El fracaso del impuesto a la banca complica el hachazo de Yolanda Díaz a las eléctricas

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere aplicar un impuesto que tase los beneficios de las grandes eléctricas para paliar los efectos de la crisis energética y compensar a las familias, como quiso hacer en su día el exlíder de Unidas Podemos con la banca.

Para ponerse en contexto, Iglesias planteó un impuesto especial a la banca para hacer frente a su política social y económica, con la que pretendía recuperar buena parte de las ayudas públicas inyectadas al sector financiero en la pasada crisis, por un importe total de 60.000 millones de euros.

El PSOE defendió que en el pacto de Gobierno con el partido morado no figuraba ningún tipo de gravamen especial para las entidades financieras, sino que consistía, a priori, en elevar el Impuesto de Sociedades en diez puntos para incrementar la recaudación.

Los socialistas echaron por tierra la pretensión de Unidas Podemos. Defendieron que no se podía castigar en demasía al sector financiero porque era clave para la recuperación y por el acercamiento en ese momento del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a los partidos de la derecha —especialmente Ciudadanos— para lograr salvar los Presupuestos Generales del Estado.

«Discriminatorio y anticonstitucional»

Además, ya en 2019, el PSOE acabó con la idea de Iglesias. En resumen, quería que pagaran bancos que fueran solventes y que no percibieron ningún tipo de ayuda directa. No obstante, expertos destacaron que era discriminatorio y, posiblemente, anticonstitucional.

Ahora, Yolanda Díaz emula la idea con Iberdrola, Endesa y Naturgy, al calor de su partido. En concreto, lo que propone Unidas Podemos es que se que tasen los beneficios de las eléctricas, más allá del Impuesto sobre Sociedades. La formación morada le ha trasladado ya la propuesta al PSOE, según ha podido saber THE OBJECTIVE, pero no ha recibido respuesta.

Por su parte, fuentes del sector aseguran a este medio que nadie del Ejecutivo ha trasladado a las empresas una propuesta concreta. No obstante, las compañías son conscientes de que Díaz no se contenta con la bajada de impuestos temporal que se aplica sobre la electricidad y que apuesta por que las grandes eléctricas del país paguen el incremento extra de la factura de la luz que sufren los consumidores con parte de sus beneficios.

Las eléctricas se preparan para litigar

Los expertos consultados por este medio consideran que la propuesta de Yolanda Díaz carece de viabilidad y advierten de que, de implantarse por alguna causa de excepcionalidad derivada de la invasión de Rusia a Ucrania, abriría la puerta a una «sonora litigiosidad».

El economista jefe de Tressis, Daniel Lacalle, aduce su dudosa legalidad porque considera que «no se puede imponer un gravamen selectivo a un sector». En el mismo sentido, los expertos en Derecho Tributario consultados recuerdan que cuando en el pasado se ha intentado imponer una medida de este estilo se ha tenido que detener el proceso ante su dudosa legitimidad. «No hay fundamento jurídico ni económico que permita expropiar los beneficios del año anterior», sentencian.

Además, el economista Javier Santacruz destaca que la propuesta de Díaz choca con el ordenamiento jurídico español «desde la Constitución a la Ley General Tributaria pasando por el Impuesto de Sociedades». De hecho, alerta sobre el problema de doble tributación que generaría, ya que los beneficios de las eléctricas ya soportan el gravamen del Impuesto de Sociedades y no pueden ser sometidos a un tributo adicional.

Subir el Impuesto de Sociedades

En su propuesta de reforma fiscal de febrero, la formación morada planteaba elevar de un 25% a un 35% el Impuesto sobre Sociedades a las eléctricas que facturen más de 10.000 millones anuales durante un periodo de cinco años, y con posibilidad de prórroga. También ha venido defendiendo la necesidad de crear una eléctrica pública.

Díaz ha llegado a deslizar la posibilidad de que el Ejecutivo destine los «grandes beneficios» de las eléctricas para «paliar» la pérdida del poder adquisitivo de los salarios tras la subida del Índice de Precios al Consumidor (IPC). «En este contexto de crisis tienen que redistribuirse esos beneficios. Las tres grandes eléctricas incrementaron un 47% sus beneficios antes de impuestos en 2021, con 10.022 millones de euros, y tienen que contribuir a esta crisis», ha dicho la vicepresidenta segunda, sin segregar las ganancias de las empresas por países.

El socio de Bernal & Sanz Bujanda Miguel Ángel Bernal manifiesta también su rechazo: «Rompe con el marco normativo español y genera desconfianza en los inversores». En este punto Bernal es especialmente contundente con el apuntalamiento de la seguridad jurídica: la medida, de implantarse por alguna circunstancia excepcional «restaría inversión en un momento poco propicio de cambio del modelo de generación energético». Y, en línea con Santacruz, remacha que sería una medida confiscatoria y de doble imposición, al gravar de nuevo unos beneficios que ya han tributado.

El Gobierno no lo baraja

Sin embargo, parece que es una idea que no baraja el Gobierno y que solo defiende la formación morada. «Fijar un límite al precio de la luz debe acompañarse siempre de la reducción de los beneficios millonarios e inmerecidos que reciben las empresas eléctricas. Sus cuentas de resultados del próximo año deben mostrar que todos esos beneficios han ido a reducir la factura de la luz», ha dicho en Twitter la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no se ha pronunciado en ningún momento en este sentido, mientras que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que lo que defenderá España en Bruselas es poner un límite al precio mayorista de la electricidad de 180 euros el megavatio hora (MWh).

Fuentes europeas manifiestan a este periódico que si Bruselas habilitase la adopción de medidas por parte de los Estado miembro para contener los efectos del factor energético en el bolsillo de las familias, habrá de aquilatar muy bien los términos en que puedan los países adoptarlas ya que, de otro modo, la UE se enfrentaría a una «indeseada ruptura de la unidad de mercado».

Beneficios caídos del cielo

Otro punto que arrastra gran controversia son los denominados beneficios caídos del cielo (windfall profits). Iberdrola, Endesa y Naturgy niegan percibirlos y señalan que lo que ha puesto de manifiesto el Real Decreto 17/2021 de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados de gas y electricidad es que «no hay nada que capturar».

Además, han defendido en todo momento que no se han beneficiado de la subida de precios de la electricidad en el mercado mayorista (pool), sino todo lo contrario. Ribera ha avisado de que España actuará por su cuenta si no encuentra el respaldo del Ejecutivo comunitario en el próximo Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo. Es por ello que en España será clave el Consejo de Ministros del día 29.

Otras opciones que se pueden dar es el desacople del gas de la fijación del precio de la electricidad en el pool y limitar las ofertas de electricidad de los ciclos combinados. En este último caso, según ha reconocido la propia Ribera, habría que establecer un plan de reparto de compensaciones para las eléctricas con centrales de gas, a las que se les pagaría la diferencia entre el precio máximo fijado y su coste real de producción.

España también aboga por la compra centralizada de gas a nivel europeo con el fin de reducir la dependencia del gas ruso a través de la diversificación de suministradores y del despliegue de las energías renovables.