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Cepsa, Enagás y REE intensifican reuniones con la CNMC en pleno caos regulatorio

Eléctricas y bancos atacan el plan del Gobierno para bajar la luz

Cepsa, Enagás y REE intensifican reuniones con la CNMC en pleno caos regulatorio

Cani Fernández, presidenta de la CNMC. | David Zorrakino (Europa Press)

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, se reunió entre mediados y finales de marzo con Cepsa, Enagás y Red Eléctrica de España (REE), coincidiendo con una mayor presión regulatoria por parte del Gobierno sobre el sector energético con el fin de abaratar la factura de la luz.

Según consta en la agenda pública del organismo, Fernández se citó con Cepsa un día después de que la compañía presentara su plan estratégico a 2030, a través del cual plantea una inversión de entre 7.000 y 8.000 millones de euros en lo que resta de década. En concreto, el encuentro tuvo lugar el 31 de marzo. Desde la petrolera señalan a THE OBJECTIVE que se trata de una reunión periódica, sin ofrecer más detalles.

La nueva estrategia de Cepsa se denomina Positive motion y era una de las más esperadas del sector. Maarten Wetselaar es el encargado de liderar la mayor transformación de la historia de la petrolera española. El directivo neerlandés tomó los mandos de la compañía en enero de este año tras sustituir como consejero delegado a Philippe Boisseau, que continúa como asesor de Wetselaar y del consejo de administración. 

El primer paso de Wetselaar fue rediseñar el comité de dirección. Cepsa sorprendía con el fichaje del expresidente ejecutivo de BP España Carlos Barrasa como director del nuevo negocio de Commercial & Clean Energies. También llegó a la petrolera Carmen de Pablo como directora financiera, tras salir del fabricante de componentes para el automóvil Gestamp. 

Cepsa y su giro ‘verde’

Cepsa, controlada por el fondo Mubadala (61,5%) y participada por The Carlyle Group (38,5%) aspira a desarrollar el «mayor ecosistema de movilidad eléctrica en España y Portugal junto a Endesa», con la implantación de la red de recarga ultrarrápida más amplia en carretera, según ambas empresas. Además, impulsará la demanda de hidrógeno verde en el transporte por carretera, para lo que se ha fijado la meta de establecer en 2030 una estación de repostaje cada 300 kilómetros en los corredores que conectan España con Europa.

Por otro lado, ha fichado a Citi como asesor para una eventual operación sobre su división de Química, que podría desembocar en una alianza, una venta o la incorporación de un socio, entre otras alternativas. BP, uno de los gigantes europeos del sector, se desprendió en junio de 2020 de su negocio de Petroquímica por 5.000 millones de dólares (4.411 millones de euros), con el objetivo de financiar su crecimiento en energías verdes.

Cani Fernández también se ha visto con Enagás. La reunión fue el 16 de marzo, pocos días antes de que el operador del sistema gasista aprobara el nombramiento de Arturo Gonzalo Aizpiri como consejero delegado, en sustitución de Marcelino Oreja. Gonzalo ha desarrollado casi toda su carrera en Repsol, asumió la secretaría general del Ministerio de Medio Ambiente cuando Cristina Narbona era titular de esa cartera —durante el Gobierno de Zapatero- y allí coincidió con la actual vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Movimientos en el consejo de Enagás

En su última junta general de accionistas, Enagás también propuso el nombramiento de Maite Costa —que ha dejado la SEPI y su puesto en el consejo de Red Eléctrica— y Manuel González —que ha abandonado su escaño del PSOE— para fichar como consejeros independientes. Salieron del consejo Ignacio Grangel, Antonio Hernández-Mancha, Isabel Tocino y Gonzalo Solana, todos ligados al Partido Popular

Sin embargo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impedido que Costa entre en el máximo órgano de decisión de Enagás con esta categoría. La sociedad, participada por la SEPI (5%) y Amancio Ortega a través de Pontegadea (otro 5%), se ha visto obligada a recalificarla como consejera otra externa. Costa también fue presidenta de la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE) y exdiputada por el PSOE.

