Bruselas avisa a Ribera de que no podrá obligar a las eléctricas a subastar la energía que ya tienen vendida

La Comisión Europea da vía libre al Gobierno en su idea de obligar a las grandes eléctricas a subastar energía entre comercializadoras independientes y grandes consumidores industriales, pero con un matiz. La medida no podrá afectar a la energía que ya tienen vendida.

En concreto, la pretensión del Ministerio para la Transición Ecológica es que Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP oferten parte de su electricidad procedente de tecnologías inframarginales —nuclear, hidroeléctrica y algunos parques eólicos— de forma proporcional a su cuota mediante contratos a plazo con un periodo de liquidación igual o superior a un año.

El sector viene denunciando que dicha medida supone «quitar energía a unos para vendérsela a otros» y ahora Bruselas le da parte de razón, según la comunicación que presentó el martes para hacer frente al alza descontrolada de los precios energéticos y reducir su dependencia energética de Rusia.

«Estas subastas crean inseguridad jurídica y dificultan la contratación de energía a los industriales. No está garantizado que el precio resultante de las subastas sea inferior a lo precios de los contratos bilaterales», indican a THE OBJECTIVE fuentes del sector.

La Comisión relaja su postura

La Comisión Europea envió en noviembre una carta —que publicó El Confidencial— a Ribera y a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la que se mostraba más dura. «La medida propuesta restringe la libertad de las empresas en cuestión de vender su electricidad en el mercado que elijan», señalaba la misiva.

Ahora, tras la invasión de Rusia a Ucrania, el mercado mayorista de la electricidad ha superado cotas de 400 euros el megavatio hora (MWh) en prácticamente toda Europa y Bruselas se muestra algo más laxa e incluso ve con buenos ojos regular el precio de la luz como «medida de emergencia» y de manera temporal y como venía reclamando Ribera.

Continuando con la subasta obligatoria que pretende el Ejecutivo español, Endesa defendió en su presentación de resultados que tiene prácticamente vendida toda su energía propia de base (procedente de la energía nuclear, hidroeléctrica y renovable no regulada) para este año y gran parte para 2023.

Por su parte, otras eléctricas como EDP también afirman que tiene toda su energía comprometida para este curso en España. La norma impulsada por Ribera se incluyó en el Real Decreto-ley 17/2021, aprobado el 14 de septiembre del año pasado, con medidas urgentes para mitigar el impacto de la subida de los precios de la electricidad en el mercado mayorista (pool) sobre la factura de la luz.

El Ejecutivo recogía en el texto que la primera subasta se celebraría antes del 31 de diciembre de 2021 «de conformidad con las circunstancias del mercado», pero no cumplió. Ahora ya cuenta con el informe de la CNMC en el que se fija el precio mínimo al que las compañías pueden sacar a puja la electricidad, pero no ha vuelto a hablar de fechas.

Casi 16.000 MWh a puja

Si no surgen cambios, la idea de Transición Ecológica es que las grandes eléctricas vendan un total de 15.830 gigavatios hora (GWh), que equivalen al 6,3% de la demanda eléctrica nacional de 2020. El reparto por empresas se estableció así: Endesa 6.737,26 GWh; Iberdrola 7.323,63 GWh; Naturgy 1.405,48 GWh; y EDP 363,72 GWh.

La crisis de precios colea desde verano del año pasado —influida también por la especulación con los derechos de emisión de CO2—, pero es innegable que el ataque de Vladímir Putin sobre el país ucraniano ha provocado que se disparen aún más las cotizaciones del gas y el petróleo y, en consecuencia, de la electricidad.

En el caso de España, el máximo histórico se dio el 8 de marzo, con 545 €/MWh. Desde el sector advierten de que esta problemática tiene visos de convertirse en un problema de carácter estructural a medida que las energías renovables tienen un peso mayoritario dentro del mix eléctrico.

Planes del Gobierno

De este modo, está previsto que en el Consejo de Ministros del próximo martes se apruebe la prórroga de la rebaja fiscal a la electricidad. Además, el departamento de Ribera también trabaja en adelantar la retribución que reciben las centrales del Recore (Renovables, Cogeneración y Residuos) para inyectar al sistema eléctrico entre 2.000 y 3.000 millones de euros este año.

A más corto plazo, el Gobierno también se dispone a limitar el precio del gas en la generación de energía eléctrica. La CE ha abierto la puerta a intervenir los precios del gas para la generación eléctrica, pero no ha profundizado en ello y habrá que esperar a que se aprueben los cambios legales necesarios, que se hará probablemente en el Consejo Europeo de los día 24 y 25 de marzo, por lo que la medida podría entrar en vigor en abril.

Fuentes del sector señalan que teniendo en cuenta un límite de coste del gas de 80 €/MWh, el que rondaba antes de la invasión de Rusia a Ucrania, el precio de la electricidad en el mercado mayorista podría situarse en torno a los 180 euros €/MWh, lo que supone un abaratamiento del pool de más de 300 euros.

‘Windfall profits’

Según la Comunicación del Ejecutivo Comunitario, en la actual situación de crisis, los Estados miembros pueden decidir excepcionalmente adoptar medidas fiscales destinadas a captar parte de los ganancias que obtienen determinados productores de electricidad, es decir, los llamados beneficios caídos del cielo (windfall profits en inglés).

No obstante, aquí también hay normas. No se puede aplicar de manera retroactiva ni afectar a la energía que los productores ya tengan comprometida a plazo. La medida no podrá estar vigente más allá del 30 de junio, debe permitir que las empresas cubran sus costes y no distinguir entre las distintas tecnologías de generación.

200.000 millones en 2022

Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), «las actuales condiciones del mercado podrían llevar a un exceso de beneficios de más de 200.000 millones de euros en la UE para el gas, el carbón, la nuclear, la hidroeléctrica y otras renovables en 2022».

La AIE, organismo dependiente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se ha basado para obtener dicha cifra en unos precios del CO2 de 90 euros por tonelada —precio medio del mes de febrero según SendeCO2— y de 76 €/MWh de gas, muy por debajo de los niveles actuales.

En este sentido, Ribera también prevé alargar el recorte de beneficios que se viene aplicando en España a la energía hidráulica y nuclear. La medida fue aprobada en octubre del curso pasado, pero el Ejecutivo la suavizó después de que las eléctricas se opusieran en banda, dejando exentos de la minoración los contratos a plazo y precio fijo.