El salario mínimo sube el doble que los sueldos y supera en cinco décimas la inflación de 2021
El alza elevará los ingresos por cotizaciones y aligera el desembolso en subsidios y rentas cuya percepción esté vinculada a que los ingresos no rebasen un porcentaje del SMI
La última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), del 3,6%, más que duplica el último aumento salarial pactado en convenio, del 1,47%, y rebasa en cinco décimas la inflación media de 2021, del 3,1%, según datos oficiales consultados por THE OBJECTIVE.
De este modo, los colectivos más afectados por ese tramo de retribución apuntalan su poder adquisitivo mientras lo pierden los asalariados de retribuciones superiores y los funcionarios, cuya subida fijaron los Presupuestos Generales del Estado para 2022 en el 2%. Por su parte, los pensionistas recibirán subidas del 2,5% en el caso de las pagas contributivas y del 3% en el de las mínimas y no contributivas.
Así, los trabajadores en situación más vulnerable -jóvenes, sector primario y de transformación digital- serán, a priori, los únicos que ganen cierto poder de compra tras la fuerte escalada de los precios iniciada en el segundo semestre de 2021.
El IPC cerró el pasado diciembre en el 6,5%, un máximo de 29 años, pero la media anual fue del 3,1%, referencia para plantear actualizaciones de retribuciones y rentas.
El SMI, en virtud del acuerdo de Trabajo con los sindicatos, y sin el aval de la patronal, sube un 3,6%, de 965 a 1.000 euros, con efectos del 1 de enero de este año, y a falta de la aprobación definitiva por el Consejo de Ministros en las próximas dos semanas.
Distintas revisiones salariales por colectivos
A cierre de 2021, última fecha de la que existen datos oficiales de negociación colectiva, los salarios pactados en convenio subieron de media un 1,47% hasta diciembre de 2021, por debajo de lo registrado en el mes anterior (+1,49%) y muy lejos del IPC, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Esta semana se espera conocer los nuevos datos de subida salarial en convenio de enero, primer mes de aplicación de la reforma laboral impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. La nueva norma restablece la primacía de los convenios sectoriales, que fijaron un alza salarial del 1,5% en 2021.
Ese rango de revisiones salariales, en torno al 1,5%, está por debajo de las directrices marcadas en el Acuerdo Interconfederal para el Empleo y Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, que planteaba subidas del entorno del 2% más un punto porcentual ligado a conceptos como la productividad, los resultados empresariales y el absentismo laboral. Este AENC, que tenía vigencia hasta el año pasado, se encuentra a la espera de que los sindicatos y la patronal decidan renovarlo.
Cerca de 2 millones de trabajadores
La subida del SMI a 1.000 euros brutos mensuales en 14 pagas pactada por Díaz con los sindicatos mayoritarios -UGT y CCOO- beneficiará en torno a 1.809.000 personas asalariadas, de las cuales 1.518.000 trabajan a tiempo completo y 290.000 trabajan a tiempo parcial, según un estudio del Gabinete Económico de CCOO. No obstante, UGT calcula que la medida aprovechará a 3 millones de personas ya que incluye en su cómputo a trabajadores cuyo convenio colectivo esté pendiente de negociación.
Con todo el SMI acumula un alza del 35,9% desde los 735,9 euros de 2018 a los 1.000 que regirán para este año con efectos de 1 de enero. En términos absolutos la subida ha sido de 264,1 euros en cuatro años.
Efectos de la subida del salario mínimo
La subida del SMI no es neutra, sino que tiene impacto en las cotizaciones del los trabajadores y afecta a la concesión de subsidios y rentas vinculados a su referencia.
La base mínima de cotización sube en la misma cuantía que el salario mínimo, lo que genera ingresos extra para la Seguridad Social. Por otra parte, el alza del salario mínimo reduce desembolsos públicos en subsidios y rentas cuya concesión depende de que el solicitante no rebase un determinado porcentaje del SMI.
Por ejemplo, los subsidios al desempleo de los Servicios Públicos de Empleo Estatal (SEPE) -como el vigente para mayores de 52 años, o el que existe para quienes han agotado la prestación por desempleo- se supeditan a que el aspirante no tenga ingresos superiores al 75% del salario mínimo.
Los empresarios se levantaron de la negociación al considerar que no es el momento para adoptar una subida adicional bajo la asunción de que puede destruir empleo, especialmente entre las pymes, que habrán de soportar mayores costes laborales y contener sus plantillas. Además, los detractores de abordar fuertes subidas destacan que estas incentivan el troceamiento de jornadas y la economía sumergida.
Pero Yolanda Díaz persiste en el compromiso de alcanzar en la legislatura un SMI que llegue al 60% del salario medio, en consenso con las aspiraciones sindicales, lo cual da un recorrido adicional al alza de hasta el 4,5%, todo ello en función de qué retribución se conciba como media para efectuar los cálculos, extremo sobre el que aún no hay consenso.