Amber recibe la autorización del Gobierno para subir hasta un 9,9% en Indra y reforzar a Murtra
La intención es alcanzar cuanto antes este porcentaje para reforzar al núcleo gestor de la compañía liderado por el Ejecutivo
Joseph Oughourlian, dueño del fondo Amber y presidente de Prisa. | PRISA
Nuevo golpe sobre la mesa en Indra. La compañía acaba de comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el Gobierno ha autorizado que Amber Capital alcance el 9,99% de su capital social. Esta autorización se produce en un momento clave para la tecnológica que el lunes votará a seis nuevos consejeros con los que espera cerrar la crisis abierta en junio tras el asalto y la destitución de otros cuatro consejeros independientes.
«Por medio de la presente, le comunico que, en el día de hoy, hemos recibido la notificación de que, en la reunión del Consejo de Ministros celebrada el día 13 de septiembre de 2022, se aprobó el Acuerdo por el que se autoriza la inversión extranjera conjunta de las empresas Amber Capital UK, LLP (Reino Unido) y Amber Capital Italia SGR, S.P.A. (Italia), en la sociedad española Indra Sistemas S.A., hasta alcanzar conjuntamente una participación en acciones, u otros instrumentos financieros que tengan acciones de ésta como valor subyacente, representativas del 9,99 % de su capital social», ha indicado el dueño del fondo de inversión, Joseph Oughourlian .
La intención es alcanzar cuanto antes este 9,9% en Indra para reforzar al núcleo gestor de la compañía liderado por el Gobierno a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). El lunes, el consejo debe aprobar estos nuevos consejeros y su ratificación se hará en una Junta General que se convocará próximamente.
Nuevos consejeros de Indra
El dueño de Amber Capital y presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, desembarcó con un 4,2% en Indra solo días antes de la Junta de junio y fue decisivo para votar a favor de los cuatro consejeros rebeldes e independientes. Ahora pretende reforzar al presidente Marc Murtra ante una posible arremetida final de los accionistas y consejeros contrarios, asegurando así el voto favorable a los nuevos consejeros.
Indra comunicó este mismo viernes su lista de seis candidatos al Consejo de Administración: Virginia Arce, Olga San Jacinto, Felipe Fernández, Coloma Armero, Axel Arendt y Belén Amatriain. Ellos sustituirán a Alberto Terol, Enrique de Leyva, Ana de Pro, Carmen Aquerreta, cesados en la Junta; a la no renovada Isabel Torremocha; y a los renunciados Ignacio Martín y Silvia Iranzo.
A comienzos de abril de este año, Indra ultimaba su desembarco en ITP Aero, como informó este diario, con el aval de Pedro Sánchez y el Gobierno regional del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Sin embargo, la oposición de los consejeros rebeldes retrasó la operación y obligó a Moncloa a dinamitar la Junta de Accionistas y destituir a cuatro consejeros contrarios a esta operación y no renovando a un quinto.
Investigación de la CNMV
Unos acontecimientos que derivaron en las denuncias públicas de estos consejeros y de partidos políticos como el PP y VOX. Desde junio la CNMV investiga el caso, al mismo tiempo que la acción de la compañía se ha desplomado más de un 21% en la Bolsa de Madrid. Si se demuestra que hubo acción concertada, el panorama de la empresa, que actualmente tiene una valoración en bolsa llega a los 1.600 millones de euros, podría cambiar radicalmente.
El regulador mantiene abierto un expediente por supuesta acción concertada de la SEPI -el principal accionista y representante del Gobierno con un 25,6%-; el dueño de Amber Capital y presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, que desembarcó con un 4,2% en la empresa solo días antes de la Junta; y SAPA Palencia, que también es socio de IPT Aero. La CNMV no tiene fecha para concluir su investigación. «Aún estamos con ello», dicen desde la comisión a este diario.
La SEPI, que tiene el 25%, Amber el 4,2% -subirá hasta el 9,9%- y los vascos de SAPA el 5%, se verían obligados a lanzar una oferta pública de acciones por la totalidad de Indra que no controlan, el 66% entre los tres o el 75% si solo se obliga a la sociedad pública. Las fuentes consultadas advierten de que cualquier decisión que no sea una respuesta en este sentido de la CNMV sería un duro golpe para la credibilidad del regulador.
