El Gobierno suspende en transparencia y bate el récord de solicitudes denegadas
Entre enero y junio se han rechazado 271 peticiones de información: el dato más alto para un primer semestre desde que se tienen registros
Visita del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en Colombia. | Agencias
El Gobierno vuelve a suspender en transparencia. Entre enero y junio de este año, el Ejecutivo y sus diferentes ministerios han denegado 271 solicitudes de información ciudadana. La cifra corresponde a resoluciones denegatorias y de concesión incompleta de los datos públicos solicitados -la mayoría de las veces sin responder a lo requerido- convirtiéndose en el más alto para un primer semestre desde que se tienen registros y la tercera cifra más alta pese a que solo incluye seis meses.
Así consta en la última actualización de finales de agosto -con resoluciones incluidas hasta el 30 de junio de 2022- en el Portal de Transparencia cribadas por THE OBJECTIVE. Este buzón de consultas ciudadanas reporta que el Gobierno ha denegado solo entre enero y junio más solicitudes que en 2014 (3), 2015 (115), 2016 (106), 2017 (170), 2018 (247) y 2019 (228 denegaciones de consultas).
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del año 2013 buscaba «reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir las personas que ejercen una responsabilidad pública». Una de las principales disposiciones fue la puesta en marcha de este Portal de Transparencia que desde 2014 canaliza todas estas peticiones de información pública.
Denegaciones por años
Esta Ley se aplica a todas las Administraciones públicas y a todo el sector público estatal, así como a otras instituciones, como son la Casa de Su Majestad el Rey, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Banco de España, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con las actividades sujetas a Derecho Administrativo.
Desde que comenzara a funcionar este portal, las 271 denegaciones de este primer semestre están solo por debajo de las 284 de 2020 y de las 419 de 2021, récord absoluto hasta la fecha. Sin embargo, si la comparación se equipara solo a los primeros seis meses, el dato de este 2022 supera ampliamente incluso a las cifras del año pasado cuando se registraron poco más de 200 entre enero y junio de 2021.
Esta falta de transparencia del Gobierno de Pedro Sánchez se ha acrecentado desde la irrupción de la pandemia y ha marcado sucesivos récords anuales desde su llegada a La Moncloa a mediados de 2018. Los registros del Portal de Transparencia indican que del total de 1.843 solicitudes denegadas desde la creación del buzón en 2014, 1.300 corresponden a su administración, el 70% de todas las denegaciones realizadas en la historia de esta herramienta.
Razones del rechazo
En cuanto a las solicitudes denegadas durante 2022, encontramos algunas como la información sobre compra vehículos blindados para la Embajada de España en Kiev, la vivienda de la ministra de Trabajo, el contrato marco suscrito por el ICO con las entidades financieras por el decreto covid, coste de seguridad del Rey Emérito en su última visita a España, gastos sobre la Conferencia de Presidentes realizada este año en La Palma, inversión publicitaria en radio realizada en 2021 por Renfe, revisión de los terminales móviles de los miembros del Gobierno o informes sobre la realización del sandbox financiero.
También se han rechazado solicitudes de información de actas e informes de la covid elevados a consideración en el Consejo de Ministros, costes de viajes del presidente del Gobierno y de la Familia Real, contratos para la compra de medicamentos, contratos covid, información sobre dietas de altos cargos, financiación pública a empresas, la carta de Sánchez al rey de Marruecos Mohamed VI sobre el Sáhara, solicitud de datos sobre Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE), empresas con mayores números de accidentes desde 2010, detalles del voto electrónico durante el Benidorm Fest de RTVE o la retribución de los Consejos de Administración de empresas públicas como Correos, Navantia o Sepides.
Entre las razones por las que se rechazan estas solicitudes de información, los diferentes ministerios argumentan mayoritariamente "intereses económicos y comerciales", seguido de "las relaciones exteriores", "la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión", "la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios", "la seguridad pública" y la "seguridad nacional".
Consejo de Transparencia
Se considera una resolución denegatoria cuando el organismo o ministerio en cuestión rechaza dar la información solicitada o reconocen que la está entregando parcialmente. Sin embargo, esta cifra no incluye las solicitudes de los ciudadanos que no están conformes con la información recibida, ni los que recurren las respuestas que consideran incompletas o erróneas. Tampoco se incluyen las solicitudes que no han sido admitidas a trámite.
Durante 2022 se han realizado 7.057 solicitudes de información en el Portal de Transparencia correspondiente a 2.653 solicitantes. Sin embargo, el Portal no ofrece el dato de resoluciones contestadas o admitidas a trámite para este año. Por otro lado, desde su nacimiento en 2014 se han presentado 55.024 solicitudes, de las que 42.286 se admitieron a trámite. De éstas, se concedió información a 32.135 requerimientos, de los que 27.980 recibieron toda la información solicitada.
Esta opacidad del Gobierno ya fue criticada esta semana por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). El organismo asesor encargado de velar por la correcta aplicación de la Ley de Transparencia criticó al Ejecutivo por no argumentar por qué deniegan determinada información solicitada por los ciudadanos. Según denuncia, esta actitud "dificulta considerablemente" su tarea de pronunciarse sobre las reclamaciones que plantean las personas que no ven satisfecho su derecho a la información pública.
Silencio administrativo
Los ciudadanos que no estén satisfechos con la respuesta que les da la Administración tienen derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia. Una vez analizada la queja, este órgano puede desestimarla o darles la razón e instar al organismo correspondiente a remitir esos datos o al menos parte de ellos.
Los datos del Consejo indican que la mayoría de las reclamaciones presentadas frente a las denegaciones de información han estado motivadas por la falta de respuesta de la Administración. Si en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud, el organismo al que se piden los datos no contesta o no pide un mes más para poder recopilar la información que le reclama, la solicitud se entiende denegada por silencio administrativo.
De esta manera, de las 911 reclamaciones tramitadas en 2021 por este organismo relativas a decisiones de la Administración General del Estado, 377 se presentaron contra un silencio administrativo, lo que supuso el 41,4% del total. El porcentaje fue del 47,06% en 2020, del 43,49% en 2019 y del 35% en 2018.
