Manuel Pérez-Sala: «España necesita otra reforma laboral»

El presidente del Círculo de Empresarios nos recibe en una luminosa sala de reuniones, desde donde se puede admirar el cielo de Madrid. Sin prisa, pero sin pausa, analiza las carencias y oportunidades de la economía española. Manuel Pérez-Sala ofrece una tras otra propuestas económicas bien distintas a las aplicadas por el gobierno de Pedro Sánchez. Defiende firmemente la Gran Coalición entre PP y PSOE, pero no le hace ascos a una hipotética coalición PP-Vox, siempre que su política sea centrada, algo que, en su opinión, no ocurre con las políticas del Gobierno de Sánchez.

Pérez-Sala propone fórmulas alternativas para evitar que suban los impuestos, advierte de la necesidad de volver a hacer una reforma laboral que nos lleve a la situación en la que estábamos antes de este Gobierno, explica sus propuestas para hacer eficiente el gasto público, que pasan, entre otras cosas, por suprimir municipios, de 8.200 a 1.500 en distintas fases y finiquitar las diputaciones, lo que supondría un ahorro de entre 5.000 y 6.000 millones de euros, según sus cálculos. El presidente del Círculo de Empresarios advierte de la delicada situación que atraviesan nuestras pensiones, hasta el punto de ponerse en riesgo su solvencia y comparte con THE OBJECTIVE sus recetas, expuestas asimismo al ministro Escrivá, aunque sin éxito. La fórmula empleada por el Ejecutivo en el Sistema Público de Pensiones es, en su opinión, injusta e inadecuada, además de convertirse en un atentado contra la libertad del ciudadano.

Pregunta.- ¿Les ha aliviado la aprobación del Decreto de medidas para paliar los efectos de la crisis o hubieran preferido que decayese para empezar de cero con las recetas?

Respuesta.- En absoluto. Nosotros somos partidarios de soluciones constructivas. No subir el impuesto de los carburantes nos parece bien y es lo que pedíamos desde hace tiempo. Lo único que podemos sostener es que quizá el modo no sea el más adecuado. Hubiéramos preferido que los impuestos especiales sobre hidrocarburos, o el IVA de los combustibles se hubieran bajado más y no que el Estado mantenga su nivel de recaudación y conceda un descuento. Realmente ese mecanismo es mucho más transitorio en el tiempo y, en definitiva, supone aumentar el papel que juega el Estado en la formación de precios. Es una medida intervencionista y es mucho más saludable para la economía rebajar la parte que no depende del mínimo de la UE, para conseguir lo mismo.

P.- ¿Pierden la esperanza de que eso se pueda implementar más adelante, aunque no sea ya en este Decreto que se ha convalidado sin posibilidad de modificación, con los votos a favor, entre otros, de Bildu?

R.- El Estado está viviendo una recaudación récord en estos momentos. Y el mantenimiento de esos impuestos tanto en hidrocarburos como en otros productos produce un elemento multiplicador de la inflación. Y nos interesa que la inflación suba lo menos posible, por lo que la utilización de las políticas fiscales para reducir la inflación pasa por que el Estado modere sus ingresos en momentos en los que ese incremento de ingresos colabora con el incremento de la inflación.

P.- En el debate sobre si es necesario o no bajar impuestos para luchar contra la inflación y en este contexto de guerra en Ucrania, con las incertidumbres que genera, ustedes son claramente partidarios de bajarlos y apuestan por los efectos beneficiosos…

R.- Ese debate se está produciendo en términos políticamente correctos que confunden a la opinión pública. Cuando un partido político habla de bajar impuestos, lo expresa de forma errónea. No se bajan impuestos, sino que hay que decir que lo que se promueve es que no se suban más. Cada vez que se produce una situación de inflación y no se actualizan las bases a las que se aplican los tipos de renta, se está implícitamente, subiendo los impuestos, porque una persona recibe un salario más alto por convenio colectivo y tiene que pagar más impuestos. Lo que decimos es que no se debe confundir la petición de que se bajen los impuestos, porque lo acertado es pedir que no se suban, que es lo que está ocurriendo de forma implícita. En momentos de crisis no se pueden subir los impuestos. Y la medida propuesta por un partido (el PP) no propone una bajada sino que intenta evitar la subida de impuestos. 

