Transición Ecológica acelera para tener listo el ajuste a la retribución de las renovables
Se calcula que el sistema eléctrico podría recuperar en torno a los 3.000 millones de euros
La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen. | Europa Press
El Ministerio para la Transición Ecológica acelera en su idea de ajustar la retribución de las centrales del Recore (Renovables, Cogeneración y Residuos). Las patronales implicadas presentarán la semana que viene su propuesta a la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, con el fin de llevar cuanto antes el Real Decreto-ley al Consejo de Ministros.
Fuentes conocedoras de la negociación aseguran a THE OBJECTIVE que durante los próximos días se celebrará una nueva reunión con el fin de intentar cerrar los flecos de una medida que colea desde finales de octubre del año pasado.
Lo que se plantea es adelantar la regularización de la retribución de las centrales del Recore prevista para 2023. Según la Fundación Renovables, de aprobarse la propuesta, el sistema eléctrico podría recuperar en torno a los 3.000 millones de euros este año —sin tener que esperar al próximo trienio—, lo que supone un 16,5% de la parte regulada de la tarifa eléctrica y un 8,8% si se considera todos los ingresos del sistema «según las magnitudes de 2019 (año con datos dentro de una normalidad)».
Los valores del marco retributivo de las plantas sujetas al Recore se establecen cada tres años y en 2019 se fijó como precio base del pool 54,42 €/MWh para 2020, 52,12 €/MWh para 2021 y 48,82 €/MWh para 2022.
Las plantas del Recore tienen una rentabilidad garantizada del 7,1% durante 25 años y venden su producción en el mercado mayorista (pool). Como el mercado está disparado, influido por los altos precios del gas y de los derechos de emisión de CO2, el Gobierno pretende que se adelante el plazo de regularización con el fin de usar la cantidad que reciben de más rebajar los cargos que pagan los consumidores en la factura.
De este modo, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (Appa), la Unión Española Fotovoltaica (Unef), la Asociación Empresarial Eólica (AEE) y la Asociación Española de Cogeneración (Acogen) presentarán sus cartas a Aagesen. La semana pasada ya mantuvieron otro encuentro.
Endesa está a favor del ajuste
El propio consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha pedido públicamente al Gobierno que se haga ya el ajuste a las renovables para que se pueda ofrecer electricidad más barata a la industria y a los clientes con tarifa regulada (PVPC). Por el contrario, Acciona ha trasladado su malestar a Transición Ecológica y se opone a la medida.
La secretaria de Estado de Energía también se reunirá el lunes con la patronal de las grandes eléctricas, Aelec, según consta en la agenda del Ministerio para la Transición Ecológica.
Por otro lado, el Ejecutivo está trabajando para poner en marcha el mecanismo que obligará a Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP a ofertar electricidad —producida por energía nuclear, hidroeléctrica y eólica— entre los grandes consumidores industriales y las comercializadoras independientes, como adelantó THE OBJECTIVE.
No obstante, las eléctricas planean recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cuando se ponga en marcha el mecanismo. Según fuentes del sector, la pretensión del Ejecutivo creará «inseguridad jurídica» y «supone quitar energía a unos para vendérsela a otros».
Las eléctricas defienden que ya tienen gran parte de su energía comprometida para este año y que, en caso de llevarse a cabo la subasta, se tendrán que revisar contratos y obligará a algunos clientes a acudir al mercado diario.
La medida estrella, encallada en el Congreso
Por otro lado, la que se señaló como la medida estrella de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para abaratar la factura de la luz continúa encallada en el Congreso de los Diputados y eso que se creó como proyecto de ley con tramitación urgente. De hecho, el Ejecutivo no prevé que el denominado Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) se comience a aplicar hasta el segundo semestre del año.
Hay que tener en cuenta que la creación del fondo se aprobó en Consejo de Ministros en diciembre de 2020 y que fue en septiembre del año pasado cuando salvó su primera votación en la Cámara Baja. El FNSSE pretende asumir los costes asociados al Recore —entre 6.500 y 7.000 millones de euros al año— y sacarlos así del recibo eléctrico.
Otra de las polémicas energéticas recientes llegó con el recorte de los beneficios caídos del cielo de la energía hidráulica y nuclear. Las eléctricas se opusieron en banda y el Gobierno acabó rectificando dejando exentos de la minoración los contratos a plazo y precio fijo.
