El Gobierno interviene el mercado eléctrico: quién pagará el tope al gas y cómo bajará la luz

El límite al precio del gas que se usa para la generación eléctrica y que tiene como fin abaratar la factura de la luz se publica este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Gobierno, que aún tiene que recibir en un par de semanas el respaldo definitivo de la Comisión Europea (CE), pone así fin a casi dos meses de negociaciones con Bruselas en los que se ha topado con varias reticencias técnicas y la oposición por parte de otros Estados miembro y las grandes eléctricas del país.

Ahora la clave está en cómo se financiará el mecanismo. La paradoja que se produce aquí es que serán los mismos clientes que se beneficiarán de la rebaja en la factura de la luz quienes deberán sufragar el tope al gas, pero no porque el Gobierno así lo haya querido. Primero hay que explicar que, bajo el actual funcionamiento del mercado mayorista, es el gas el que determina el precio de la electricidad cuando se utiliza, ya que todos los productores reciben el mismo precio por el mismo producto cuando entra en la red.

Con este límite, se podrá desacoplar temporalmente los precios del gas y la electricidad en la península ibérica, que se beneficiará así de una excepción, tal y como se acordó en el Consejo Europeo de marzo. El mecanismo durará unos 12 meses y establece un precio de referencia del gas de 40 euros/MWh durante seis meses, que se incrementa en 5 euros/MWh al mes a partir de entonces, terminando en 70 euros/MWh para que haya una convergencia a la normalidad, frente al actual precio de referencia en el mercado de más de 100 euros/MWh —como en el caso del TTF holandés, de referencia en Europa—.

Paradoja del mecanismo

En este sentido, se aplicará un precio a las ofertas que pueden presentar en el mercado eléctrico las centrales de ciclo combinado, que son las que queman gas para producir electricidad. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica explican que recibirán una compensación económica y que son las comercializadoras que acuden a comprar electricidad al mercado mayorista las que tendrán que responder.

No obstante, estas lo trasladarán a sus clientes finales, que son los acogidos al mercado regulado o PVPC. También deberán subvencionar la compensación los consumidores directos en mercado, que son aquellos que compran en el pool para su propio consumo.

Los clientes del mercado libre, todos aquellos que pactan un precio fijo con su eléctrica, lo notarán conforme les toque renovación de sus contratos durante el año que estará en vigor el mecanismo. Desde el departamento que dirige Teresa Ribera aseguran que, aunque tengan que pagar parte de la compensación, el beneficio neto para los usuarios será siempre positivo. De lo contrario, el Real Decreto-ley incluye una cláusula para que «los gobiernos actúen».

«Una de las condiciones es que el pago del ajuste a los ciclos combinados no se repercuta de manera indiscriminada, sino a las que se beneficien de la reducción», insisten desde el Ministerio de Transición Ecológica, subrayando que el mecanismo supondrá una mejora inmediata para un 37% de los consumidores domésticos y para el 70% para los industriales.

Según el Ejecutivo, gracias al tope, el precio de la electricidad en el mercado mayorista pasará de los 200 euros el megavatio hora actuales (MWh) actuales a entre 120 y 130 euros. El pasado 8 de marzo se alcanzó la mayor cota hasta ahora con 545 euros/MWh.

Una vez ya aplicados los cargos y peajes, Transición Ecológica calcula que la factura final de los más de diez millones de clientes con tarifa regulada bajará un 30%. Cabe recordar que ahora mismo también se aplica una rebaja fiscal a la electricidad, con un IVA reducido al 10% y un impuesto especial sobre la electricidad al mínimo que permite Europa (del 5,11% al 0,5%). También está suspendido el impuesto a la generación del 7%.

Gobierno y eléctricas chocan en el efecto que tendrá el mecanismo. El Ejecutivo dice que el límite al gas servirá para «reducir los beneficios extraordinarios de las eléctricas», mientras el sector asegura que el volumen económico que habrá que destinar para compensar a las centrales de ciclo combinado «será mucho más elevado que el ahorro en la factura de la luz». Según cálculos «preliminares» de Endesa, la medida tendrá un impacto para los consumidores de 6.000 millones de euros.

«Al final estamos hablando de una medida que genera unos costes superiores a los beneficios que se obtienen, en la que además unos actores van a compensar a otros. Además, hay un gran riesgo de distorsión e incertidumbre en los mercados financieros, lo que afectará a la confianza de los inversores», señala la directora general de la patronal de las eléctricas (Aelec), Paloma Sevilla, en una entrevista con este medio.

Las eléctricas tendrán que informar sobre sus contratos fijos y variables, al objeto de aplicar la medida inicialmente solo a los segundos, y OMIE y REE tendrán que adaptar sus sistemas y la operativa del pool. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se encargará de supervisar de que se cumpla el mecanismo y las empresas que no lo hagan se enfrentarán a infracciones «muy graves», que conllevan multas que van desde los seis hasta los 60 millones de euros, de acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Más contaminación

Por otra parte, desde el sector también critican que el mecanismo hará que aumenten las emisiones de CO2 y que la exportación de electricidad a Francia aumentará hasta niveles máximos, lo que quiere decir que el país galo se beneficiará de los precios más baratos que se darán en el mercado ibérico sin tener que contribuir al mecanismo de compensación. España y Portugal establecieron en un principio un mecanismo de doble frontera, con un precio para el mercado nacional y otro para la exportación a Francia, pero Bruselas les ha obligado a quitar este punto.

De hecho, la Comisión se plantea ahora una intervención extraordinaria de los precios del gas en toda la Unión Europea caso de que se produzca problemas de suministro a causa de la invasión de Rusia a Ucrania, según el proyecto que el Ejecutivo comunitario espera aprobar el día 18 y que ha publicado El País.

El Real Decreto-ley también incluye el mandato de modificar la metodología de cálculo del PVPC para incorporar referencias basadas en una cesta de productos a plazo y del mercado diario e intradiario. Se combinará así la estabilidad con incentivos para la eficiencia energética, el almacenamiento y la gestión de la demanda. Se prevé que el nuevo PVPC empiece a aplicarse desde el inicio de 2023, según ha informado Transición Ecológica.