P.- Con todo, hay una brecha abierta entre la España productiva, que ve aumentar sus salarios muy por debajo de la inflación y pensionistas, beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital,  a quienes se les revalorizan las retribuciones al IPC…

R.- Hay que distinguir entre la inflación total y la subyacente. Los productos energéticos están provocando un sobreaumento de la inflación, que ya está calentada por el aumento del coste de las materias primas. Cuando el elemento de referencia es la inflación real corremos el riesgo de distorsionar la economía. La inflación es un elemento destructivo del ahorro, de la inversión, de la iniciativa empresarial y es muy negativa. En definitiva, tendríamos que tomar la inflación subyacente y no la total, porque vivimos una inflación energética muy alta por la subida de los hidrocarburos y el gas. Pero esas subidas tienen un límite temporal. Hoy el gas cotiza a 100 euros el megawatio, pero a futuro, en un año, cotiza a 50 euros, que es, curiosamente, la cifra que ha marcado la UE a España y Portugal. En definitiva, la UE está diciendo a los países díscolos que anticipen un año el precio del gas, porque la inflación energética no va a mantenerse en el tiempo. En materia de petróleo, por ejemplo, si el precio del barril sube, se pone en marcha la oferta de fracking de EE.UU, que sale a unos 60 dólares. Por eso el barril de petróleo no puede estar mucho tiempo a 110 dólares, porque la oferta lo obliga a bajar. 

P.- En todo caso, la última cifra de inflación subyacente ofrecida por el INE es de 4,4%. Eso suena peligroso…

Efectivamente. Si nos fijamos en los 4-5 grandes convenios colectivos aprobados, la subida está por encima del 5%. Estamos calentando la economía nosotros mismos. Lo lógico sería haber subido un 3%, que es la cifra que marcó la inflación subyacente el año pasado. Si aceptamos la subida generalizada de salarios y costes nos encontraremos con una inflación disparada, que genera pobreza y desempleo.

P.- ¿Se hace necesario el pacto de rentas, que no llega?

R.- Creo que el Pacto de Rentas se producirá de forma natural, porque la economía son vasos comunicantes: inmediatamente se equilibran los costes. Una empresa no puede subir lo que quiera el precio de sus productos, porque cae la demanda y si además las personas que van a comprar esos productos no ven crecer sus salarios, la empresa no va a subir los precios en la misma proporción que pudiera hacerlo. Lo que va a hacer es pedir a sus trabajadores que también moderen sus salarios. Al final se produce un reparto del impacto del sobrecoste energético entre el cliente, el empresario y los trabajadores. El pacto de rentas se produce de forma natural casi siempre y tenemos que esperar que la sociedad reaccione de forma natural, porque establecer unas rentas medias para todos, por indicación gubernamental, dañaría la flexibilidad empresarial y la capacidad de los interlocutores sociales para llegar a acuerdos libremente. 

P.- ¿Qué espera de la celebración de este 1º de Mayo, cuyo lema, en esta ocasión es  «La solución: subir salarios, contener precios +Igualdad»?

R.- El Primero de Mayo siempre es una fiesta, porque todos somos o hemos sido trabajadores y hay que celebrar que los trabajadores tienen unos derechos consolidados y tienen mecanismos legales para protegerse frente abusos. Pero las personas que aglutinan esa fiesta son personas que, en muchas ocasiones, no nos representan.

P.- ¿Se refiere a los sindicatos, a sus líderes?

R.- Los sindicatos que no apoyan a los transportistas cuando los tienen que apoyar, que están centrados en las Administraciones Públicas y grandes empresas y no representan a los trabajadores de las Pymes, a los autónomos. Todos estamos sujetos a condiciones abiertas de mercado, menos los sindicatos.

P.- ¿No es el pez que se muerde la cola? los sindicatos representan a los trabajadores de aquellas empresas que tienen representación sindical…

R.- Pero desde la última reforma laboral los sindicatos representan a todos los trabajadores, porque la negociación colectiva se ha roto; se ha roto el principio de que cada empresa pueda negociar con sus trabajadores. Ahora resulta que las empresas reciben los mínimos de los salarios que tienen que pagar a sus trabajadores por convenio de una negociación que firman unos sindicatos nacionales, que o están presentes en esas empresas, y de una CEOE que defiende intereses generales, pero no los particulares de las empresas. La situación ha cambiado mucho…

P.- ¿Y qué habría que hacer para mejorarla?

R.- Cambiar la reforma laboral, hacer una nueva reforma laboral para volver a la situación anterior. España no ha llegado todavía a la Reforma Laboral que necesita. España necesita otra Reforma Laboral.

P.- ¿Qué problema supone en el día a día del empresario la obligatoriedad de contratación indefinida que ha introducido la Reforma Laboral?

