Teresa Ribera oculta cuánto pagó de luz su Ministerio durante el verano de 2021
El Consejo de Transparencia reclama explicaciones a Transición Ecológica
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. | Alberto Ortega (Europa Press)
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) reclama al Ministerio para la Transición Ecológica la factura de la luz de sus dependencias de entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2021. Según la resolución 859/2021 del CTGB, el departamento que dirige Teresa Ribera tiene un plazo máximo de diez días hábiles para remitir dicha información al reclamante con copia al organismo.
El documento, consultado por THE OBJECTIVE, subraya que un reclamante solicitó a Transición Ecológica el 9 de septiembre del año pasado el gasto abonado por sus dependencias entre el 1 de julio y el 31 de agosto de los años 2018, 2019, 2020 y 2021.
Por su parte, con fecha 8 de octubre de 2021, la cartera de Teresa Ribera contestó con información desglosada por dependencias, pero ‘olvidándose’ justo la correspondiente al curso pasado, cuando se disparó el precio de la electricidad. En concreto, según los datos facilitados Transición Ecológica pagó un total de 466.573,6 euros entre los meses de julio y agosto del periodo 2018/2020.
Por dependencias, la lista queda así:
- Plaza San Juan de la Cruz, 10, Madrid: 423.743,28 euros.
- C/ Alcalá, 92, Madrid: 20.566,23 euros.
- C/ Fruela, 3, Madrid: 9.879,81 euros.
- C/ Julián Besteiro, 27, Madrid 12.384,28 euros.
En este sentido, «disconforme» con la respuesta recibida, mediante escrito registrado el 11 de octubre de 2021, el solicitante interpuso una reclamación ante el CTBG. «Inexplicablemente se ofrecen los datos de las cuatro primeras anualidades pero no de la última, sin que se invoque ningún límite para ello. En todo caso, no operaría puesto que si no hay problemas en divulgar el dato de cuatro años no debe haberlos para dar a conocer la misma información de uno en concreto (2021)», recoge la reclamación.
El Consejo de Transparencia remitió el expediente a la cartera de Teresa Ribera con el fin de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas, pero no presentó ninguna en el plazo. Así, «dado que lo omitido tiene la condición de información pública y el departamento reclamado no ha justificado, ni ante el solicitante ni ante este Consejo —al no haber contestado a la solicitud de alegaciones—», el organismo procede a estimar la reclamación.
No obstante, contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, según firma el documento el presidente del CTBG, José Luis Rodríguez Álvarez.
Teresa Ribera aprobará un plan de ahorro
Hay que recordar que en verano del año pasado fue cuando comenzó a producirse la escalada de precios de la electricidad en el mercado mayorista (pool), al calor de la subida del gas y de los derechos de emisión de CO2. A principios de este mes, el Gobierno anunciaba que aprobará un plan de ahorro energético en la Administración central e impulsará «recomendaciones» a los ciudadanos y empresas para el estímulo de medidas como el teletrabajo, la reducción de la velocidad en el tráfico o el uso del coche compartido.
En concreto, el plan servirá como respuesta a la crisis energética derivada de la invasión de Rusia a Ucrania y tendrá medidas que estarán en sintonía con las recomendaciones lanzadas por la Agencia Internacional de la Energía. Por otro lado, el Ejecutivo también está a la espera de recibir el ok definitivo al tope al gas que se usa para la generación eléctrica.
Tras asegurar que el mecanismo rebajaría un 30% la factura de la luz de los consumidores con tarifa regulada (PVPC), Teresa Ribera admite ahora que hay cierta «incertidumbre» para calcular la rebaja exacta y dice que fluctuará entre un 15% y un 20%.
En concreto, se podrán desacoplar temporalmente los precios del gas y la electricidad en la península ibérica, que se beneficiará así de una excepción, tal y como se acordó en el Consejo Europeo de marzo. El mecanismo durará unos 12 meses y establece un precio de referencia del gas de 40 euros/MWh durante seis meses, que se incrementa en cinco euros/MWh al mes a partir de entonces, terminando en 70 euros/MWh para que haya una convergencia a la normalidad, frente al actual precio de referencia en el mercado de más de 100 euros/MWh —como en el caso del TTF holandés, de referencia en Europa—.
En este sentido, se aplicará un precio a las ofertas que pueden presentar en el mercado eléctrico las centrales de ciclo combinado y de carbón. Estas deberán recibir una compensación que sufragará las comercializadoras que acuden a comprar electricidad al mercado mayorista.
No obstante, estas lo trasladarán a sus clientes finales, que son los acogidos al mercado regulado o PVPC. También deberán subvencionar la compensación los consumidores directos en mercado, que son aquellos que compran en el pool para su propio consumo. Los clientes del mercado libre, todos aquellos que pactan un precio fijo con su eléctrica, lo notarán conforme les toque renovación de sus contratos durante el año que estará en vigor el mecanismo. El Ejecutivo defiende que a términos netos será positivo para todos los consumidores.
Rebaja fiscal
En la actualidad, se aplica una rebaja fiscal a la electricidad, con un IVA reducido al 10% y un impuesto especial sobre la electricidad al mínimo que permite Europa (del 5,11% al 0,5%). También está suspendido el impuesto a la generación del 7%. Por otro lado, el Gobierno ha aparcado su idea de obligar a las grandes eléctricas a subastar energía entre comercializadoras independientes y grandes consumidores industriales, pese a que cuenta con todo lo necesario para ponerla en marcha.
Lo que sí prevé es que el denominado Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) se comience a aplicar durante el segundo semestre del año. La creación del fondo se aprobó en Consejo de Ministros en diciembre de 2020 y fue en septiembre del año pasado cuando salvó su primera votación en la Cámara Baja.
El FNSSE pretende asumir los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore)—entre 6.500 y 7.000 millones de euros al año— y sacarlos del recibo eléctrico. Aspira a rebajar hasta un 13% la factura de la luz en cinco años tras sacar del recibo el coste de las primas a las energías renovables, por lo que supondrá un nuevo ingreso del sistema eléctrico que sustituirá gradualmente —en un periodo de cinco años— los cargos fijos del sistema eléctrico del Recore incluidos actualmente en los peajes de acceso de la factura eléctrica.
