Efecto rebote para Teresa Ribera: el tope al precio del gas elevará las emisiones de CO2

El tope al precio del gas que se usa para la generación eléctrica tendrá un efecto rebote para el Ministerio de Transición Ecológica. La finalidad del mecanismo es abaratar el recibo de la luz de los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC), pero, según explican a THE OBJECTIVE fuentes del sector, hará que aumenten las emisiones de CO2 del sistema eléctrico tras marcar mínimo en 2021, pese a la recuperación de la demanda tras la covid-19.

En concreto, la generación de electricidad en España liberó a la atmósfera 35,96 millones de toneladas de CO2 el año pasado, en comparación con las 36,13 millones de toneladas de 2020, según datos de Red Eléctrica de España (REE). Por su parte, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, las emisiones de CO2 totales en España en 2020 descendieron por primera vez por debajo del nivel de 1990, a causa del aumento de la generación eléctrica renovable, la caída del carbón y las limitaciones de actividad y movilidad por la pandemia.

Las fuentes citadas anteriormente subrayan que, como consecuencia inmediata del incremento de las emisiones de CO2, existirá la necesidad de elevar las compras en derechos de emisión en el CO2. Distintas eléctricas consultadas por este medio calculan que la factura por la compra de derechos de emisión de CO2 para cubrir las exportaciones de electricidad a Francia y Portugal ascendería a 1.100 millones de euros al año. Ahora mismo, la tonelada de CO2 se sitúa en unos 88 euros, según Sendeco2.

‘Excepción ibérica’

Indican que los gobiernos de España y Portugal han solicitado autorización a la Comisión Europea (CE) para subvencionar la generación de las centrales que usan combustibles fósiles (gas, carbón y cogeneración) con el objeto de compensar el incremento en el coste de sus combustibles.

Además, detallan que la subvención se pagaría por unidad de electricidad producida, es decir, se especificaría en euros/MWh y se calcularía diariamente con referencia al precio en el mercado al contado del gas en cada día. «El coste de las subvenciones que se paguen a las centrales que usan combustibles fósiles se financiará por medio de un recargo sobre la demanda de los consumidores españoles, prorrateando el coste total de la subvención por dicha demanda. Esto es así con independencia de si la electricidad es finalmente consumida en España o si es exportada», añaden.

También resaltan que la «fuerte reducción» en el coste de generación de las centrales que usan combustibles fósiles y la consiguiente caída en el precio del mercado eléctrico causará una subida de las exportaciones de electricidad desde España «hasta la capacidad máxima». Las fuentes de Transición Ecológica consultadas por este diario han preferido no hacer comentarios sobre el mecanismo.

En opinión de las eléctricas, para atender ese incremento en las exportaciones sería necesario aumentar la producción de electricidad con las centrales de gas y carbón ubicadas en el país, ampliando con ello el importe total de las subvenciones que reciben.

Por otro lado, la patronal de las grandes eléctricas, Aelec, considera que el volumen económico que habrá que destinar para compensar a las centrales de ciclo combinado «será mucho más elevado que el ahorro en la factura de la luz». «Al final estamos hablando de una medida que genera unos costes superiores a los beneficios que se obtienen, en la que además unos actores van a compensar a otros. Además, hay un gran riesgo de distorsión e incertidumbre en los mercados financieros, lo que afectará a la confianza de los inversores», señalaba su directora general, Paloma Sevilla, en una entrevista con este periódico.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha dicho que, según estimaciones «muy preliminares», la ‘excepción ibérica’ costará unos 6.000 millones de euros, que «tendrían que ser asumidos por el conjunto de la demanda».

El Gobierno aprobará lo que se ha denominado la ‘excepción ibérica’ este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario, tras no poder hacerlo el martes. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que se hará de forma simultánea en España y Portugal.

«Hemos estado trabajando con nuestros colegas portugueses en unos detalles técnicos que, a veces, pueden resultar un tanto complejos. Una vez superada toda esta etapa, esperamos poder aprobarlo el viernes de forma simultánea en Portugal y en España, remitiéndolo inmediatamente a la Comisión (Europea), que debe adoptar formalmente (…) una decisión del colegio de comisarios para hacerse efectiva definitivamente la aplicación de este mecanismo», dijo este miércoles Ribera en el Congreso de los Diputados.

Todo esto después de que el lunes la CE corrigiera las declaraciones que había realizado el presidente portugués, António Costa, en las que afirmaba que Bruselas había dado luz verde al mecanismo, un punto que también había sido confirmado por el ministerio de Transición Ecológica a este medio. El Ejecutivo comunitario aclaró que solo se había compartido con ambos países una evaluación «preliminar».

Oposición de las eléctricas al tope

España y Bruselas consiguieron un acuerdo con la Comisión para limitar el precio del gas el 26 de abril, tras un mes de espera en el que ambos países se han topado con reticencias técnicas, con la oposición de las grandes eléctricas y otros Estados miembro.

En concreto, se establecerá un tope al precio del gas de 40 euros el megavatio hora (MWh). La medida se aplicará durante doce meses —dando cobertura hasta el próximo invierno— y a lo largo del periodo el límite se elevará hasta los 50 euros. Todos los consumidores se verán beneficiados así de manera inmediata de una rebaja en la factura de la luz, especialmente los que están indexados al mercado diario (spot), una vez se ponga en marcha la medida.

Según Ribera,  el tope al gas ayudará a rebajar hasta un 30% la factura de la luz de los clientes con tarifa regulada (PVPC). A finales de marzo la propuesta que remitieron al Ejecutivo comunitario era de un tope de 30 euros, que dejaría la electricidad en torno a los 100 euros/MWh. Ahora, con el actual límite, el precio de la electricidad se situaría entre 120 y 140 euros, frente a los 200 euros que marca de media.