El día que Estados Unidos le puso un impuesto a las petroleras... y fracasó estrepitosamente
Estados Unidos ya introdujo un impuesto a los beneficios extraordinarios de las petroleras en los 80. Ingresó el 20% de lo previsto y redujo la producción nacional
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, durante un encuentro organizado por Economistas. | Europa Press
«Es inaceptable que las grandes empresas energéticas tengan beneficios a costa de la gente», tuiteaba el 17 de junio la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz. «Exigirles una contribución extra», concluía, «es positivo para el conjunto del país», y enlazaba con la noticia de que Iberdrola había anunciado «el mayor dividendo de la historia».
El contraste no puede ser menos fotogénico. Mientras el megavatio hora bate un récord detrás de otro, el oligopolio eléctrico engorda su cuenta de resultados. El presidente de la multinacional, Ignacio Sánchez Galán, alega que sus ganancias proceden fundamentalmente del extranjero y que la luz de 2022 la tenía «vendida a precios anteriores a los actuales».
Pero, incluso aunque fuera así, ¿no deberían ser las grandes energéticas «parte de la solución», como reclama el catedrático de la Pompeu Fabra Juan José Ganuza en el blog de Funcas? «No es lo mismo», argumenta, «obtener beneficios como efecto de una fase expansiva que hacerlo artificialmente por el entorno bélico, con una sociedad en crisis». Y advierte: «No se entendería que el sector iniciase una ofensiva legal para retener unos beneficios obtenidos por serendipia y a cambio del sacrificio de otros».
El presidente Pedro Sánchez está, en cualquier caso, decidido y solo un tecnicismo (no se pueden crear tributos por decreto, hace falta una ley específica) impidió que incorporara a su plan anticrisis la iniciativa, que no es en absoluto una extravagancia carpetovetónica. Tanto el Reino Unido como Italia, Grecia o Rumanía están en ello. Hasta en Estados Unidos, los legisladores demócratas Sheldon Whitehouse y Ro Khanna lanzaban en marzo un proyecto de ley para gravar a las petroleras y «devolver el dinero a los bolsillos de los trabajadores».
Dónde ponemos el límite
El movimiento es «muy obvio» y «tiene todo el sentido», dice Alex Cobham, director de la Red para la Justicia Fiscal, una coalición independiente de investigadores y activistas. Al economista del Instituto de Estudios Fiscales de Londres Stuart Adam no le hace tanta gracia. «Sería mejor», explica, «[que Hacienda] estableciera de antemano cuánto va a cobrar y en qué circunstancias, en lugar de andar dando sorpresas». Las empresas adoptan después de todo sus decisiones de inversión en base a la fiscalidad existente y es injusto decidir lo que van a pagar después de ver cómo les ha ido. Pero, claro, ¿cómo regulas por anticipado la invasión de Ucrania? Es imposible, así que considerado todo en conjunto, a Adam no le parece mal que las compañías compartan unos dividendos que no han hecho nada para merecer.
En Alemania, las posiciones están más divididas. Dentro de la propia coalición gubernamental, a los Verdes les gusta la idea, pero el ministro liberal de Finanzas, Christian Lindner, dice que ya se discutió en los 70 y que no es tan práctica. Para empezar, señala, «no se puede identificar claramente qué es una ganancia excesiva».
Eso mismo objeta Energía y Sociedad, una web promovida por el lobby eléctrico español y que cuenta con el asesoramiento de las escuelas de ingenieros de Bilbao y Madrid. Si por «beneficios sobrevenidos» se entienden aquellos debidos a circunstancias de mercado extraordinarias, «estas son innumerables y de hecho en su mayor parte forman parte del riesgo propio y normal de la mayoría de actividades/sectores».
Incluso aceptando la guerra de Putin como circunstancia extraordinaria, ¿por qué limitarse a las firmas energéticas? Amazon vio su beneficio neto dispararse más del 80% en 2020, cuando el confinamiento obligó a sus rivales de ladrillo a echar el cierre. También Glovo, Apple y Netflix se vieron favorecidos por la pandemia. ¿Y qué me dicen de las farmacéuticas que se han forrado con las vacunas?
«Una aplicación sistemática de los WP [windfall profits, beneficios caídos del cielo] a todos los sectores», sentencia Energía y Sociedad, «llevaría a una economía altamente intervenida», que dispararía «la percepción de riesgo regulatorio» y, por consiguiente, la prima que exigen los inversores.
La experiencia de Estados Unidos
Los temores del lobby eléctrico español no son mera especulación. Estados Unidos ya introdujo una figura parecida para redistribuir el impacto de los choques petrolíferos en los años 80 y, a diferencia de lo que ocurre en España, allí sí que se toman después la molestia de evaluar la eficacia de sus políticas. ¿Cuál fue el resultado?
El Servicio de Investigación del Congreso publicó en marzo de 2006 una evaluación en la que determinaba, en primer lugar, que la medida había recaudado 38.000 millones de dólares, «significativamente menos de los 175.000 millones previstos». Pero, además, al centrarse en la industria nacional, redujo su competitividad. La consecuencia fue una caída de la producción estadounidense de entre el 1,2% y el 8% y un aumento de la dependencia del exterior de entre el 3% y el 13%.
A idéntica conclusión llega Nirupama Rao, de la Universidad de Nueva York, en un artículo de 2015 sobre el sector del crudo en California. «Los impuestos redujeron la producción local en los años 80».
«Para evidenciar los inconvenientes de este impuesto [sobre los beneficios extraordinarios]», resume Alex Muresianu, investigador del think tank bipartidista Tax Foundation, «considere los condicionantes básicos de cualquier inversión: el riesgo y la rentabilidad esperada. Cuanto mayor sea el primero, mayor deberá ser la segunda, y la energía es una actividad de alto riesgo. Ya antes del coronavirus, en la década de 2010, el sector se caracterizó por ser el más volátil de la bolsa. Y el estallido de la pandemia llevó a la quiebra a más de 100 petroleras, mientras los principales productores rebajaban significativamente sus operaciones».
Menos distorsiones
Desde que Marx postuló su (completamente equivocada) teoría de la plusvalía, la izquierda ha mirado con sospecha los beneficios empresariales, pero son el faro que orienta a los inversores. Alterar las reglas a mitad de partido es poco juicioso. Si ahora incrementamos la presión sobre los fabricantes de vacunas, ¿estarán en disposición de responder con la misma agilidad en la próxima pandemia? ¿Y se esmerará Glovo en distribuir con tanto puntualidad en futuros confinamientos, sabiendo que al final deberá compartir lo ingresado con la Agencia Tributaria?
En cuanto a las energéticas, todos coincidimos en que es prioritario romper la dependencia de Putin y el mejor modo de fomentar la formación de capital son unos precios elevados y estabilidad jurídica. Pero, ¿quién querrá invertir en energía sabiendo que quizás tenga que regatear con el Estado lo que se puede quedar y lo que no?
Entendemos la lógica política de exigir «una contribución extra» a quienes obtienen «beneficios a costa de la gente», pero la mera proporcionalidad del impuesto de sociedades ya obliga a pagar más a las compañías. si tan preocupados están en el Gobierno, ¿por qué no empiezan por aplicarse el cuento? El plan anticrisis que Sánchez anunció hace una semana costará 15.000 millones, pero no llega a lo que Hacienda lleva recaudado de más en lo que llevamos de ejercicio respecto de 2021. También esas son ganancias caídas del cielo y compartirlas comporta muchas menos distorsiones.