R.- Lo que digo, no lo menciono en mi calidad de empresario, sino como miembros de un centro de pensamiento, en defensa de los intereses generales, no estrictamente de los empresarios. Este aspecto perjudica a los trabajadores, porque la economía española ha necesitado la temporalidad, para evitar las contrataciones indefinidas. Cuando se recurre a prohibir en lugar de incentivar, se está provocando la precariedad laboral. Como el exceso de temporalidad tiene que ver con los costes del despido, nosotros hemos propuesto una alternativa: equiparar las indemnizaciones de los contratos temporales (12 días por año trabajado) y las de los indefinidos (20 días por año). Si las indemnizaciones por despido son idénticas, en ambos casos de 16 días por año, se rompe la dinámica de despido para rebajar el coste.  

P.- En los últimos datos que recoge la Encuesta de Población Activa (EPA) hay una cifra récord de contratación indefinida y el Gobierno ha sacado pecho por ello…

R.- Es lógico… pero tiene una razón cortoplacista. Si un empresario tiene un contrato firmado para prestar un servicio y para ello ha contratado a alguien por un periodo superior a un año, no tiene más remedio que contratarlo de forma indefinida, pero nadie habla de los contratos que no se van a celebrar dentro de medio año, un año…

P.- En ese sentido ¿cuánto cree que habrá que esperar para ver los efectos reales de la Reforma Laboral?

R.- Los efectos de la Reforma Laboral se verán en un periodo comprendido entre uno y dos años. Y los efectos probablemente, serán negativos. 

P.- ¿Tiene una cuantificación de esa merma?

R.- Es algo muy complejo, porque no se trata de contabilizar cuánto empleo se destruye, sino cuánto se deja de crear por la aplicación de esta Reforma Laboral y cómo eso provoca que la recuperación de nuestra economía sea más lenta. 

P.- Son ustedes firmes defensores de la racionalización del gasto público y de su eficiencia ¿por dónde empezar a recortar, en España?

R.- Estamos trabajando en eso, precisamente. Por ejemplo, reformar la Administración Local: Diputaciones, Ayuntamientos … Hay que bajar de 8200 a 3500 Ayuntamientos en una primera fase y, posteriormente, a 1500. Eso lo han hecho, en los últimos 50 años, todos los países de Europa, excepto España. De este modo, podríamos conseguir que los Ayuntamientos tuviesen servicios que hasta ahora cubrían las Diputaciones. Y la supresión de las Diputaciones, también supone un ahorro importante…Ese es el ahorro resultante de reducir servicios y coste político de las Diputaciones. Esa reforma puede suponer un ahorro de 5.000 a 6.000 millones de euros. Es la combinación de reducir el coste de las Diputaciones y la concentración de los Ayuntamientos.

P.- ¿Apuntan a las entidades locales y sus duplicidades, que suelen presentar superávit,  y no mencionan a las comunidades (algunas uniprovinciales, incluso) que sí generan déficit ¿No es algo injusto?

R.- Al final, quien paga es el ciudadano. Y paga más a la Corporación local, paga menos a la comunidades y paga menos al Estado de lo que debería pagar. Lo que hay que hacer es equilibrar estos ingresos, para que el coste total que paga el ciudadano, con independencia de a quién se lo pague, sea menor. 

P.- Del mismo modo en que usted tacha de intervencionistas ciertas actuaciones del gobierno ¿Cree que algunos partidos políticos pueden considerar poco propia su propuesta de reforma, que modifica el modelo, la existencia y la distribución de las administraciones del Estado?

R.- No estamos interfiriendo en nada. Los dueños del país somos los ciudadanos y tenemos todo el derecho de pedirle a los partidos políticos que trabajen para nosotros. No es una cuestión de injerencia sino de conflicto de interés ¿Por qué los partidos políticos no suprimen las Diputaciones? Porque perderían una buena parte de los ingresos locales y provinciales que tienen. Y la misión de la sociedad civil es decir que queremos ser mejor administrados, de forma más eficiente, que nuestro dinero vaya realmente a satisfacer nuestras necesidades y que el coste de administración, como sucede en una ONG, sea proporcional al servicio que recibimos. Si en una ONG se dedicase, en lugar del 10% a la administración, el 40 o el 50%, no nos gustaría y no contribuiríamos a su sostenimiento. El Estado tiene que ser fiel al mandato que tiene de los ciudadanos y ser eficaz en la prestación de servicios y minimizar los costes de administración. Y en este punto, los partidos entran en un conflicto de intereses, personal y de partido. 

