Bruselas acepta la petición de España y se podrán regular los precios de la luz como «medida de emergencia»

La Comisión Europea abre la posibilidad de que los Estados miembro limiten los precios de la electricidad como «medida de emergencia», tal y como como venía reclamando la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Bruselas ha presentado este martes el plan REPowerEU para hacer frente al alza descontrolada de los precios energéticos y con el fin de reducir su dependencia energética de Rusia, tras su invasión a Ucrania, y ve con buenos ojos que se tomen medidas para limitar el efecto contagio de los precios del gas en los de la electricidad.

Tras la invasión de Rusia a Ucrania, el barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, ha llegado a rondar los 140 dólares, mientras que el gas natural se ha llegado a cotas de 300 euros el megavatio hora (MWh) en el TTF holandés, la referencia europea. En este sentido, el precio de la electricidad en el mercado mayorista para este martes es de 544,98 €/MWh en España, mientras que para mañana se fija en 472,95 €/MWh.

«Optimizar» el mercado eléctrico

Además, tras su negativa en diciembre del curso pasado, Bruselas se abre ahora a evaluar distintas opciones para «optimizar» el diseño del mercado mayorista de la electricidad para aprovechar los beneficios de las energías de bajo coste así como un marco de ayudas para empresas afectadas por las crisis que se enfrentan a altos costes energéticos.

Fue Ribera quien impulsó hace meses en Bruselas el debate sobre una una reforma del mercado eléctrico en Europa para proteger a los consumidores. España defendió una iniciativa conjunta con Francia, Italia, Grecia y Rumanía, que fue rechazada por Alemania y otros ocho países del norte.

La Comisión ha explicado que no presentará una propuesta definitiva hasta que no tenga el informe que prepara la Agencia de Cooperación de Reguladores de la Energía (ACER) y que se conocerá en abril.

En este sentido, los Estados miembro podrán redistribuir los ingresos de los altos beneficios del sector energético y el comercio de emisiones hacia los consumidores. La normativa europea sobre subvenciones también abre la puerta a que los países puedan ofrecer apoyo a las empresas afectadas por los altos precios de la energía y reducir su exposición a su volatilidad a medio y largo plazo.

Beneficios caídos del cielo

Para financiar todas estas ayudas, podrán considerar medidas fiscales para gravar temporalmente «los beneficios caídos del cielo (windfall profits) » de las eléctricas. Según la Agencia Internacional de la Energía, esta medida permitiría recaudar 200.000 millones de euros en 2022.

Pero Bruselas pide requisitos: el recorte debe tener un duración limitada —no mas allá del 30 de junio—, no se puede aplicar con retroactividad, ser tecnológicamente neutral y estar vinculado a una situación de crisis específica.

«La medida no debería afectar la formación de precios mayoristas de electricidad basados en costes marginales expresados por la curva de mérito, preservando así la eficiencia de las señales de precios para decisiones operativas de corto plazo. En caso de duda, se deben recuperar niveles más bajos de ganancias excesivas para evitar impactos en la formación de precios», han señalado desde la Comisión.

España, dispuesta a intervenir el mercado

Teresa Ribera ha afirmado este martes que el Gobierno no intervendría el mercado eléctrico hasta conocer las líneas del nuevo plan energético de la Comisión. Asimismo, el Ejecutivo tiene pendiente aprobar, mediante un nuevo Real Decreto-ley, el adelanto de la regularización de la retribución de las centrales del Recore (Renovables, Cogeneración y Residuos) que estaba prevista para 2023 y la prórroga de la rebaja fiscal a la electricidad hasta el 30 de junio.

También se prevé alargar el recorte temporal de los beneficios caídos del cielo de la energía hidráulica y nuclear, aprobado por el Gobierno en octubre y que suavizó un mes más tarde. Las eléctricas se opusieron en banda y el Ejecutivo acabó rectificando dejando exentos de la minoración los contratos a plazo y precio fijo.

Por su parte, según anunció el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se compensará el 80% de los peajes para la industria electrointensiva —la gran consumidora de energía— vía Presupuestos Generales del Estado y se establecen medidas de flexibilización en la contratación de gas natural para este tipo de empresas.