La 'ley rider' sigue sin regularizar a tres de cada cuatro repartidores después de un año en vigor

La semana pasada se cumplió un año de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto-ley 9/2021, más conocido como Ley rider. Pese a que la normativa entró en vigor el 12 de agosto, el Gobierno dio tres meses a las plataformas como Glovo, Deliveroo, Just Eat o Uber Eats para adaptar sus contratos a la nueva legalidad que buscaba la regularización de los repartidores y el fin de las colaboraciones como autónomos.

Doce meses en los que, sin embargo, el balance no puede ser más desolador: 10.000 riders expulsados del mercado del trabajo y otros 15.000 que siguen sin estar contratados por las plataformas. Uno de cada tres repartidores sigue todavía siendo autónomo, pese a la legislación impulsada por el Ministerio del Trabajo. Y lo que es peor, no parece que el Gobierno mueva ficha para forzar a que las empresas cumplan la normativa, según ha podido constatar THE OBJECTIVE con repartidores, sindicatos y empresas del sector.

Desde que comenzó a aplicarse la Ley rider hay menos repartidores trabajando, hay una empresa menos en el mercado -Deliveroo- que se marchó por no poder adaptarse a la Ley y las demandas contra las empresas por su modelo de contratación no han cesado. Las compañías han adoptado diversas fórmulas para esquivar la norma, lo que ha generado que solo una mínima parte de ellas realmente haya mejorado las condiciones de sus repartidores.

Proposición no de Ley

Los que han logrado mantener su trabajo siguen siendo mayoritariamente autónomos, el resto reparten a través de subcontratas y un porcentaje pequeño está contratado por la propia plataforma. Un panorama muy distinto del prometido por la ministra Yolanda Díaz y que ya ha despertado incluso los críticas de grupos políticos tan diversos como Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) o el Partido Popular (PP), que esta semana han forzado una proposición no de Ley para aumentar las inspecciones laborales en el sector.

Esta propuesta acordó instar a que la Inspección de Trabajo incremente su trabajo de supervisión con aquellas empresas que «de forma reiterada están infringiendo la ley»; y convocar, en el plazo máximo de seis meses, a los agentes económicos del sector a mantener un diálogo social, «con el fin de garantizar una competencia equilibrada, justa y adecuada a la nueva normativa».

Frente a esta situación, en el Ministerio de Trabajo dicen a este periódico que cumplen con su trabajo. «Se ha establecido un dispositivo que está trabajando por el cumplimiento de la ley para evitar que se produzcan fraudes en materia de cotizaciones, contrataciones ni de vulneración de derechos salariales o laborales como, por ejemplo, la dificultad de representación», indican.

‘Riders’ sin trabajo

Sin embargo, las propias empresas y sindicatos consultados por este diario indican que no tienen constancia de que hayan aumentado las inspecciones laborales para poner coto a la elevada tasa de trabajadores autónomos que todavía existen en el sector. Trabajo se defiende apelando «al deber de sigilo» sobre las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El Gobierno aprobó el pasado 11 de mayo un Real Decreto-ley cuyo objetivo era garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales, en línea con lo que ya habían sentenciado varios tribunales, incluido el Tribunal Supremo. Para ello, la gran meta era conseguir que los cerca de 30.000 riders que hace un año operaban en España se convirtiesen en asalariados para tener una mayor estabilidad laboral y mejores condiciones de trabajo.

Sin embargo, el balance realizado por la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) a este diario indica que desde su puesta en marcha al menos 10.000 repartidores han perdido su trabajo, un tercio de la fuerza laboral en un sector que en sus buenos momentos llegó a emplear a unos 30.000 riders. 

Siguen los autónomos

Una cifra en la que se encuentran los 4.000 repartidores que se quedaron sin trabajar tras el cierre de Deliveroo el pasado 29 de noviembre. La empresa, que hasta el momento era el segundo actor del delivery en nuestro país, consideró que con las nuevas condiciones y con el coste de tener que asumir contratos formales no era rentable seguir en España. Paradójicamente, la empresa tuvo que contratar a todos sus repartidores durante unos pocos días para poder ejecutar su ERE de extinción.

Algunas asociaciones de riders indican que otros 2.000 repartidores autónomos de Amazon dejaron de trabajar con el gigante digital. En este caso, la compañía prefirió romper toda relación laboral con ellos en vez de incorporarlos a su plantilla y concentró sus repartos en sus propios empleados ya contratados con anterioridad.

Por otro lado, según las cifras aportadas a este periódico por el sindicado UGT, hay al menos 15.000 cuentas que siguen trabajando con el modelo de autónomos, tres de cada cuatro de los actuales 20.000 repartidores. Y todos con Glovo. Aunque incluso pueden haber más personas en esta situación ya que, según denuncian, se sigue manteniendo el sistema de cuentas alquiladas, otra de las prácticas que la Ley rider perseguía erradicar. Alquilar una cuenta, permite que varios autónomos usen un mismo registro para realizar los repartos, lo que les permite una mayor recaudación y acaparar más pedidos.

Carta de Uber Eats

A comienzos de marzo Uber Eats -competidor director de Glovo- envió una dura carta a Yolanda Díaz exigiendo que aplicase la normativa vigente a Glovo y amenazaron con volver a contar con falsos autónomos si no se regulariza la situación de su competidor. La plataforma se queja de que no encuentra repartidores porque todos prefieren trabajar con Glovo, no por las condiciones que ofrece sino que por la flexibilidad que da el ser empleado por cuenta propia.

Por su parte, Glovo defiende que se ajustan a la legislación con el nuevo modelo puesto en marcha a partir de la ley. La plataforma anunció la contratación «directa» de unos 2.000 repartidores «con horarios y retribuciones fijas y rutas concretas para aquellos servicios que, por su naturaleza, son viables tecnológica y operativamente». Se refieren a los supermercados y cocinas propias que sirven directamente los pedidos. 

Mientras que el resto de los repartidores se ha vinculado al gigante digital mediante un modelo de autónomos con derechos reforzados, que -entre otras cosas- permite simultanear otras aplicaciones y actividades con «flexibilidad, autonomía e independencia». Glovo defiende que sigue el criterio establecido por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.