P.- ¿Qué grado de seguridad jurídica tiene el empresario español?

R.- La seguridad jurídica es baja y España se está deteriorando en los ratings internacionales, no sólo en seguridad jurídica, sino en calidad institucional. Gobernar y plantear como una medida en beneficio de la sociedad la limitación de precios de los alquileres, o del precio de la electricidad, cuando la mayor parte del precio eléctrico son impuestos, son políticas que, para las compañías que operan en estos sectores se produzca una situación de inseguridad jurídica, a veces insoportable, porque las reglas del juego deben ser estables. Todos debemos colaborar en la solución de problemas, pero la solución populista de hacer que el problema lo pague otro no es duradera en el medio y largo plazo y provocará un problema de inseguridad jurídica y, en consecuencia, de atracción de inversión extranjera en España.

P.- ¿La gestión de este gobierno está desincentivando o ahuyentando la inversión extranjera?

R.- Las inversiones en sectores que se están hiper regulando, están disminuyendo. Me refiero a los sectores de vivienda, inmobiliario, energético. Se están regulando de forma muy intensa y eso no es bueno. 

P.- ¿Qué futuro le augura al Sistema Público de Pensiones, después de escuchar, por ejemplo, las palabras del ministro del ramo, el señor Escrivá, que parece que dice cosas ahora distintas a las que dijo cuando fue presidente de la AIREF?

R.- Sí, dice cosas distintas. Solo hay que ver la hemeroteca. Nosotros hemos tratado de hacer una propuesta imaginativa sobre pensiones y concluimos que, para seguir pagando la misma pensión a un jubilado, esa persona debería jubilarse a los 70 años, porque en 1978, cuando se establece el sistema actual de pensiones, una persona se jubilaba a los 65 años, de media, y su esperanza de vida era de 75 años. Hoy una persona se jubila a los 67 y su esperanza de vida es de 85. Las matemáticas podrán gustar más o menos, pero son matemáticas. Por eso decimos que España debería adoptar un sistema similar al de Suecia o Italia, que es un sistema de cuentas. Cada ciudadano sabe cuánto ha contribuido y, suponiendo que una persona se jubilase a los 70 años, dividiendo todo lo que ha contribuido por su esperanza de vida, le resultaría una pensión muy similar a la que se obtiene ahora, pero para conseguir que aquellos ciudadanos que puedan jubilarse un poco más tarde, en España, estamos planteando un sistema de penalizaciones e incentivos: si te jubilas a los 68, tendrá una pensión un 15% inferior y si lo hace a los 72, será un 20% superior. 

P.- Parece poco solidario que a una persona que lleva 40 años cotizados se le reste un 15% de su pensión por jubilarse dos años antes…

R.- Claro…por eso el sistema de suecos e italianos rompe ese principio: cada cual recibe en función de lo cotizado y cada cual verá cuándo quiere jubilarse, viendo la contribución que ha hecho y lo que le queda. Se trata de dejar libertad para la jubilación, manteniendo la protección a los colectivos desfavorecidos, que no podrían jubilarse a los 70, por el propio carácter de su empleo (pescadores, trabajadores del campo…) porque para eso está el Estado, para ser solidarios con los colectivos que lo necesiten. Pero eso es un 10% de la población. El otro 90% tiene que regirse por un sistema justo, en la que cada persona decide cuándo se jubila y con qué pensión.  Además, el sistema pasaría a no generar déficit público, porque cada pensión estaría equilibrada.

P.- En definitiva, no son partidarios del sistema que propone el gobierno…

R.- No nos parece justo ni adecuado. Se está bajando la contribución a fondos de pensiones individuales y se va a mantener la contribución al fondo de pensiones de empresa o públicos, al superfondo. Eso, en nuestra opinión, es un atentado contra la libertad del ciudadano, que tiene que decidir dónde pone sus ahorros. No quiero decir que en España vaya a suceder algo como lo ocurrido en Argentina, pero la situación es preocupante.

P.- ¿Qué opinión le merece la gestión de los fondos europeos hasta la fecha? Podemos leer en la prensa simultáneamente que el Gobierno ha dado salida ya al 60% d ellos mismos y que la CEOE se queja de que sólo ha llegado el 25% de ellos…

R.- Son cuestiones ciertas ambas e incluso compatibles. Hay una especie de engaño contable con respecto a los Fondos Europeos. La UE paga al Estado y el Estado los deriva a las comunidades, organismos estatales o a las distintas agencias. Y son estos los que los derivan al destinatario final. Pero sólo ha llegado el 25% a esos destinatarios finales.

