El Congreso rechaza la propuesta de ERC de dar más competencias laborales a Cataluña
El grupo presentó una propuesta que escondía la cesión de mayores competencias en materia de inspección laboral para la Generalitat
Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados. | Europa Press
La Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados ha votado este martes en contra de la propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que escondía la cesión de mayores competencias en materia de inspección laboral para la Generalitat de Cataluña, una vieja demanda de los nacionalistas catalanes y que estuvo sobre la mesa en la negociación de la reforma laboral del Gobierno con este grupo parlamentario.
El grupo incluyó esta petición en una proposición no de Ley que registró en febrero pasado pidiendo reforzar la fiscalización de la Ley rider que regula la contratación de los repartidores de las grandes plataformas digitales. En el punto dos de esta proposición quiso ‘colar’ más competencias laborales para la Generalitat y para la Conselleria d’Empresa i Treball.
Como denunció este diario, había bastante terreno avanzado para que Unidas Podemos y PSOE aprobaran esta petición, aunque tras la denuncia de THE OBJECTIVE, esta propuesta finalmente ha sido rechazada. De esta manera, y un hecho bastante poco habitual en las votaciones de las comisiones, se decidió votar la proposición no de Ley punto por punto, lo que permitió dar luz verde a todas las propuestas relacionadas con la Ley rider, pero rechazando la de las concesiones.
Fiscalización de la ‘Ley rider’
Es así como se validaron por mayoría los puntos, uno, tres y cuatro. Se aprobó de esta manera instar al Gobierno a «adoptar todas las acciones legales a su alcance para que las compañías del delivery cumplan escrupulosamente con el Real Decreto-ley 9/2021, denominada como Ley rider».
También se acordó instar a que la Inspección de Trabajo incida e incremente su trabajo de supervisión con aquellas empresas que, de forma reiterada, están infringiendo la ley; y convocar, en el plazo máximo de seis meses, a los agentes económicos del sector a mantener un diálogo social, «con el fin de garantizar una competencia equilibrada, justa y adecuada a la nueva normativa».
Y se rechazó -también por mayoría abrumadora- realizar en un «plazo máximo de seis meses» los traspasos competenciales requeridos por parte de la Conselleria d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya en relación con la Inspecció de Treball, con «la correspondiente dotación presupuestaria» para garantizar el correcto cumplimiento de todos los operadores del Real Decreto.
Fracaso de la norma
De esta manera, solo sale adelante el espíritu de la proposición no de Ley para aumentar la fiscalización de la Ley rider. «Pese al enorme esfuerzo realizado por algunas plataformas para adaptar el modelo operacional a los nuevos requerimientos legales, nos encontramos que otras compañías siguen operando con el modelo de trabajadores autónomos, violando deliberadamente la nueva normativa aprobada en las Cortes Generales, y generando una distorsión en el mercado que perjudica al resto de compañías que sí cumplen con la ley», indicó ERC en el documento de registro de la proposición.
Según los republicanos, desde su puesta en marcha -hace diez meses- no se ha logrado que los casi 30.000 repartidores del sector tuviesen un contrato por cuenta ajena, tal y como marca la ley. Incluso ponen el foco en compañías como Glovo -aunque sin nombrarlas- que han sido denunciadas públicamente de no cumplir con la normativa.
Glovo, en el punto de mira
Según las cifras aportadas a este periódico por el sindicado UGT, hay al menos 15.000 cuentas que siguen trabajando con el modelo de autónomos, tres de cada cuatro de los actuales 20.000 repartidores. Y todos con Glovo.
Este diario también ha informado de que no sólo no ha logrado que los casi 30.000 repartidores del sector tuviesen un contrato por cuenta ajena con sus respectivas plataformas, sino que además ha sido la causante de que 10.000 riders se quedasen sin empleo durante 2021.
Las compañías han adoptado diversas fórmulas para esquivar la normativa, lo que ha generado que solo una mínima parte de ellas realmente haya mejorado las condiciones de sus repartidores. Los que han logrado mantener su trabajo siguen siendo mayoritariamente autónomos, el resto reparten a través de subcontratas y un porcentaje pequeño está contratado por la propia plataforma.
