Vivanta pagó 65.000 euros a un exsocio para ocultar las pruebas de su doble contabilidad
El antiguo propietario de una de las clínicas recibió pruebas de que la empresa ahora rescatada por el Gobierno presuntamente tenía una contabilidad extraoficial
Fachada de una de las clínicas del grupo Vivanta | Europa Press
Se trata de un acuerdo confidencial firmado el 14 de mayo de 2020. Vivanta se comprometía a pagar 65.000 euros a un exsocio, el dueño de Tagalo Consulting, a cambio de su silencio. Un gerente de la empresa le envió por error una hoja de excel que presuntamente acreditaba la existencia de una doble contabilidad en al menos una de las clínicas dentales del grupo que ha sido rescatado con 40 millones de euros de dinero público por el Gobierno de Pedro Sánchez y la SEPI.
Un mes antes de sellar el acuerdo, el exsocio había advertido por e-mail a varios consejeros de la firma que estaba dispuesto a entregar esa información a la UDEF, a Hacienda, a los medios de comunicación y a otros de los antiguos socios de Vivanta que tenían causas abiertas contra la firma dental y varios consejeros del fondo Portobello Capital por presuntos delitos de estafa y falsedad documental. Tagalo Consulting reclamaba una deuda de 132.000 euros que Vivanta se negaba a reconocer. Hasta que una serie de intercambios de correos electrónicos llevaron a los consejeros de Portobello a cambiar de opinión, según documentos aportados por ambas partes a los juzgados en dos casos distintos, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, en los que admiten ese pacto de 65.000 euros suscrito el 14 de mayo de 2020.
«Nosotros ahora mismo somos los únicos que controlamos el problema que tenemos y nosotros tenemos la capacidad de solucionarlo», indicaba el dueño de la sociedad Tagalo Consulting en un e-mail remitido el 21 de abril de 2020 a varios directivos de Portobello. «Si yo hablo con el señor M., entrego la información que tengo al juzgado (de instrucción número 49 de Madrid), a la UDEF, a Hacienda, a los medios de comunicación (…) el problema tendrá vida propia y ya, ni lo controlaremos ni seremos capaces de solucionarlo», advertía a Portobello Capital, que acabaría querellándose por un delito de extorsión contra el dueño de Tagalo Consulting. Un presunto chantaje que terminaría siendo archivado provisionalmente por un juez.
Apenas tres semanas después de aquel e-mail, y tras intercambiar varias llamadas con el principal abogado externo de Grupo Vivanta y Portobello, ambas partes firmarían el acuerdo de confidencialidad a cambio de 65.000 euros. La paz estaba sellada. Según el documento firmado ante notario, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, ambas partes se comprometían a no revelar ni divulgar «la información recibida u obtenida como resultado de la suscripción de este acuerdo».
También pactaban no transmitir a terceros «cualquier otro documento que se suscriba de conformidad con lo previsto» en el acuerdo «o en las negociaciones relacionadas con el mismo». Vivanta pagó 15.000 euros al momento de la firma del acuerdo y los 50.000 restantes en 12 pagos mensuales entre julio de 2020 y junio de 2021. A cambio, ambas partes renunciaban a llevar sus diferencias económicas ante los tribunales y la compañía de clínicas dentales aceptaba firmar que «el no cumplimiento de los objetivos pactados en la compraventa» de la clínica que antes pertenecía a Tagalo se debía a «la pésima gestión de Vivanta»
Doble contabilidad para eludir pagos
La contraparte de Vivanta era Tagalo Consulting, mercantil dueña de una de las clínicas adquiridas por Portobello a partir de 2017 con la intención de conformar el grupo líder de clínicas dentales de España. Vivanta compró su clínica de Madrid por 300.0000 euros. El último de los tres pagos acordados por la compra, unos 110.000 euros, quedaba condicionado a que un año después de asumir Vivanta la gestión de la clínica, los resultados de Ebitda y facturación fuesen iguales o mejores a los que registraban con sus anteriores dueños.
Según las cuentas oficiales, en 2018 ese centro odontológico pasó a registrar 163.000 euros de pérdidas y su facturación cayó de forma drástica. Por lo tanto, la empresa ahora rescatada por el Gobierno quedaba eximida a abonar los 110.000 euros que faltaban por la compra. El dueño de Tagalo Consulting, extrañado por los resultados de una clínica que en los cinco años anteriores había generado beneficios, según su versión, pidió explicaciones. Y en diciembre de 2019 un gerente de Vivanta le envió «por error» -según reconocería meses después- en otro correo electrónico una hoja de excel que, según el querellante, reflejaban los resultados reales contables, distintos a los resultados oficiales indicados por Vivanta.
En realidad, según esa hoja de excel donde venían los presuntos gastos reales, la clínica habría obtenido 6.747,82 euros de beneficio y casi 500.000 euros de facturación. Unas cifras que habrían obligado a Vivanta a pagar los 110.000 euros restantes a Tagalo Consulting. En su recurso aportado al Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, los peritos contratados por Tagalo Consulting han elaborado un informe al juzgado en el que concluyen que Grupo Vivanta incurrió en una «ocultación de la facturación en la facturación contable entregada a Tagalo Consulting de 170.037,84 euros».
Así se forjó el pacto de silencio
Su propietario, consciente de la importancia de la prueba con la que contaba y diciendo atravesar una afección de salud, se puso en contacto con la cúpula de Vivanta y Portobello para proponer un acuerdo amistoso y recibir los 132.000 euros que reclamaba como deuda por el último pago de la compra de la clínica y otros conceptos pendientes.
