El Gobierno traslada a las petroleras que busca fórmulas para bajar el precio de los carburantes

El Gobierno está buscando fórmulas para bajar el precio de los carburantes. Así se lo han trasladado esta tarde a las compañías petroleras la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

El encuentro se ha celebrado dentro del proceso de consultas con los sectores económicos que el Ejecutivo está acometiendo para elaborar el Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la guerra, que se prevé aprobar el 29 de marzo.

Fuentes conocedoras de la reunión trasladan a THE OBJECTIVE que ha sido una «puesta en común» para atajar las crisis energética y que el Ejecutivo está buscando fórmulas para bajar el precio de los carburantes.

Además de las dos representantes gubernamentales, han participado Maarten Wetselaar, consejero delegado de Cepsa; Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol; Andrés Guevara de la Vega, presidente de BP España; José Antonio Carrillo, presidente de la AOP, y José María Gordo, presidente de UPI.

Según Transición Ecológica, se ha abordado la evolución de los productos petrolíferos y su impacto sobre los consumidores, el sector del transporte y la economía española en general. «La reunión ha permitido intercambiar posiciones con vistas a adoptar medidas adecuadas a corto plazo para superar la coyuntura, junto con otras de medio y largo plazo para acelerar el proceso de transición energética, con un despliegue más rápido de las energías renovables y actuaciones de ahorro y eficiencia energética», apuntan desde el Ministerio.

Reunión con las eléctricas

Esta misma mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Teresa Ribera se han reunido con los primeros espadas de las eléctricas, en un encuentro en el que se ha descartado que se vaya a aplicar un impuesto extra a empresas como Iberdrola, Endesa o Naturgy como pide la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El Ejecutivo ha planteando también cargar a las petroleras parte del coste de los 500 millones de euros en ayudas al transporte de mercancías por carretera. El Gobierno se ha comprometido con el departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), que dice representar al 85% de las empresas del sector, a una bajada del precio del gasóleo.

Una parte de la bonificación en el precio de los hidrocarburos para los transportistas será con cargo público, pero otra la deberán sufragar las distribuidoras o comercializadoras de combustibles, amenazando especialmente a los grandes grupos: Repsol, Cepsa, BP y Galp. El sector aseguró que no sabía nada de la medida. El Gobierno concretará la medida este viernes en una nueva reunión con el CNTC.

En el Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo se debatirá sobre las posibles medidas para paliar el alza de precios en el mercado energético del continente.

Fondo para bajar la luz

El sector petrolero también está en contra del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) para sacar de la factura de la luz el coste de las primas a las energías renovables. El FNSSE se aprobó en diciembre de 2020 con el fin de que asuma los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore), de unos 7.000 millones de euros al año, correspondientes a las inversiones hechas en la primera parte del siglo.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jonz Imaz, dijo que el objetivo de trasladar el coste de las primas a las renovables del recibo de la luz a todas las energéticas tenía por objetivo «pagar a los fondos, en algunos casos especulativos», y las «fiestas de las eléctricas».

Por contra, Transición Ecológica defendió su puesta en marcha por un triple objetivo: evitar subidas en el precio de la electricidad, dar señales claras de electrificación de la economía y aportar certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permita la movilización de las inversiones necesarias en los próximos años.

Inversión en renovables

La mayor carga a las petroleras les llega en un momento en el que han sacado la billetera para apostar por las energías renovables. Repsol tiene el objetivo de alcanzar una capacidad instalada de renovables de seis gigavatios (GW) para 2025 y de 20 GW para 2030 y para lograrlo tiene previsto invertir 19.300 millones de euros, tanto en generación eléctrica renovable como en producción de hidrógeno verde hasta 2025. Del total, el 35% —6.500 millones— irá destinado a iniciativas de bajas emisiones.

Además, entre las diferentes opciones para financiar el crecimiento de la energética en el negocio de las renovables también incluyen operaciones como la que cerró en noviembre con Pontegadea, el vehículo inversor de Amancio Ortega. Se trató de la primera operación del fundador de Inditex en el negocio de las renovables tras hacerse con un 49% del parque eólico Delta —situado en la provincia de Zaragoza— por 249 millones de euros. Repsol también ha creado una empresa conjunta con Telefónica para la venta de paneles solares.

De su lado, Cepsa aspira a convertirse «en una empresa líder en soluciones basadas en energías renovables». El consejero delegado de la compañía, Maarten Wetselaar, dará cuenta de los planes de la empresa el 30 de marzo.

La empresa, que salió de pérdidas en 2021 tras anotarse un beneficio neto de 661 millones de euros, subraya que ya su transformación ya está en marcha y que el plan estratégico «se apoyará en la nueva estructura organizativa de la compañía y situará al cliente en el centro de nuestro impulso en materia de descarbonización».

En este contexto, Cepsa, controlada por el fondo Mubadala (61,5%) y participada por The Carlyle Group (38,5%), analiza diferentes alternativas para sus negocios —a la vez que potencia el crecimiento de los mismos—. En concreto, trabaja en la revisión estratégica de su negocio de Química, considerado como una de las joyas de la corona del grupo.