ERC negocia con el Gobierno nuevas concesiones con la excusa de la 'Ley rider'

La Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados votará este martes una proposición no de Ley de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que pide reforzar la fiscalización de la Ley rider que regula la contratación de los repartidores de las grandes plataformas digitales.

La propuesta, que según ha podido conocer THE OBJECTIVE tiene muchas posibilidades de ser aprobada tras las negociaciones que se están produciendo con PSOE y Unidas Podemos, ‘esconde’ la cesión de mayores competencias en materia de inspección laboral para la Generalitat de Cataluña, una vieja demanda de los nacionalistas catalanes y que estuvo sobre la mesa en la negociación de la reforma laboral del Gobierno con este grupo parlamentario.

La proposición no de Ley «pide adoptar todas las acciones legales a su alcance para que las compañías del delivery cumplan escrupulosamente con el Real Decreto-ley 9/2021, denominada como Ley rider». Aunque acto seguido solicita realizar en un «plazo máximo de seis meses» los traspasos competenciales requeridos por parte de la Conselleria d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya en relación con la Inspecció de Treball.

«Dotación presupuestaria»

ERC pide además de estos traspasos competenciales «la correspondiente dotación presupuestaria» para garantizar el correcto cumplimiento de todos los operadores del Real Decreto. También pide que la Inspección de Trabajo incida e incremente su trabajo de supervisión con aquellas empresas que, de forma reiterada, están infringiendo la ley y piden convocar, en el plazo máximo de seis meses, a los agentes económicos del sector a mantener un diálogo social, «con el fin de garantizar una competencia equilibrada, justa y adecuada a la nueva normativa».

Según los republicanos, desde su puesta en marcha -hace diez meses- no se ha logrado que los casi 30.000 repartidores del sector tuviesen un contrato por cuenta ajena, tal y como marca la ley. Incluso ponen el foco en compañías como Glovo -aunque sin nombrarlas- que han sido denunciadas públicamente de no cumplir con la normativa.

«Pese al enorme esfuerzo realizado por algunas plataformas para adaptar el modelo operacional a los nuevos requerimientos legales, nos encontramos que otras compañías siguen operando con el modelo de trabajadores autónomos, violando deliberadamente la nueva normativa aprobada en las Cortes Generales, y generando una distorsión en el mercado que perjudica al resto de compañías que sí cumplen con la ley», indican en el documento de registro de la proposición.

Fracaso de la ‘Ley rider’

A Esquerra no le falta razón con el fracaso de la Ley rider. Según las cifras aportadas a este periódico por el sindicado UGT, hay al menos 15.000 cuentas que siguen trabajando con el modelo de autónomos, tres de cada cuatro de los actuales 20.000 repartidores. Y todos con Glovo.

Este diario también ha informado de que no sólo no ha logrado que los casi 30.000 repartidores del sector tuviesen un contrato por cuenta ajena con sus respectivas plataformas, sino que además ha sido la causante de que 10.000 riders se quedasen sin empleo durante 2021.

Las compañías han adoptado diversas fórmulas para esquivar la normativa, lo que ha generado que solo una mínima parte de ellas realmente haya mejorado las condiciones de sus repartidores. Los que han logrado mantener su trabajo siguen siendo mayoritariamente autónomos, el resto reparten a través de subcontratas y un porcentaje pequeño está contratado por la propia plataforma.

Traspaso de competencias

Sin embargo, este repentino interés de ERC -registrado en el Congreso el pasado 16 de febrero- tiene más que ver con la necesidad de buscar más competencias y responder a una demanda histórica de los independentistas: controlar completamente la inspección laboral a las empresas que operan en Cataluña.

Desde marzo de 2010 la Generalitat de Cataluña tiene en su poder competencias relativas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en materia de Prevención de riesgos, abarcando temas como el cumplimiento de la normativa vigente y del contenido de los convenios colectivos.

En su momento, el acuerdo tuvo un coste de 11,9 millones de euros en el cual traspasaron 93 inspectores de Trabajo y Seguridad Social, 55 Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, 89 funcionarios y 12 laborales. La Generalitat también asumió competencia en la asistencia técnica a trabajadores y empresas, así como órganos de las administraciones, en la aplicación de normas de orden social y la vigilancia y control de ayudas y subvenciones públicas.

Reforma laboral

La gestión de la Inspección de Trabajo se estableció mediante un consorcio (que pasó a llamarse Inspecció de treball) que obliga a que todas las decisiones del organismo se tomen entre la Generalitat y el Gobierno central. Una situación de coexistencia complicada en LA que el Govern no tiene manos libres para realizar una hoja de ruta sin tener que pasar por la aprobación del Ministerio de Trabajo.

Ya durante la negociación de la reforma laboral a comienzos de febrero, ERC puso entre sus condiciones recuperar las autorizaciones administrativas en los ERE; trabajar y defender que puedan prevalecer los convenios catalanes ante los convenios estatales en los sectores que existan; recuperar los salarios de tramitación; reforzar la inspección del trabajo, y luchar contra las subcontrataciones y contrataciones parciales. Finalmente no se llegó a acuerdo y ERC votó en contra de la normativa.

Propuesta de JxCat

En este contexto, la proposición de Esquerra no es la única que se votará mañana. El Grupo Parlamentario Plural -formado por JxCat, Más País, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, PRC, Teruel Existe y el BNG– presentó una proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a traspasar a la Generalitat de Cataluña la gestión de las prestaciones por desempleo y las competencias de seguimiento de la formación continua y a demanda. Otra de las demandas de la reforma laboral, aunque con menos recorrido que la propuesta de ERC, según ha podido saber este diario.

La sensación que hay en algunos grupos parlamentarios es que ERC quiere ‘colar’ en una petición bastante loable -la aplicación de la Ley rider– la petición de mayores competencias que ya no fueron aceptadas en la negociación de la reforma laboral. Y parece que podrían tener éxito a tenor de las conversaciones que se han producido recientemente con Unidas Podemos y PSOE.