El Gobierno retrasa hasta septiembre el recargo a petroleras y gasistas
El Ejecutivo estimaba que con estas medidas se abarataría la factura de la luz para un hogar en torno a un 15%
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. | Europa Press
El Congreso de los Diputados ha aplazado la votación prevista para la próxima semana del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) y la Ley de minoración del CO2, que se tramitaba en la Comisión de Transición Ecológica y con cuya aprobación el Gobierno preveía rebajar la factura de la luz.
Fuentes parlamentarias indicaron a Europa Press que este aplazamiento, al menos hasta septiembre, ha sido decisión del Gobierno, ya que este sábado en el Consejo de Ministros se prevén aprobar medidas que serían contradictorias con el contenido de estas leyes.
Esta semana se habían celebrado en la Comisión de Transición Ecológica las ponencias de ambas medidas y estaba prevista su aprobación para ser remitidas al Senado, con el objetivo de que pudieran aplicarse cuanto antes.
En tramitación desde el año pasado, el Gobierno estimaba que con estas dos medidas se abarataría la factura de la luz para un hogar en torno a un 15% y para una pyme cerca del 14%.
El FNSSE prevé trasladar el coste de las primas a las renovables que se pagan en la factura de la luz, que ascienden a unos 4.000 millones de euros anuales, a todos los sectores energéticos, incluyendo así el petrolero y el gasista.
Por otro lado, el denominado dividendo de carbono pasa por descontar unos 600 millones de euros anuales a las plantas no emisoras de CO2 (todas menos las centrales de gas y carbón) anteriores al 2005 por cobrar la energía de mercado como si tuviesen que comprar derechos de emisión, que se destinaría a reducir otros costes de la factura eléctrica.
Petroleras y gasistas, en contra
La reanudación de la tramitación parlamentaria del denominado fondo para las renovables levantó en contra a las principales industrias afectas, como la AOP -la patronal de las grandes petroleras-, Sedigas -la patronal gasista- o GasIndustrial.
Así, Sedigas advirtió de que la propuesta de creación del fondo resultaba ahora «especialmente inexplicable e inoportuna» e instó a los grupos políticos que participan en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico a replantearse la idoneidad de su tramitación parlamentaria.
Por su parte, AOP estimó que el fondo era «una carga adicional» para el consumo y, con ello para la renta de los hogares, «que pagarán en otros productos energéticos la rebaja de la factura de la luz», pudiendo, según sus estimaciones en base a las cifras del Proyecto de Ley, tener que hacer frente cada hogar a un sobrecoste de hasta 170 euros al año en la factura de gas natural e hidrocarburos, por un ahorro de aproximadamente 20 euros en la factura de luz.
