Madrid reprocha a Garzón el cargarle a las comunidades el control del descuento de los carburantes

El consejero de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha reprochado al ministro de Consumo, Alberto Garzón, que haya atribuido a las administraciones autonómicas el control de los descuentos sobre los carburantes implantado por el Gobierno.

En un carta enviada el lunes, a la que ha tenido acceso Europa Press, el consejero madrileño ha deplorado que «se esté convirtiendo en una práctica habitual asignar competencias o nuevas funciones a los servicios de inspección en materia de consumo de las comunidades autónomas» sin que hayan sido «previamente informados» y encontrándose con dichas asignaciones de funciones cuando la norma es publicada en el Boletín Oficial del Estado.

En esta ocasión se ha referido concretamente, tal y como ha recogido en la misiva, al artículo 21 del Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania.

«Los servicios de inspección de consumo de las administraciones públicas, de acuerdo con las facultades atribuidas en la normativa propia, velarán por el cumplimiento de la realización efectiva del descuento que da lugar a la exoneración de la prestación patrimonial no tributaria establecida en este artículo y comunicarán a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, siguiendo el procedimiento de urgencia que al efecto regulará los posibles incumplimientos detectados«, señalado dicho artículo.

Esta no es una competencia propia del Gobierno autonómico

En este sentido, Lasquetty ha recordado a Garzón que «los servicios de inspección de consumo de las comunidades autónomas no ostentan competencia alguna en la supervisión de los mercados de hidrocarburos, competencia ésta que le corresponde a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia«.

Por ello, ha señalado que resulta «del todo improcedente atribuir a los servicios de consumo autonómicos funciones de control de la aplicación de los descuentos que justificarán, en su caso, la exoneración de la prestación patrimonial no tributaria aplicable a los operadores al por mayor de productos petrolíferos con capacidad de refino en España y con una cifra anual de negocios superiores a 750 millones de euros».

El consejero madrileño ha sostenido que no pueden compartir que, «bajo el loable objetivo de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios«, se articulen «medidas que generan inseguridad jurídica y que no respetan el principio constitucional de libertad de empresa».