Transparencia exige a la CNMC que aclare los conflictos de interés de su presidenta
Esta solicitud vuelve a poner sobre la mesa la desconfianza de muchos sectores respecto del nombramiento de la directiva a mediados del año 2020
La presidenta de la CNMC, Cani Fernández. | David Zorrakino (Europa Press).
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) pide a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la relación de expedientes en los que su presidenta, Cani Fernández, se ha inhibido desde su nombramiento. Pero el detalle más importante es que le reclama que especifique el nombre de las empresas afectadas.
Según la Resolución 847/2021, consultada por THE OBJECTIVE, Transparencia insta a que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remita al reclamante del expediente de 25 de agosto de 2021 «la relación de empresas afectadas en cada expediente o dictamen que haya motivado la existencia de un conflicto de interés, dentro de los expedientes en que se ha inhibido la presidenta de la CNMC».
El texto subraya que el reclamante «solo» recibió por parte de la CNMC los expedientes en los que se ha abstenido Fernández «sin detallar información de qué empresas son las que han motivado el conflicto de interés». «No satisfacen el detalle de la solicitud de información», apunta.
Por su parte, la CNMC defiende que no debe dar esa información porque puede suponer «un perjuicio al secreto profesional y la propiedad intelectual o industrial», así como que el acceso a esta información supondría «un grave perjuicio para los intereses privados de terceros».
La solicitud de Transparencia para que Competencia entregue el listado de las empresas respecto de las que Cani Fernández se ha inhibido por incurrir en conflictos de intereses, vuelve a poner sobre la mesa la desconfianza de muchos sectores respecto del nombramiento de la directiva a mediados del año 2020 como presidenta del máximo regulador español.
Cani Fernández es probablemente una de las abogadas que más ha pleiteado contra la propia CNMC y contra los tribunales europeos de competencia durante su etapa en Cuatrecasas, defendiendo a decenas de empresas que recurrieron y se enfrentaron al regulador. Una situación que generó muchas dudas durante su ratificación en el Congreso de los Diputados, una votación que gano por un estrecho margen de 19 votos a favor por 16 en contra.
En su comparencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso, PP, Vox y Ciudadanos le preguntaron por la relación de su marido asesorando estas empresas en asuntos de competencia y por su paso por el Gobierno de Pedro Sánchez como miembro de la Oficina Económica, además de manifestar dudas por su paso como asesora de la mayoría de las empresas a las que tiene ahora que fiscalizar.
Cani Fernández respondió a los diputados que la cuestionaron que nunca se produciría un conflicto de intereses en su gestión. «Me abstendré voluntariamente aunque la ley no lo requiera y lo haré solo en aras de la neutralidad de la CNMC», dijo. En todo caso, la Ley de la Administración General del Estado establece que el presidente de la CNMC tendrá que abstenerse en aquellas cuestiones en las que tenga un interés propio, familiar o de cuestión litigiosa pendiente.
Pese a ello indicó que no preveía un número significativo en casos de conflictos. Una situación que sin embargo no se puede comprobar porque la CNMC se niega a entregar el listado de estas empresas ante las que se ha abstenido.
Fernández trabajó durante 23 años en Cuatrecasas asesorando a un buen número de las empresas del Ibex, en emblemáticos procesos de concentración y de investigación que la han enfrentado a la CNMC en los últimos diez años. Según consta en su currículo asesoró expedientes tan importantes como la compra de Digital+ por parte de Telefónica a Prisa, la fusión de Enel y Endesa en la que estuvo involucrada Acciona y la operación de Agbar y Suez con presencia de Caixabank.
También fue la abogada defensora en los procesos abiertos por parte de la CNMC contra Enel Viesgo, por abuso de posición de dominio; Mediaset, acusada de prácticas contrarias a la competencia en el mercado publicitario de televisión; y de Uber, por su equiparación a las mismas condiciones de los taxistas.
En procedimientos, tanto en España como en la Unión Europea, asesoró a Coca-Cola, al Banco Popular, Codorniu, IQV, Danone, British American Tobacco, Elecnor, Bergé, Cepsa, Pearson, Acerinox, Saica, Seat, Cementos Portland o gigantes como Amazon, Google, CocaCola, Sonatrach o Mubalada.
