La gran industria cierra filas con el Gobierno en su plan de topar la luz, pero pide «medidas urgentes»

El Gobierno suma nuevo apoyos en su plan de reformar el mercado eléctrico. El Ministerio de Industria asegura que representantes de las principales asociaciones de la gran industria, además de las federaciones sindicales del sector, dan el beneplácito a las medidas que España ha trasladado a Bruselas para impulsar una respuesta común europea a la subida de los costes energéticos.

Reyes Maroto se reunió ayer por la tarde con las asociaciones Unesid, Feique, Aege, Confemetal, Aspapel, Ascer, Oficemen y la Asociación Española de Aluminio, junto con los sindicatos UGT Fica y CC OO Industria. También estuvieron presentes en el encuentro representantes del Ministerio para la Transición Ecológica.

Entre las medidas que abandera España, sobre todo a través de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacan desacoplar el gas de la fijación del precio de la electricidad en el mercado mayorista (pool), la compra centralizada de gas a nivel europeo y reducir la dependencia del gas ruso a través de la diversificación de suministradores y del despliegue de las energías renovables.

Tras el encuentro, el director general de Aspapel, Carlos Reinoso, dijo que las medidas que pueda adoptar la Unión Europea llevarán un tiempo de desarollo legislativo y de implementación «que la industria no tiene», por lo que apremia al Gobierno a la «adopción de medidas urgentes a nivel nacional».

29 de marzo, fecha vale

La Comisión Europea ha abierto la puerta a intervenir los precios del gas para la generación eléctrica, pero no ha profundizado en ello y habrá que esperar hasta el Consejo Europeo de los día 24 y 25 de marzo. Es por ello que en España será clave el Consejo de Ministros del día 29.

Maroto dijo que los cuatro Reales Decretos-ley que ha aprobado el Ejecutivo para para paliar el impacto de los precios de la energía han tenido un coste fiscal de más de 10.000 millones de euros. En su opinón, la industria ha sido uno de los sectores «más beneficiados» de las rebajas fiscales, con la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica del 7% o la rebaja del Impuesto Especial de Electricidad del 5,11% al 0,5% —el mínimo que permite Europa—.

El Ejecutivo también destaca que se ha permitido que las electrointensivas puedan acudir a las nuevas subastas de contratos de energía a plazo, directamente como compradores o, indirectamente, adquiriendo la energía a una de las comercializadoras compradoras.

Reducción de los peajes

Además de la prórroga de las medidas fiscales, el Ejecutivo ha asegurado que reducirá un 80% los peajes a 600 consumidores electrointensivos y que se alargarán las medidas de flexibilidad en los contratos de suministro de gas natural hasta el 30 de junio. Este año también se aprobará una subasta adicional de energías renovables y una subasta de cogeneración.

La Comisión Europea aprobó ayer el plan español de 2.900 millones de euros para compensar a las empresas con un gran consumo energético por los costes indirectos de las emisiones. En palabras de la vicepresidenta comunitaria responsable de Competencia, Margrethe Vestager, con este régimen, «España podrá reducir el riesgo de que las industrias con un elevado consumo energético trasladen su producción a lugares con objetivos climáticos menos ambiciosos».

El objetivo es reducir el riesgo de «fuga de carbono» por el traslado de parte de la producción a países de fuera de la UE y por ello menos exigentes en materia de normas medioambientales y criterios climáticos. En concreto, la compensación se concederá a las empresas admisibles mediante el reembolso parcial de los costes de las emisiones indirectas asumidos el año anterior y un pago final que se realizará en 2031.

Hornos apagados

Empresas como Acerinox, ArcelorMittal, Megasa, Ferroglobe, Siderúrgica Balboa, Celsa, Cementos Portland, Asturiana del Zinc o Xeal se han visto obligadas a reducir su producción al mínimo e incluso a apagar hornos debido a la crisis de precios energéticos, con el impacto que esto tiene en el empleo y en la cadena de suministro.

Aunque la invasión de Rusia a Ucrania ha intensificado el problema, las industrias electrointensivas advierten de que llevan desde el pasado verano «padeciendo la crisis energética», generada por la evolución del precio del gas y de los derechos de emisión de CO2.

En España más del 80% del consumo industrial está expuesto al precio del mercado eléctrico diario. En este sentido, el sector ha venido criticando que, desde la publicación del Manifiesto por la Industria Electrointensiva Española, el pasado 1 de diciembre, han transcurrido más de tres meses sin que se adopten medidas efectivas que reviertan la situación y mejoren las perspectivas.

Sobrecoste en la factura

Las empresas que conforman la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege), que suponen más del 10% del consumo eléctrico nacional, cerraron el año pasado con un sobrecoste de suministro que superó los 1.500 millones de euros, más del doble que sus principales competidores europeos.

Según datos de la patronal, asumieron un precio de unos 120 euros el megavatio hora (MWh), mientras que sus homólogas francesas y alemanas pagaron el MWh a 50 y a 84 euros, respectivamente. Aege subraya que los costes eléctricos suponen el 60% del total del gasto de producción de las empresas del sector, un porcentaje que con los actuales niveles de precios ha ido creciendo hasta llegar a pesar un 75%.

La asociación calcula que la factura de la luz de sus compañías asociadas —un total de 26 que facturan más de 20.000 millones de euros al año— aumentará hasta los 2.300 millones en el ejercicio actual.

«Como se puede deducir de estos lamentables datos de precios eléctricos en España, a las compañías industriales con gran consumo eléctrico les espera a corto plazo seguir soportando unos costes eléctricos que suponen un serio peligro para su supervivencia, al estar muy expuestas al precio del mercado diario —más del 90% de su consumo en 2022—. Y, si la industria básica está en riesgo, la consecuencia evidente es que también lo están sus miles de empleos», aseguran desde la asociación.

Encontronazo con las eléctricas

Las empresas industriales grandes consumidoras de energía también vienen denunciando que las eléctricas no les están ofreciendo contratos de suministro competitivos con los que poder hacer frente a la actual coyuntura.

Según distintas empresas industriales consultadas por este medio, el precio razonable de la electricidad del que tanto se ha hablado en estos últimos meses debería situarse entre los 55 y 60 euros/MWh, lo más parecido a los niveles registrados antes de la actual crisis energética. Las mismas fuentes aseguran que las eléctricas se comprometieron ante Teresa Ribera a ‘ayudar’ a la industria con contratos más competitivos.

La contradicción viene cuando se le pregunta a las eléctricas. Endesa dijo a principios de diciembre del año pasado que estaba vendiendo su generación propia de base —procedente de la energía nuclear, hidroeléctrica y renovable no regulada— en 71 €/MWh y que lo elevaría a 76 euros /MWh este año. De su lado, Naturgy lanzó para sus clientes residenciales, comerciales e industriales una tarifa fija durante tres años con un precio de 65 euros /MWh.

Iberdrola también se comprometió a no trasladar a la industria española la situación de los mercados internacionales siempre y cuando el Gobierno retirara el Real Decreto-ley que gravaba los conocidos como beneficios caídos del cielo (windfall profits en inglés). La compañía no dio detalles sobre precios, pero sí comunicó un acuerdo con Tubos Reunidos.

El Gobierno también pretende obligar a las grandes eléctricas a subastar energía entre comercializadoras independientes y grandes consumidores industriales. En concreto, la pretensión del Ministerio para la Transición Ecológica es que Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP oferten parte de su electricidad procedente de tecnologías inframarginales —nuclear, hidroeléctrica y algunos parques eólicos— de forma proporcional a su cuota mediante contratos a plazo con un periodo de liquidación igual o superior a un año.