El comité de expertos constata que la subida de Sociedades ahuyenta 27.000 millones cada año
Los fiscalistas abren la puerta al endurecimiento de compensación de pérdidas y advierten del impacto negativo de los costes burocráticos en las empresas
María Jesús Montero. | EP
El informe del comité de expertos para la reforma fiscal refleja que la tributación de Sociedades española deslocaliza un volumen de patrimonio de 2,5 puntos porcentuales del PIB en promedio anual, lo que supone la salida de unos 27.000 millones de euros cada ejercicio.
Ello supone un argumento más para el freno a las nuevas subidas de impuestos que preparaba el Gobierno de cara a 2023 y a las que ahora renuncia temporalmente debido al empeoramiento de la coyuntura y la incertidumbre sobre el conflicto en Ucrania. Como ha reconocido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras recibir el informe que encargó hace 10 meses a los expertos del comité, ahora «no es el momento» de abordar alzas tributarias.
La ministra admite así el fundamento de las advertencias que le estaban lanzando otros expertos fuera del comité y que viene recogiendo THE OBJECTIVE. En este sentido se pronuncia el profesor del CEF Juan Fernando Robles; el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente; el economista Miguel Ángel Bernal y los fiscalistas consultados por este periódico. Se torna contraproducente abordar ahora una subida impositiva que pueda lastrar la actividad o golpear el consumo, explican. En este contexto, Bernal destaca la dificultad que tendrá el Gobierno para cuadrar las cuentas públicas, ahora que el déficit apunta a rebasar el 5% a cierre de este ejercicio.
El Gobierno del PSOE y Podemos pactó, al formar la coalición, subidas impositivas no solo en materia de servicios digitales y financieros o a las consideradas rentas altas; también en las deducciones de la factura fiscal de las empresas.
Deslocalización de empresas
Y ello, según el comité de expertos para la reforma fiscal, depara el riesgo de deslocalización de capitales y centros productivos, como muestran los datos recientes por ellos detallados en el informe. Por ello, deducen los expertos que «se debiera considerar un análisis coste-beneficio de los efectos de la reforma de las sicav en otros tributos como son el IRPF o Patrimonio».
En cualquier caso, los expertos manifiestan su preocupación por los ingresos derivados del Impuesto de Sociedades. Destacan su menor dinamismo y la realidad de que se ha acumulado un importante stock de pérdidas durante la crisis económica iniciada en 2008 que se compensan en las bases imponibles del Impuesto de Sociedades.
Compensación de pérdidas
De hecho, el comité de expertos que encabeza Jesús Ruiz-Huerta abre la puerta a endurecer las compensaciones de bases imponibles negativas sin especificar cómo. El Libro Blanco destaca expresamente «el elevado impacto recaudatorio» de las compensaciones de bases imponibles negativas en el Impuesto de Sociedades. Refleja el texto que es «particularmente relevante» la acumulación de bases imponibles negativas entre entidades de reducida dimensión con márgenes de rentabilidad muy reducidos, pero que «contra la lógica económica» sobreviven en el tiempo y suavizan el pago de impuestos.
Entre las reflexiones del comité, y directamente relacionadas con la evitación de salida de empresas, se amparan medidas para propiciar los negocios colaborativos. El cónclave fiscal que alistó María Jesús Montero ha planteado analizar y articular la introducción de un régimen fiscal opcional que exonere de obligaciones formales en materia de IRPF e IVA a iniciativas emprendedoras y negocios colaborativos de reducida cuantía en el entorno de los 3.000 euros.
Costes burocráticos
A juicio del comité, los costes de cumplimiento de obligaciones formales son una carga adicional derivada de la tributación «muy relevante» para las empresas y, especialmente, para el emprendimiento. Los costes para la empresa no son solo fiscales o de suministros y proveedores, sino también burocráticos. En algunos casos los requerimientos tributarios formales desincentivan o derivan actividades a la economía sumergida, consideran los expertos. Por ello, aconsejan al Gobierno abordar medidas que reduzcan los costes indirectos de las empresas.
