La Sareb reserva 13 millones para un litigio con la plantilla por el pago de un plan de incentivos
El ‘banco malo’ se niega a desembolsar un plus salarial por fidelización y los trabajadores han ganado ya la primera partida judicial en la Audiencia Nacional.
El presidente de la Sareb, Javier Torres | Sareb
La Sareb se ha visto obligada a reservar 13 millones de euros para afrontar un litigio con la plantilla por el cobro de un plan de incentivos. En concreto, el conocido como ‘banco malo’ ha dotado para este objetivo un total de 12,99 millones de euros contra las cuentas de 2021, según ha podido saber THE OBJECTIVE. Una cantidad que deberá abonar a los empleados si la Justicia condena a la compañía controlada por el Estado. La provisión es una estimación a partir de las demandas planteadas por los trabajadores.
La Sareb puso en marcha un plan de fidelización para los empleados para el periodo 2017-2020, por el que percibirían un plus salarial ligado a la permanencia en la empresa durante dichos años y a que el valor neto de los activos superase la tasación del anterior proyecto de negocio. La Sareb determinó, tras el plazo, que no se habían logrado los objetivos y los afectados llevaron esta negativa a la Audiencia Nacional.
Recientemente, este tribunal ha fallado contra la Sareb. Una sentencia que ha sido recurrida por la compañía estatal, por lo que el proceso sigue su curso. La Audiencia Nacional dictó en una sentencia de febrero que debía desembolsar los incentivos al considerar que los objetivos no fueron comunicados adecuadamente ni se informó del plan de negocio. Por su parte, la sociedad que se creó para ostentar los activos deteriorados de las cajas de ahorros en la pasada crisis financiera defiende que la plantilla participó en la elaboración del proyecto estratégico y que cualquiera podría reclamar la información sobre el grado de cumplimiento de las primas.
Demandas de la alta dirección contra la Sareb
Según explica Sareb en su informe de actividades del ejercicio pasado, publicado esta semana, del importe provisionado 269.000 euros corresponden a personal de alta dirección de 2021 y otros 184.000 euros, a miembros de la cúpula de 2020. Hay que tener en cuenta, que el ‘banco malo’ ha vivido cambios profundos en su jefatura desde antes de la pandemia y hasta la fecha.
Precisamente, en la junta de accionistas de este miércoles se aprobó la nueva estructura que se adoptó a principios de mayo. La asamblea bendijo la presidencia de Javier Torres como presidente no ejecutivo y la incorporación de Leopoldo Puig como consejero delegado. Unos nombramientos que se producen después de que Estado, a través del Frob, alcanzara más de un 50% del capital en la Sareb.
Estos no son los únicos relevos en cargos de responsabilidad en la compañía. La secretaria general, Marisa García Camarero, y la directora de gestión de la cartera de activos, Ana Aranguez, han comunicado su renuncia voluntaria por motivos personales.
La Sareb ha autorizado, para su sustitución, la elección de Jorge Pipaón y de Lucía Grana como nuevos secretario y jefe de Portafolio, respectivamente. También ha dado el visto bueno para que José María Arroyo tome las riendas del área de Finanzas y Corporativa, para cubrir la vacante dejada por el consejero delegado.
El plan de incentivos de 2017-2020, de abonarse finalmente, beneficiaría a unos 250 empleados y exempleados de la Sareb. En la actualidad, la plantilla de la sociedad pública está compuesta por 365 personas, de las cuales 59 ejercen cargos directivos.
La junta de accionistas de Sareb también aprobó las cuentas de 2021, que arrojan unas pérdidas de 1.626 millones a pesar de una mejora de los ingresos. Es el mayor agujero de su corta historia, que arrancó en 2012, y un 52% superior al registrado en 2020. La empresa asegura que este incremento se debe a las minusvalías que tiene que anotarse por la venta de los inmuebles y de los créditos al promotor, ya que estos fueron traspasados por las entidades rescatadas a un precio muy superior al de mercado.
La Sareb acumula aún activos por valor de 29.000 millones, más de la mitad de los que recibió en su constitución. Entonces ascendieron a casi 51.000 millones. Por el momento, tiene de plazo hasta 2027 para deshacerse de los mismos y proceder a su liquidación, aunque no se descarta que este periodo se amplíe ante las dificultades para desinvertir.
La sociedad pública, aunque ha acelerado las ventas de ladrillo y de préstamos deteriorados, admite que encuentra problemas para desprenderse de activos menos líquidos, entre ellos, suelos, si bien la entidad ha potenciado la transformación de deuda impagada por inmuebles con el fin de poder desaguar más fácilmente su cartera. La tasa de morosidad de la Sareb alcanza el 95%, de acuerdo con sus propios números.