Además, cinco días después del encuentro con la presidenta de Competencia, Enagás dio entrada a Clean H2 Infra Fund, fondo controlado por Ardian y FiveT, en el accionariado de su filial renovable con una participación del 30%, con el fin de adentrarse en la carrera por el hidrógeno. Enagás Renovable tiene una cartera de más de 50 proyectos de hidrógeno y biometano con más de 70 socios, con una inversión total a movilizar cercana a los 4.500 millones de euros hasta 2030.

Por otra parte, según consta en la agenda de la CNMC, Fernández se citó el 15 de marzo con Red Eléctrica de España. La compañía que preside Beatriz Corredor es la encargada de pasar a las eléctricas la primera factura que incluye la minoración de los denominados beneficios caídos del cielo que se incluye en el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre.

Iberdrola, Naturgy y Repsol han recurrido el mecanismo ante la CNMC, aunque el regulador ha acabado desestimando las pretensiones de las compañías justificando que las quejas van contra el propio Real Decreto-ley y no contra el cálculo de las liquidaciones incluidas en las facturas que emite REE. De este modo, las empresas deben recurrir ante la justicia presentando recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional.

Ribera viaja a Bruselas

La titular de Transición Ecológica y el ministro de Medio Ambiente y Accion Climática de Portugal, José Duarte Cordeiro, se reúnen este martes en Bruselas con la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, para abordar la propuesta presentada por España y Portugal para limitar a 30 euros el megavatio hora (MWh) el precio máximo del gas que se usa para la generación de electricidad —ciclos combinados y cogeneración—, con el objetivo de bajar el recibo eléctrico del consumidor final.

Ambos países consiguieron a finales de marzo  una ‘excepción ibérica’ para poder manejar la especial situación en la que se encuentran los precios energéticos. Sin embargo, la propuesta se está topando con reticencias técnicas ante la posibilidad de que pueda generar distorsiones en el mercado comunitario.

La propia Ribera confía en que Bruselas dé luz verde al plan en los próximos días y se pueda aplicar así desde principios de mayo. «Nuestra intención, nuestra expectativa, nuestra convicción es que, porque además así lo entiende también la Comisión Europea, a principios de mayo podamos tener esto aprobado y aplicado ya en nuestro país y en Portugal», aseguró la vicepresidenta la semana pasada en Cáceres.

En el pasado mes de marzo, el precio medio de la electricidad alcanzó los 283,30 €/MWh, el más alto desde que se tienen registros. El récord se produjo bajo un escenario en el que el Ejecutivo aprobó el Plan de Recuperación para hacer frente a los daños económicos causados por la invasión de Rusia a Ucrania.

Eléctricas y bancos, en contra del plan del Gobierno

El mecanismo cuenta con un fuerte rechazo por parte del sector eléctrico. De hecho, los operadores de los mercados eléctricos de España y Portugal han advertido de los «importantes y relevantes impactos» que esta ‘excepción ibérica’ puede ocasionar en los mercados a plazos de derivados ya contratados.

En una misiva remitida a las secretarías de Estado de Energía de España y Portugal, así como a los supervisores bursátiles de cada país y al comité Técnico del MIBEL, OMI —en la que participan Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol, EDP, Santander y BBVA—, OMPI, BMEClearing y MEFF alertan de que «la potencial intervención del mercado no alineada con el resto de la UE originará un fuerte riesgo regulatorio, comprometiendo la necesaria credibilidad del proceso de formación de precios».

El sector se viene quejando de que España es uno de los países con mayor regulación en materia energética y que esto ahuyenta a inversores. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha dicho públicamente que España tiene «el honor» de ser reconocido «sistemáticamente» como el país con más riesgo regulatorio de Europa.

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