El Gobierno dispone de 14.000 millones de la SEPI y del ICO para ayudar a las empresas
El Ejecutivo deberá hacer encaje de bolillos para cuadrar las cuentas y asignar las ayudas para estos nuevos créditos blandos que prepara
El Gobierno español sigue sin concretar su hoja de ruta para combatir la crisis económica que está generando la guerra de Ucrania. Después de múltiples comparecencias de Pedro Sánchez y de todas sus ministras económicas en las últimas tres semanas, lo único que parece claro es que el grueso del Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra se centrará en dar ayudas directas a las empresas y personas más afectadas por la subida de los combustibles y de la electricidad.
En este sentido, el Ejecutivo cuenta con al menos 14.000 millones de euros en el cajón. Hablamos de 4.600 millones que no se han solicitado del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y de otros 9.000 millones de euros que están sin adjudicar de las líneas de crédito para empresas avaladas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Dos tipos de ayudas aprobadas hace dos años para afrontar los efectos de la pandemia, pero que ahora podrían cambiar de instrumento para ayudar con créditos blandos a empresas afectadas por la nueva crisis de la energía. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE indican que son unos recursos que el Estado no se reservará si es que no se utilizan y que se derivarán a este nuevo paquete de ayudas cuando sea pertinente.
Apoyo financiero del ICO
Lo poco que se conoce es que los créditos ICO volverán a ser protagonistas de las herramientas que utilizará el Gobierno en este nuevo paquete. Al reunirse con agentes sociales y con las comunidades autónomas a última hora del martes, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, detalló que uno de los objetivos del plan que se presentará el próximo 29 de marzo es proteger la estabilidad financiera.
La vicepresidenta primera indicó que se trabaja en medidas de refuerzo y apoyo financiero gestionadas por el ICO, aunque no aportó más detalles. En esta línea, el dinero que el Gobierno pueda destinar a esta iniciativa podría marcar la frontera entre su éxito o fracaso.
Con estrechez presupuestaria es clave conocer de dónde saldrán estos recursos ya que España y Bruselas apostaban solo hace unas semanas por comenzar a retirar de manera escalonada los estímulos y ayudas financieras de la pandemia. Es por ello que estos recursos sin adjudicar como los de la SEPI y los ICO son importantes para hacer esta transición de las ayudas covid hacia las ayudas por el impacto de la guerra de Ucrania.
Fondos europeos
La única salvedad es que tanto los fondos de la SEPI como los ICO están abiertos hasta el 30 de junio, tras la última prórroga que hizo el Gobierno a finales del año pasado. Bruselas amplió el marco temporal de ayudas por la covid hasta esa fecha y, aunque no se soliciten, estos recursos deberán estar disponibles al menos hasta ese momento.
Este diario ya informó que el objetivo del Gobierno es no prorrogar estas ayudas y sustituirlas por otro tipo de instrumentos -si es que Bruselas lo autoriza- que sustituyan estas herramientas enfocando los recursos hacia la reducción del coste energético de la guerra en las facturas de las empresas y las personas.
En este sentido, se valora poder contar con estas ayudas para comenzar a dar los créditos y después compensar, si fuese necesario, estos fondos. Otra de las soluciones para poder activar estos créditos blandos es buscar nuevos recursos en Europa. Como han informado algunos medios está sobre la mesa comenzar a pedir parte de los 70.000 millones de fondos europeos correspondientes a créditos que se esperaban solicitar a partir de 2024.
Pacto de Estabilidad
El problema con esta fórmula es la lentitud con que podría llegar este dinero. La burocracia de la Comisión Europea podría hacer que estos recursos tarden meses en concretarse y otro tanto en que lleguen efectivamente al tejido productivo. Esto obligaría a recurrir a un mayor endeudamiento fiscal.
Según ya contó THE OBJECTIVE Pedro Sánchez consiguió arrancarle a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, el «compromiso informal» de que las reglas fiscales se mantendrán suspendidas también en 2023 como consecuencia de la economía de guerra que se atisba tras la invasión de Rusia en Ucrania.
De esta manera, el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que fijaba la obligatoriedad de un 3% de déficit público y el 60% de deuda pública a los estados miembros tendrá que esperar, de momento sine die, hasta retomar su aplicación.
Ayudas de la SEPI
En los Presupuestos de 2022 se indica que el déficit de este año será del 4,3% y se esperaba rebajar la deuda hasta el 114% de PIB, aunque diferentes economistas advierten que será imposible cumplir este objetivo por la reducción del PIB y por el aumento del gasto en las medidas para paliar el impacto de la guerra en familias y empresas.
Respecto del fondo de la SEPI, hasta la fecha se han aprobado operaciones por valor de 2.040 millones, un 38% del total de los 5.365,5 millones solicitados. Es decir, que incluso si se resuelven todas las solicitudes quedarán 4.600 millones sin utilizar.
Ya se han habilitado ayudas para Air Europa, Ávoris Corporación Empresarial, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Tubos Reunidos, Rugui Steel, Hotusa, Grupo Airtificial, Grupo Serhs, Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Soho Boutique Hoteles, Grupo Abades, Técnicas Reunidas, Grupo Wamos, Eurodivisas y Grupo Ferroatlántica.
9.000 millones del ICO
En el caso de las líneas ICO, por estas fechas se cumplen dos años del lanzamiento de este instrumento que llegó al mercado con dos líneas de 140.000 millones de euros. La primera, de 100.000 millones, destinada a cubrir las necesidades de solvencia del tejido productivo. Y la segunda, de 40.000 millones con la intención de promover la realización de inversiones.
En una reciente comparecencia el presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, avisó de que la línea de crédito avalada por el Estado cuenta aún con 9.000 millones de euros disponibles para financiar a los pequeños negocios que lo necesiten. Tienen hasta junio para solicitarla y todo el dinero que no se utilice se «reciclará» para los nuevos instrumentos.