioso-administrativo. Una situación que podría generar una avalancha de procesos judiciales de las empresas que se queden fuera del fondo de rescate.

Del mismo modo, en la propia SEPI se teme que se vuelva a generar una nueva avalancha de solicitudes y un cuello de botella que saturará aún más la tramitación de los expedientes ya presentados y que hasta el momento han avanzado con suma lentitud. Precisamente para garantizar que se resuelvan todos los rescates ya solicitados y los que pueden venir el fondo de rescate ha contratado varias decenas de asesores para que les ayuden a resolver los expedientes en marcha y agilizar los procesos.

Un procedimiento que está en marcha desde noviembre y a través del cual los asesores verifican el cumplimiento de todos los requisitos de elegibilidad establecidos y analiza la suficiencia de las medidas planteadas en el plan de viabilidad.

Este trabajo ha comenzado a rendir sus frutos en las últimas semanas con la aprobación del rescate de Airtificial, la novena empresa beneficiada, en este caso con 34 millones de euros: un préstamo participativo de 17,34 millones de euros y uno ordinario de 16,66 millones.

Empresas rescatadas

El Fasee fue aprobado el 3 de julio de 2020 y durante este año y medio de funcionamiento solo ha aprobado rescates por valor de 1.347 millones de euros, apenas el 13,5% de los 10.000 millones destinados a esta herramienta para rescatar empresas.

Hasta febrero de este año solo se aprobaron cuatro operaciones: Air Europa (475 millones) Ávoris-Halcón Viajes (320 millones), Duro Felguera (120 millones) y Plus Ultra (53 millones), esta última en medio de acusaciones de favorecer empresas relacionadas con el Gobierno venezolano.

Después de este conflicto que terminó en la justicia, tuvieron que pasar cuatro meses hasta que en julio se aprobó el rescate de Tubos Reunidos por 112,8 millones. Posteriormente se desbloqueó el rescate de Rugui Steel (25 millones) y Hotusa (320 millones), a la que se sumó a comienzos de noviembre Airtificial.

Por otra parte, la semana pasada la aerolínea española de bajo coste Volotea, con 1.350 empleados y 40 aviones, se sumó a lista de rescate del Fasee. Solicita hasta 185 millones en un crédito participativo.

Mientras, la lista de espera del fondo de rescate es larga: Celsa (700 millones de euros solicitados), Hotusa (320), Abengoa (249), Grupo Villar Mir (240), Mediapro (230), Air Nostrum (103 millones), Navieras Armas (100 millones), Wamos (75 millones), Hesperia (55 millones), Room Mate (52 millones), Juliá (37 millones), Airtificial (30 millones), Serhs (35 millones) o Soho (32 millones). Y así hasta 60 empresas. Y las que pueden acumularse a partir de enero.

Normativa de rescates

La normativa dice que solo podrían optar a este rescate empresas no financieras consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional, entre otros motivos, «por su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados».

Unas condiciones a las que luego se sumó que hayan sido viables antes del 31 de diciembre de 2019 (previo al comienzo de la pandemia de covid). El rescate es entendido por la SEPI como una ayuda puntual que contribuya a salir a flote por la pandemia y que no se convierta en un fondo para mantener la supervivencia de una empresa zombi de manera artificial.