P.- ¿Quién es el responsable de que se estén paralizando?

R.- En muchas ocasiones, los criterios para que las comunidades distribuyan los fondos no están claros. El gobierno distribuye fondos a las comunidades, pero a veces no les indica cómo asignarlos y estamos ante una situación de confusión tan característica de este país, en la que unos y otros no se ponen de acuerdo.

P.- Pues con este panorama no se entiende que Ursula Von Der Leyen salga reiterando que España es un ejemplo de gestión de los fondos europeos…

R.- Porque los responsables de la UE solo ven la primera parte, que España solicita y presenta los requisitos oportunos, pero no llega hasta la distribución final de los fondos.

P.- ¿Tenemos un problema de hiperburocracia?

R.- Italia, por ejemplo, planteó otro sistema: una agencia público privada, un único destinatario que recibe los fondos y los distribuye. Y esa distribución está yendo mejor. En España tenemos una cadena de distribución, otra de intervención… tenemos de todo, para hacer más lenta la distribución de los fondos. 

P.- ¿La síntesis de su opinión sobre la acción económica del Gobierno podría ser casi una enmienda a la totalidad?

R.- Nosotros hacemos propuestas constructivas. Creemos que se están haciendo cosas bien, como la bajada del precio de los carburantes, aunque no nos gusta mucho el cómo, pero es positivo. Sin embargo, pensamos que se puede hacer mucho más y este país necesita hacer muchísimo más y muy pronto. 

P.- ¿Tienen una buena interlocución con el gobierno?

R.- Sí. Hablamos regularmente con los ministros del ramo, con los que tienen representación en los temas económicos… Con Nadia Calviño o con José Luis Escrivá…con Yolanda Díaz hemos intentando hablar en varias ocasiones pero no ha sido posible por problemas de agenda. Pero lo hemos intentado. Tenemos una relación fluida con estas personas, lo que ocurre es que ellos tienen su agenda y nuestras propuestas no caben en ella, porque piensan que, probablemente, de aplicarlas, podrían desestabilizar la coalición de gobierno. 

P.- Vamos, que les agradecen las aportaciones y les responden que no puede ser…

R.- Una especie de «muy interesante lo que nos dicen ustedes sobre las pensiones, pero hemos decidido, con nuestro socio de gobierno, actualizar las pensiones de acuerdo con el IPC y eso no se puede cambiar». Todo eso a pesar de que les decimos que hay un problema grave con el sistema de pensiones y que, si se siguen actualizando con el IPC tendremos un problema de solvencia.

P.- Es parecido a la respuesta que da públicamente el ministro Escrivá, que se remite a que es el Parlamento y Pacto de Toledo quienes han decidido hacer esa actualización de las pensiones de ese modo… 

R.- Vivimos en un momento en que el Parlamento no tiene la independencia que nos gustaría que tuviera. El Pacto de Toledo es una comisión que refleja la composición del Parlamento, donde los partidos del pacto de gobierno tienen mayoría…

P.- ¿Cree que a España le sentaría bien una gran coalición, a la alemana?

R.- Sin lugar a dudas. Cuando un país vive situaciones excepcionales, con circunstancias excepcionales, tiene que asumir soluciones excepcionales. Es posible que en España no tengamos costumbre de hacer coaliciones entre centro derecha y centro izquierda, pero la situación lo requiere. ¿A qué esperamos? ¿Qué tiene que pasar? 

P.- ¿Y una coalición PP-Vox?

R.- Nosotros aceptamos cualquier planteamiento político, pero nos gustan las ideas centradas. Si el resultado de esa coalición diera como fruto políticas centradas, no tengo por qué poner reparos. De igual modo que esperábamos a que la política de PSOE -Podemos fuera centrada, pero no lo es. 

P.- ¿Cuál es su previsión para los próximos seis meses de la situación económica mundial, a causa de las consecuencias de la Guerra en Ucrania?

R.- El mundo ha cambiado y toda la geopolítica ha variado. Europa y parte del mundo ha puesto un cerco a una serie de fuentes de energía procedentes de Rusia. Y habrá que encontrar, en el plazo de un años, o dos años, fuentes alternativas, porque sino seguiremos dependiendo de Rusia. Y eso es un problema. Europa tiene que converger y llegar a acuerdos y soluciones en materia de Defensa y de Energía. Si no lo hacemos, tendremos un grave problema y nuestros hijos lo tendrán mayor. Es irrelevante quién la integre, pero es imprescindible que Europa actúe unida.