El fracaso de los fondos UE obliga a Sánchez a multiplicar las ayudas directas para ganar votos
La subvención del 100% del precio de los abonos de Cercanías y Media Distancia es un ejemplo de esta hoja de ruta que ya se ha puesto en marcha
Pedro Sanchez y la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, durante un momento del Debate del estado de la Nación. | AGENCIAS
El Gobierno ha decidido apostar por las ayudas directas a los ciudadanos –como el bono gratuito de Renfe– para paliar los efectos de la crisis económica y la subida de la inflación. Una decisión que se ha tomado ante la lentitud en el reparto de los fondos europeos que, según los cálculos del Ejecutivo, tampoco fluirán de manera expedita a las empresas y familias durante 2023, el último año de legislatura y señalado por Pedro Sánchez como el curso de la precampaña electoral.
Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE dentro del propio Gobierno y el Partido Socialista (PSOE), apuntan en una misma dirección: el análisis de Moncloa indica que no se están ganando votos, ni se ganarán, por el reparto de fondos europeos. Internamente se sostiene que la gestión de estos recursos está ralentizada por la ineficacia y la burocracia del aparato del Estado, que ha sido incapaz de resolver con rapidez y repartir los recursos en un centenar de concursos públicos que están prácticamente en punto muerto.
Esto supone un varapalo para las expectativas de Sánchez que hace un año diseñó un gabinete precisamente para gestionar la bonanza y la abundancia del maná europeo. Sin embargo, con la crisis de la guerra en Ucrania, los precios disparados y una amenaza de recesión, todo el plan ha saltado por los aires y las expectativas de que los fondos europeos aseguren la reelección del presidente de Gobierno se han visto disminuidas ostensiblemente.
Ayudas al transporte
Una realidad que se constató en las últimas elecciones andaluzas donde la número dos del PSOE, Adriana Lastra, acusó al Partido Popular (PP) de ganar las elecciones gracias a las ayudas repartidas por el Gobierno central durante la pandemia. En esta tesitura el equipo más cercano al presidente decidió dar un golpe de timón y apostar por las ayudas directas que se consolidaron en el último Debate sobre el estado de la Nación.
En este contexto se explica la concesión de una ayuda 100 euros extras para estudiantes con becas y la subvención del 100% del precio de los abonos en los servicios de Cercanías y Media Distancia de aquí a finales de año, teniendo en cuenta los que pagan un abono actualmente. Si las previsiones del Ministerio de Transportes se cumplen, el 16% de los viajeros de Cercanías y media distancia no pagarán nada. Incluso se habla de que en el futuro vendrán nuevas ayudas en este sentido, a medida que se acerquen las elecciones.
En La Moncloa se considera que esta fórmula es la más idónea para demostrar a la población que España está haciendo bien las cosas y que apoya a sus ciudadanos. Es una manera directa para dejar claro que el Gobierno central, es decir, Pedro Sánchez, es el que concede las ayudas, ya que esta bonificación no aplica sobre los transportes públicos colectivos que dependan de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, como por ejemplo el metro o los servicios de autobuses.
Plan contra la guerra
Hablamos además de dos medidas que encajan perfectamente en el perfil del votante que Sánchez quiere fidelizar: joven, estudiante y trabajador en su primer empleo, que está siendo directamente beneficiado por estas ayudas directas. Ello, pese a que esto supondría presionar más las arcas públicas en momentos en que se pide austeridad y, en el caso de Renfe, alterar sus cuentas con un posible aumento de ingresos artificiales derivados de este crecimiento de la demanda.
Estas dos ayudas directas continúan la hoja de ruta marcada en el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania que en marzo aprobó una bonificación de 20 céntimos por litro en el precio de los combustibles, que posteriormente se prorrogó hasta el 31 de diciembre y que nadie descarta que se mantenga en el tiempo si es que la crisis energética continúa y los precios se mantienen en máximos.
Por otro lado, a finales de junio se aprobaron ayudas para fomentar el transporte público. De esta manera, se puso en marcha una reducción del 50% del precio de todos los abonos mensuales y de cualquier título multiviaje de transporte terrestre prestado por el Estado o entidades estatales. La reducción será del 30% para los abonos de las comunidades autónomas o las entidades locales, que podrán completar la medida con sus propios recursos hasta llegar al 50%.
Ayuda de 200 euros
A finales de junio se aprobó también una ayuda directa de 200 euros para asalariados, autónomos y desempleados inscritos en las oficinas de empleo que residan en hogares con una renta inferior a los 14.000 euros, un pago único que se podrá solicitar durante el mes de julio; y la congelación del precio máximo de la bombona de butano hasta final de año en 19,55 euros. En total, y a falta de cuantificar el coste de los abonos de media y larga distancia de Renfe y la beca de 100 euros a los jóvenes, el Gobierno ha comprometido un gasto de 15.000 millones de euros, de los cuales 10.000 millones se conceden en nuevos créditos ICO avalados por el Estado.
Medidas necesarias, pero también electoralistas que no estaban sobre la mesa antes del comienzo de la guerra, ya que se confiaba en que los fondos europeos iban a comenzar a fluir este año. Algo que no ha acontecido, pese a que en enero la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, indicó que iban a coger «velocidad de crucero» a partir del segundo trimestre de este año.
No obstante, los datos del propio Ejecutivo indican que prácticamente no se ha avanzado en el reparto de estos fondos a las empresas. El Gobierno ha reconocido en su último informe de ejecución de los Next Generation que tiene obligaciones reconocidas por valor de 3.109,4 millones de euros, lo que supone apenas el 11% de los 28.246 millones comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022.
Reparto de los fondos
Estas cifras incluyen los cinco primeros meses del año, lo que vuelve a demostrar que la velocidad de ejecución sigue siendo extremadamente lenta y perjudicando a compañías que llevan meses esperando estos recursos. Durante 2021, el Ejecutivo indica que tiene obligaciones reconocidas por valor de 20.044 millones de los 24.198 millones de crédito total asignados en los PGE, aunque en esta cifra también se incluye el dinero gastado o transferido a las Comunidades Autónomas.
El Gobierno además ha anunciado once Perte por valor de 33.000 millones de euros, de los que ya solo se han adjudicado menos 900 millones de euros. De estos 33.005 millones hay 949 millones que se mantienen en convocatorias no resueltas (el 3,5% del total del dinero) y otros 4.056 millones de euros en convocatorias abiertas (el 12,2%). Esto supone que hay 27.091 millones de euros de estos diez Perte que no han salido todavía a licitación.
