La inflación reducirá la renta de las familias españolas en 2.650 euros este año
Los hogares dispondrán de 220 euros menos al mes, mientras el Estado hace caja recaudatoria récord y eleva el gasto estructural en funcionarios y pensiones
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. | Europa Press.
El coste medio por hogar de la subida de precios será de alrededor de 2.650 euros este año de, 220 euros al mes, según el informe Camino a la Estanflación de la consultora Freemarket International Consulting al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. La entidad que preside Lorenzo Bernaldo de Quirós elabora esa previsión a partir de la hipótesis más conservadora de evolución de la inflación, de una media del 7,5% para este ejercicio.
No obstante, el estudio de Freemarket avisa que aunque las previsiones medias de distintos organismos ubican la inflación en un escenario del 5,5%, «teniendo en cuenta los incrementos de los precios del petróleo, gas y de otras materias primas, agravados por la invasión rusa de Ucrania, el incremento general de precios será muy superior al proyectado por el general del consenso, y se ubicará en el 7,5%», como prevé el Banco de España.
Es más, existe una hipótesis más adversa, en que la evolución de los bienes ligados de manera directa o indirecta a la energía llevarían la media del Índice de Precios de Consumo (IPC) al 10,5%.
Impacto del 16% en los salarios más frecuentes
Añade el informe que el impacto negativo en el salario medio español (de 24.395,98%, según la Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística, INE) será del 12%. El impacto no es lineal, por lo que tomando el salario más frecuente (de 18.506,79 euros) en vez del salario medio, la reducción llegaría al 16%, ya que la proporción que gastan los sueldos más bajos en bienes de primera necesidad es mayor.
Como consecuencia de esta situación, explica el documento, las alzas de precios elevan la presión para elevar los salarios y compensar la pérdida de poder adquisitivo de las familias. En la medida que se consoliden esas subidas de sueldos, advierte el informe, se produce un aumento del coste del factor trabajo que puede derivar en una reducción de la contratación.
Ralentización de la creación de empleo
Ello, además, en un contexto en el que el golpe económico del Covid hace que muchas pymes no puedan abordar subidas generalizadas de las retribuciones de su plantilla, ya que muchas compañías no han recuperado aún los niveles de facturación y rentabilidad previos a la crisis, y se enfrentan a un escenario muy incierto al introducirse hace tres meses el factor añadido de la invasión rusa de Ucrania.
Remacha el estudio que «con estos antecedentes y con una inflación que cerrará el año en cifras cercanas al 7,5%, unos sindicatos fuertes y un mercado laboral rígido, la destrucción de puestos de trabajo o, en el mejor de los supuestos, la ralentización de la creación de empleo son totalmente esperables».
Más recaudación y más gasto estructural
Además, la inflación tiene un efecto sobre el déficit público. A priori, explica el estudio, el incremento de la inflación incide de manera positiva sobre la recaudación fiscal a través del aumento de la fiscalidad indirecta -figuras que giran sobre precios mayores, como el IVA- y de la directa, como el IRPF, que -al no haberse deflactado (ajustado por la inflación)- las tarifas da lugar a la conocida como progresividad en frío: un alza de la tributación derivada del efecto nominal de los precios.
El Ministerio de Hacienda, que encabeza María Jesús Montero, no ha deflactado las tarifas, de modo que de forma automática se está detrayendo más renta de los contribuyentes y elevando la recaudación sin haber subido los tipos impositivos. Se trata de una subida de impuestos encubierta.
Sube la factura de funcionarios y pensionistas
Aunque la inflación, en récords de más de tres décadas, también eleva programas y políticas de gasto público estructural -como la subida salarial a los funcionarios- ligados al IPC que se enquistan para los próximos años. En este sentido, el informe advierte sobre la subida de las pensiones con la inflación, que engrosará la factura de las pagas en 11.000 millones de euros en relación a lo presupuestado y encamina a una imposibilidad de reducir el gasto -como reclama Bruselas- y, por ende, el déficit público, máxime cuando el PIB crecerá mucho menos de lo previsto inicialmente por el Ejecutivo, un 4,3% frente al 7% del Presupuesto, según la previsión oficial, que sigue siendo optimista en comparación con las de diversos expertos y organismos.
Bernaldo de Quirós comenta a este periódico que el aumento del gasto tiene un menor efecto multiplicador del crecimiento económico que la bajada de impuestos, y advierte que el Gobierno de Pedro Sánchez -como otros Ejecutivos socialistas anteriores- tira del concepto de keynesianismo hidráulico bajo la tesis de que el aumento de gastos tiene efectos redistributivos cuando está probado por la evidencia empírica que es de peor calidad el déficit derivado de aumentar el gasto que el procedente de bajar impuestos, sobre todo en una de los peores contextos económicos que España ha vivido en Democracia.
