Iberdrola pide 178 millones de fondos europeos para instalar puntos de recarga de coches eléctricos

Iberdrola ha pedido 178 millones de euros de fondos europeos para digitalizar las redes de distribución de electricidad e impulsar la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos en la vía pública.

El dinero corresponde al Real Decreto 1125/2021, de 21 de diciembre, por el que se regula la concesión de subvenciones directas a las empresas distribuidoras de energía eléctrica para la realización de inversiones de digitalización de redes de distribución de energía eléctrica y en infraestructuras para la recarga del vehículo eléctrico con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PTR).

La empresa señala en su informe anual de resultados remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que, de los 525 millones que suponen el Real Decreto, le corresponde aproximadamente un 34% a su distribuidora, i-DE.

Iberdrola prevé instalar estaciones de recarga de vehículos eléctricos en las principales autovías y corredores de España, así como en los espacios de acceso público de las principales ciudades. El plan incluye la puesta en marcha de al menos una estación de recarga rápida cada 50 kilómetros.

En septiembre de 2020, ya suscribió un préstamo ‘verde’ con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 59,4 millones para instalar 2.500 puntos públicos en España y Portugal. Según la empresa, la ejecución del Plan Smart Mobility la irá en línea con el ritmo de adopción del vehículo eléctrico en España.

En este sentido, ha cerrado más de 50 acuerdos de despliegue de infraestructura con los principales agentes implicados en la movilidad, desde administraciones a instituciones, empresas, estaciones de servicio, concesionarios y fabricantes de vehículos.

Planes de Naturgy y Endesa

Por su parte, Naturgy presentó al Gobierno el año pasado un plan para construir una red de más de 1.100 puntos. Prevé desplegar cargadores rápidos y semirápidos en entornos urbanos, poblaciones de más de 50.000 habitantes con obligación de disponer zonas de baja emisiones, e interurbanos en las principales vías de comunicación cada 200 kilómetros.

El plan de la eléctrica que preside Francisco Reynés se enmarca dentro de los proyectos que presentó al programa europeo Next Generation. La empresa aspira a captar un total de 14.000 millones de euros, de los que 200 irían destinados a movilidad sostenible: despliegue de puntos de recarga, hidrogeneras y gasineras.

Endesa y Cepsa se han comprometido a crear «la mayor red de cargadores ultra rápidos» en carretera para coches eléctricos en España y Portugal. Estará compuesta de puntos de 150 kW situados en todos los corredores y principales vías de comunicación y se unirá a los planes de desarrollo de infraestructura de recarga que ya tiene Endesa X, la línea de negocio de la sociedad que dirige José Bogas de movilidad eléctrica.

Repsol anunció en noviembre una inversión de 42,5 millones de euros para la instalación de 610 puntos públicos en sus estaciones de servicio de España y Portugal. Está enmarcada en el objetivo de la compañía de alcanzar los 1.000 puntos de recarga pública a finales de este año, uno cada 50 kilómetros en los principales corredores viarios de la Península Ibérica.

Normas del Real Decreto

El Real Decreto citado anteriormente recoge unas cuantías anuales máximas de 227 millones con cargo al Presupuesto General del Estado de 2021, otros 148 millones con cargo a 2022 y 150 millones en 2023.

En concreto, el PRTR financiará hasta el 50% de los activos relacionados con la digitalización de la red y con las infraestructuras necesarias para alimentar puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos situados en la vía pública, y con una potencia superior a 250 kilovatios.

Cada compañía recibirá una ayuda proporcional al porcentaje de retribución regulada que recibe sobre el coste total de la actividad de distribución de electricidad. Además, las distribuidoras podrán incrementar su límite de inversión anual con cargo al sistema eléctrico en una cuantía equivalente a la inversión acometida, gracias al apoyo del PRTR durante el año siguiente a la puesta en servicio de los activos resultantes de las inversiones.

Para acceder a las subvenciones, las empresas deben presentar planes estratégicos con las estimaciones de sus inversiones sobre el empleo, la cadena de valor industrial y la contribución a la penetración de nueva generación renovable.

También tendrán que implantar programas digitales de mejora de la calidad de la atención al consumidor. Entre ellos, deberán habilitar una sede electrónica que permita la gestión de los expedientes, incluyendo los relativos a los permisos de acceso y conexión para instalaciones de autoconsumo y la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.

Objetivo del Gobierno

El Ejecutivo aspira a que el año que viene exista una red de infraestructura de recarga pública de 100.000 puntos, un objetivo muy lejano de la realidad. Según datos de la patronal de fabricantes, Anfac, al cierre del año pasado había 13.411, que se espera que se eleven a entre 45.000 y 48.000 en 2022.

La asociación pone de manifiesto que apenas el 8% de los puntos públicos que hay en la actualidad permite una carga de al menos 50 kW, mientras que solo hay 92 de al menos de 250 kW.

El Real Decreto también incluía medidas fiscales. Los ayuntamientos podrán aplicar bonificaciones de hasta el 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y en la Cuota Municipal en locales afectos a actividad económica, y de hasta el 90% en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Asimismo, la instalación de este tipo de infraestructura quedó eximida de la obtención previa de las licencias de obras, de funcionamiento o de actividad, de carácter medioambiental o similares. De este modo, bastará una simple declaración responsable del titular.