El Gobierno mantendrá el escudo antiopas más allá de la pandemia y pese a las críticas de la CNMV

El Gobierno no tiene interés en dejar de utilizar el escudo antiopas como herramienta para proteger sectores estratégicos, pese a las recientes críticas del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, y de inversores que cada vez alzan la voz con mayor fuerza en contra de este mecanismo que deja en manos del Ejecutivo la entrada de nuevos socios en grandes empresas españolas.

Según ha podido saber THE OBJECTIVE, en el Ministerio de Asuntos Económicos tienen bastante claro que esta medida es la única manera de hacer frente a eventuales arremetidas de empresas europeas, o fuera del continente, para quedarse ‘a precio de saldo’ grandes compañías españolas en sectores clave para la puesta en marcha del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Por ello, se plantean mantener este escudo el tiempo que sea necesario. Por el momento, mediante una nueva prórroga en diciembre de 2022 y con el objetivo de mantenerlo mucho más allá de lo que dure la pandemia en el caso de las empresas europeas. La limitación para compañías de fuera de la Unión Europea se mantendrá sine die ya que no requiere prórrogas y solo se puede quitar mediante otro real decreto.

En marzo de 2020, el Gobierno decretó que todas las empresas de fuera de la Unión Europea que quisieran hacerse con más del 10% de una compañía estratégica española debían tener la autorización del Ejecutivo, un escudo antiopas o acción de oro que en abril se extendió a empresas europeas. En verano de 2021 se amplió la vigencia de este decreto en seis meses y en noviembre se prolongó para todo el año 2022.

Beneficiados con el escudo antiopas

Una situación que protege a grandes empresas españolas cotizadas que están en horas bajas y a las que sería muy fácil opar a precios de derribo. Es el caso de Telefónica, Iberdrola, Prisa, Naturgy o Indra, claves en sectores como la tecnología, la energía, las telecomunicaciones o los medios de comunicación, considerados estratégicos por el Gobierno español.

Eso sí, el Ejecutivo es consciente de que tendría que buscar una nueva justificación para prolongar esta medida, ya que el actual escudo antiopas se basa en una acción conjunta impulsada desde Bruselas en marzo de 2020 para proteger a las empresas del continente ante la debilidad de los mercados tras la irrupción de la pandemia de coronavirus.

Incluso este año ha sido difícil justificar la extensión a causa de la pandemia, pero el plácet de Bruselas a finales del año pasado permitiendo que las ayudas de la Covid se extendiesen al menos hasta junio de este año fue la excusa perfecta para prolongar este decreto.

Para el Gobierno este mecanismo es la única manera de tener unas empresas fuertes de cara al resto del continente -donde existen instrumentos similares en mercados como Alemania o Francia y antes de la pandemia- por lo que una de las ideas es institucionalizar este decreto y encajarlo en la normal operativa del mercado. Simplemente, dicen en privado, igualarían el campo de juego con otros países de nuestro entorno.

Críticas de la CNMV

Todo ello pese a los comentarios del presidente de la CNMV realizados hace pocos días. Rodrigo Buenaventura indicó durante su intervención en el Spain Investors Day, y ante un centenar de inversores y toda el área económica del Gobierno, que sería positivo permitir la compra de empresas cotizadas españolas por entidades extranjeras cuando se normalice la situación de las bolsas.

«La apertura internacional es un valor en sí mismo desde el punto de vista del mercado y los accionistas e inversores», dijo tras destacar el valor de la inversión extranjera para afrontar la recuperación de la economía.

Una opinión compartida por buena parte los inversores presentes en este encuentro y otros que no llegaron a participar. El clamor viene siendo importante en los mercados desde que en noviembre del año pasado se decretase la prórroga hasta finales de 2022. Se considera que es una situación anómala justificada por una situación de pandemia que probablemente ya no exista con tanta intensidad a partir del segundo semestre de este año.

Indican además que este mecanismo podría frenar el apetito inversor e incluso hablan de utilización política de este escudo antiopas para mantener el blindaje a empresas cercanas al Gobierno en detrimento de otras. Unas críticas que han llegado con insistencia al Ejecutivo en las últimas semanas.

El caso de Naturgy e IFM

En este sentido y para no perjudicar la inversión extranjera, desde Moncloa se ha trasladado que la acción de oro se utilizará de manera flexible y para ello ponen como ejemplo el caso de Naturgy, donde se aprobó la inversión del fondo IFM, pero con una serie de condicionantes que garantizaran que la inversión estratégica se mantenga y que la compañía energética siga con su hoja de ruta.

Esto supone no vetar ninguna operación de entrada, pero siempre con los correspondientes condicionantes para asegurarse que el activo seguirá en suelo español y al servicio del desarrollo económico de España.

Con ello se mantiene el efecto disuasorio frente a determinados fondos de inversión que solo buscan rentabilidad a corto plazo, pero se mantiene el interés de empresas industriales que realmente tengan un interés en potenciar el crecimiento de las empresas españolas.

Esta flexibilidad también pone sobre la mesa la posibilidad de que se acorten los plazos de respuesta a las solicitudes, actualmente en seis meses. Hasta el momento el Gobierno ha utilizado esta prerrogativa para ‘enfriar’ operaciones con las que no se sentía cómodo como es el caso de la de Naturgy, aunque ha actuado con celeridad en otras como la venta de las torres de telecomunicaciones de Telefónica España a American Tower.

Acortar los plazos

Es por ello que desde los inversores se pide una reducción y simplificación de los plazos para tener más certidumbre regulatoria a la hora de plantear eventuales operaciones. Algo que pasaría por reducir o asegurar la celeridad del engorroso proceso actual.

Con el actual procedimiento primero hay que presentar la solicitud a la dirección general de comercio internacional e inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Luego hay que responder a un cuestionario relatando la operación y los planes financieros. 

Posteriormente, el caso debe pasar a la Junta de Inversiones Exteriores, con presencia de representantes de varios Ministerios, incluyendo el de Economía. Este organismo elevará un informe al Consejo de Ministros, sobre el que éste debe tomar una decisión final.