Unidad Editorial aparca la venta de sus licencias de TDT
La venta de las TDT de Vocento a Squirrel Capital y las reticencias del Gobierno han terminado de hundir el proyecto
Sede de Unidad Editorial, en una imagen de archivo. | Unidad Editorial
Malas noticias para Unidad Editorial. El editor de El Mundo, Expansión y Marca había establecido la venta de sus licencias de TDT como una de sus principales prioridades para 2021 y para ello entabló negociaciones al más alto nivel, y a varias bandas, para intentar cerrar acuerdos que finalmente no se han producido.
Según ha podido confirmar THE OBJECTIVE, el proyecto se ha paralizado sine die ante la imposibilidad de llegar a acuerdos y frente a las dudas del Gobierno para autorizar operaciones de este tipo. Esto supone un duro varapalo para Unidad Editorial, y su matriz RCS en Italia, que esperaba ingresar entre 40 y 50 millones por la venta de sus cadenas de televisión en España.
RCS quería al menos encauzar la venta este año para poder consolidarla en sus cuentas durante el curso 2022. La idea era poder tener unos ingresos extraordinarios en un curso en que no parece que la facturación por publicidad y venta de ejemplares mejorará significativamente. Esta venta además les hubiese permitido reducir su perímetro de cara a afrontar un futuro centrados solo en el negocio de prensa y eventos.
La venta de las licencias de TDT (que actualmente albergan a Discovery Max y a Gol T) era una orden expresa del CEO y presidente de RCS Urbano Cairo y un mandato para su nuevo responsable en España, Marco Pompignoli, que sustituyó al histórico Antonio Fernández-Galiano en mayo de este año.
A comienzos de este curso las conversaciones se aceleraron y el propio Urbano Cairo viajó en varias oportunidades a Madrid para cerrar flecos. Incluso llegó a mantener contactos informales con Moncloa para que se autorizara una eventual operación de estas características.
Elevada ‘competencia’
Unas negociaciones que siempre se llevaron desde Italia y que en España solo conocía el núcleo duro de Unidad Editorial compuesto por el propio Pompignoli y los dos directores generales: Nicola Speroni y Stefania Bedogni.
La autorización administrativa de las TDT de Unidad Editorial expira en 2025, lo que sumado al nacimiento de nuevos canales de televisión, era el mejor argumento para la venta de estas señales. Sin embargo, después de varias reuniones con representantes de estas nuevas cadenas como 7NN o La Siete, además de otros interesados como Squirrel Capital, no se logró cerrar ninguna operación.
El elevado coste de las licencias de Unidad Editorial sumado a las negociaciones que otros tenedores de TDT, como Vocento o Secuoya, han estado manteniendo en las últimas semanas con los mismos interesados, han sido los principales detonantes de este fracaso.
Vocento cerró a comienzos de diciembre la venta de sus dos licencias de TDT en 18 millones de euros a Squirrel Capital a cambio de su 55% de participación en NET TV. Una operación que terminó por sepultar las últimas esperanzas de Unidad Editorial para la venta de sus frecuencias al involucrar a los mismos interesados y por valores inferiores a los que sus canales salieron al mercado.
Por otro lado, Secuoya sigue manteniendo negociaciones con otras plataformas para la venta de TEN en un precio aproximado de 25 millones de euros. Una serie de movimientos que han dejado fuera de juego a Unidad Editorial y que le han obligado a frenar su proyecto de venta de licencias de TDT.
Trabas regulatorias
A esta excesiva ‘competencia’ hay que sumar las trabas regulatorias que ha detectado la compañía para ejecutar la venta, unas licencias públicas cuya venta debe ser autorizada por el Gobierno. Este diario ya advirtió que Pedro Sánchez podría bloquear la venta de las frecuencias de Vocento e incluso sacarlas a concurso.
Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE apuntan a que el Gobierno se decanta por no autorizar la operación atendiendo al carácter estratégico y público de las licencias que están en juego. El Ejecutivo tendría suficiente arsenal jurídico para bloquear la venta.
El argumento principal es que una licencia pública no puede cambiar de propiedad como si fuese una simple operación de compraventa y menos para poner en marcha nuevas cadenas de televisión. Estamos hablando de bienes públicos cuyo funcionamiento está sujeto a contratos suscritos con la Administración del Estado y con el Ministerio de Asuntos Económicos.
Al igual que las de Unidad Editorial, estas dos licencias expiran en 2025, fecha en que deben ser prorrogadas o adjudicadas nuevamente. En este sentido, el interés manifestado por el dueño de las licencias (Vocento) de desaprenderse de ellas al cerrar su venta es un argumento de peso para que el Gobierno adelante la adjudicación de estas frecuencias.
