Suspenden un contrato de Enresa por posible trato de favor en su adjudicación
Denuncian posibles irregularidades y trato de favor a la UTE formada por Ensa y Holtec en un proceso de selección de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos
Central Nuclear de Almaraz. | Consejo de Seguridad Nuclear
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha suspendido la adjudicación de un contrato por parte de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) por posible trato de favor a las empresas beneficiarias.
En concreto, el organismo ha suspendido provisionalmente el procedimiento de contratación que actualmente tramita Enresa para el diseño, apoyo al licenciamiento, fabricación y suministro de un sistema de almacenamiento y transporte de combustible nuclear gastado de las centrales de Ascó I y II, Almaraz (Unidades I y II), Vandellós II y Cofrentes. El contrato tiene un valor de 182 millones de euros.
La resolución de este órgano responde a un recurso presentado por el despacho Gómez-Acebo & Pombo en representación de las empresas recurrentes TN Americas y Orano España. El documento, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, denuncia posibles irregularidades y trato de favor a la UTE (unión temporal de empresas) formada por Ensa y Holtec International en el proceso de selección del que TN Americas y Orano fueron descalificadas en favor de la primera.
El tándem TN Americas-Orano basó su recurso en dos argumentos iniciales. Uno, la unión empresarial preterida del proceso discute en su recurso que la Comisión de Asistencia Técnica diera por subsanada la deficiencia incurrida por su competidor en la licitación (TN Americas- Orano) a la hora de prestar la garantía provisional, en virtud de un acuerdo de noviembre de 2021. Y dos, el recurrente considera que los motivos de su exclusión del procedimiento de licitación —por acuerdo de febrero de 2022— procedieron de juicios de valor y que, además, la puntuación que obtuvieron fue inferior al umbral mínimo.
Por tales motivos, en un profuso recurso solicitó del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la anulación de ambos acuerdos, al no poder —por una parte— considerarse subsanada la deficiencia en la prestación de la garantía provisional por parte de Ensa-Holtec y también senda anulación del acuerdo de febrero, de forma que pueda realizarse una nueva valoración corrigiéndose los errores por el recurrente advertidos.
Posible contencioso administrativo
La suspensión cautelar por parte del órgano que dirime sobre discrepancias en la contratación pública puede derivar en un contencioso administrativo, explican fuentes conocedoras del proceso de contratación pública.
Enresa es una empresa estatal, a la que se le encomienda la gestión de los residuos radioactivos y el desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares, de acuerdo con el Plan General de Residuos Radioactivos aprobado por el Gobierno. Su capital social pertenece en un 20% a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y en un 80% al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación.
Por su parte, Ensa es una sociedad mercantil estatal que opera en el ámbito de la industria nuclear civil desde su creación en 1973. Su capital es íntegramente público, con un 78,25% en posesión de la SEPI y el 21,75% restante a la Dirección General de Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda.
Expertos en el sector energético explican a este diario que una empresa como Enresa debe consultar con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) cuestiones como la idoneidad de la tecnología, criterio o estándares internacionales que aplicar en sus tareas de gestión de los residuos, y que debe guiarse por el VII Plan De Gestión de Residuos Radiactivos, no aprobado en la fecha de lanzamiento del concurso para la contratación en liza.
«Indiscutible» relación previa
De fondo, subyace una decisión estratégica y de política energética con consecuencias económicas, máxime cuando en el órgano de control institucional y organización de la compañía pública se sientan representantes de distintas carteras del Gobierno.
El recurso señala la «indiscutible» relación previa entre Enresa, Ensa y Holtec, con adjudicación de contratos por un valor total de casi 245 millones de euros: 197.020.253 euros para Ensa y 47.309.548 euros para Holtec. «Ambas entidades forman parte del mismo grupo empresarial estatal, están participadas por la misma sociedad matriz y sus órganos de gobierno y dirección están integrados por empleados públicos de la Administración General del Estado», apunta el texto.
En este contexto, la defensa acusa a Enresa de adjudicar a Ensa «múltiples contratos mediante un procedimiento negociado y sin publicidad». «Tenía una posición privilegiada para resultar adjudicataria del contrato debido a dicha vinculación con el órgano de contratación», resalta la defensa en su escrito.
«Diferente» criterio
No obstante, el despacho quiere dejar claro que «no se cuestiona» la posibilidad de que una sociedad pública pueda concurrir como licitador a un proceso de contratación convocado por otra sociedad pública de su mismo grupo empresarial —la SEPI—.
El recurso también denuncia «diferente» criterio del órgano de contratación sobre la ampliación para la presentación de ofertas. Orano planteó el 20 de agosto de 2021 que se ampliara la fecha máxima de entrega de ofertas, atendiendo a la «complejidad de los requisitos de licitación y las circustancias actuales que rodean a la covid-19».
Enresa contestó que consideraba «suficiente» el plazo dado. Posteriormente, el 5 de octubre del mismo año, Ensa-Holtec pidió la misma cuestión y aquí Enresa acordó ampliar la fecha hasta el 10 de noviembre a las 13.00 horas.
«Resulta francamente sorprendente que este, sin sonrojo de ningún tipo, haya dado una respuesta absolutamente contraria a un licitador y a otro, en una cuestión tan esencial como es la posibilidad que se planteó de ampliar el plazo de presentación de ofertas», indica el recurso.