En diversos e-mails enviados a los máximos responsables del fondo de capital riesgo (entre ellos Ramón Cerdeiras, Íñigo Sánchez-Asiaín y Carlos Dolz Espejo), el representante de Tagalo Consulting propuso llegar a un acuerdo en el que estaba dispuesto a ocultar las pruebas de la doble contabilidad a los querellantes que mantenían pleitos por estafa y falsedad documental en diversos juzgados contra Vivanta y Portobello Capital.
Tres semanas después, ambas partes firmaron el acuerdo de confidencialidad. El documento firmado ante notario ha sido aportado a los juzgados de instrucción número 16 y 49 de Madrid, tanto por Portobello como por Tagallo Consulting. Coinciden plenamente. Según la versión de Tagalo Consulting, en el acuerdo confidencial se pactó el pago de 65.000 euros y se acordó de palabra que más adelante se le abonarían los 77.000 euros restantes.
Un año después de la firma del acuerdo, Tagalo Consulting volvió a contactar para solicitar el resto de los 132.000 euros que según él se le adeudaban del acuerdo de compra. Esto último lo reclamó a pesar de que el pacto de confidencialidad de mayo de 2020 establecía que debería renunciar a hacer cualquier reclamación económica futura.
Para presionar, Tagalo Consulting volvió a insistir en que la publicación de la prueba podría provocar un «giro de 180º» en los dos casos en los que Vivanta y los directivos de Portobello estaban imputados por estafa. El abogado principal de Portobello, del despacho CMS Albiñana & Suárez de Lezo, le contestó diciendo que no iban a volver a negociar y que cualquier cantidad reclamada era un «chantaje» inaceptable, ya que en el acuerdo suscrito en mayo de 2020 las dos partes se habían comprometido a no reclamarse cantidad alguna en el futuro y dar por zanjada la compra.
Denuncias cruzadas por estafa y extorsión
El dueño de Tagalo Consulting insistió de forma reiterada, y acabó denunciando los hechos ante el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid. La admisión a trámite de aquella querella provocó la imputación de Vivanta, Portobello Capital y varios consejeros del fondo por delitos de estafa y administración desleal. La causa, sobreseída provisionalmente, recayó en manos de la misma juez que acababa de dar carpetazo a la querella de Grupo Healthgestion. Otro proceso judicial muy similar al de Tagalo Consulting contra Vivanta.
En el caso de Grupo Healthgestion eran 17 las clínicas adquiridas por Portobello y al menos siete millones de euros los que, según el querellante, había dejado de percibir por no cumplirse los objetivos de facturación. El caso fue archivado de forma definitiva este año por la Audiencia Provincial de Madrid, a pesar de que Tagalo ya había presentado ante el Juzgado de Instrucción número 49 el excel que presuntamente acreditaba la falsedad documental y la doble contabilidad.
La misma juez acordó el pasado mes de mayo también el sobreseimiento provisional de la causa de Tagalo Consulting contra Vivanta y los responsables de Portobello. Rechazaba el delito de falsedad documental, «al basarse en unas hojas de cálculo que nada acreditan y que se ignora si están o no reflejadas en los libros oficiales». Durante la instrucción, según Tagalo Consulting, la juez ni siquiera solicitó a Vivanta los libros oficiales y las auditorías para comprobar qué cuentas había declarado la compañía.
Piden reabrir el caso contra Vivanta por doble contabilidad
El sobreseimiento del caso ha sido recurrido hace poco más de un mes por el exdueño de Tagalo Consulting. En su recurso, como adelantó este diario, aporta un informe pericial firmado por dos expertos en economía forense que concluyen que Grupo Vivanta incurrió en una «ocultación de la facturación en la facturación contable entregada a Tagalo Consulting de 170.037,84 euros». Todos los documentos y correos electrónicos mencionados este artículo se encuentran en la causa recurrida por Tagalo por la presunta doble contabilidad en el Juzgado de Instrucción número 49, pero también en la querella que Portobello y sus consejeros presentaron por «extorsión» contra el dueño de Tagalo Consulting en el Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid.
En el escrito en el que decía ser víctima de extorsión, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Portobello adjuntaba el contrato de confidencialidad firmado para ocultar el excel con la presunta doble contabilidad. También muchos de los e-mails enviados por el abogado de cabecera de Portobello Capital al representante de Tagalo Consulting, y viceversa. Correos electrónicos que estaban en la causa en la que se investigaba la presunta estafa y administración desleal denunciada por Tagalo en el juzgado de instrucción número 49. Ambas quedarína sobreseídas provisionalmente. La segunda ha sido recurrida.
En el primero de los casos, el juez descartó por completo la extorsión. «El hecho de que (el querellante) haya puesto de manifiesto al querellante su discrepancia con las cantidades abonadas por el mismo en cumplimiento del contrato que nos ocupa, informándole que podría poner en comunicación de la AEAT o de la UDEF los documentos que le han exhibido, al haber realizado una contabilidad no acorde con la legalidad, según sus manifestaciones, no implica que nos encontremos con un delito de extorsión, pues ni existe violencia, ni intimidación, a pesar de que la querellante habla de amenaza para que se cumpla como él quiere el contrato de compraventa», indicó el titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid en un auto fechado el 3 de diciembre de 2021.
En el caso por estafa, la juez acordó en mayo el sobreseimiento provisional de las actuaciones al considerar que no existían indicios suficientes para continuar investigando. También archivó provisionalmente los delitos de falsedad documental y la prueba de excel «al basarse en unas hojas de cálculo que nada acreditan y que se ignora si están o no reflejadas en los libros oficiales».
