Sánchez tiene menos de un año para demostrar a la UE que sus reformas embridan las cuentas
La Comisión advierte a España sobre la ineficiencia del sector público y vigilará que no haya fraudes ni malversaciones con los fondos europeos
Sede de la Comisión Europea, en Bruselas. | Europa Press.
Los miembros de la misión europea que monitoriza las reformas e inversiones enmarcadas dentro del plan de recuperación español en orden a recibir los desembolsos europeos explicaron ayer, en Madrid, en un encuentro restringido al que acudió THE OBJECTIVE, que las reformas españolas se evaluarán a su término y de forma global, con el objetivo de comprobar que el encaje entre la reforma de pensiones, la laboral y la fiscal proporcione unas proyecciones de sosteniblidad de las cuentas públicas patentes y demostrables con parámetros.
Remitió el equipo de técnicos comunitarios al verano de 2023, cuando se evaluará si las reformas españolas son aptas para que el país reciba el cuarto desembolso de los fondos europeos. En ese momento, el Gobierno de Pedro Sánchez habrá de pasar el examen bruselense a las puertas de unas elecciones generales.
La Comisión no va a evaluar las reformas por partes. En el caso de la de pensiones, cuya primera fase impulsó el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, encabezado por José Luis Escrivá, y se aprobó a cierre de 2021, no será valorada de forma aislada sino hasta que la segunda fase esté concluida con detalles adicionales sobre el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), el período de vida laboral computable para el cálculo de las pensiones o la definición última sobre el destope de cotizaciones.
Examen global
Y, además, la reforma de pensiones no se calificará de forma independiente, sino en combinación con la evolución del mercado laboral tras modificaciones normativas como las llevadas a cabo por el Departamento de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, o la de la cotización de los autónomos.
Por otra parte, desde Bruselas se confía en que la reforma tributaria verá la luz en 2023, como estaba previsto, pese a que no se han materializado aún las recomendaciones insertas en el Libro Blanco del Comité de Expertos para la Reforma Fiscal. En este sentido, y en plena polémica por las medidas fiscales aprobadas por algunas autonomías, desde Bruselas se aboga por una buena coordinación a escala regional.
Por otra parte, se remarcó en el encuentro la gravedad de la coyuntura económica, y el hecho de que no se contaba en las previsiones de hace un año con la posibilidad de que la inflación alcanzara los niveles actuales, por encima de dos dígitos en España
Sostenibillidad de las cuentas públicas
El objetivo de Bruselas es que las reformas españolas garanticen la sostenibilidad de las cuentas públicas, y en esta línea insisten las mismas fuentes a la hora de advertir que, en verano de 2023, el cuarto desembolso dependerá de que de forma clara y con indicadores y proyecciones económicas a medio y largo plazo se pueda verificar que el gasto en pensiones no apunte a un crecimiento exponencial.
Desde la Comisión Europea se ha ensalzado la celeridad española en la petición de los desembolsos de fondos europeos así como el hecho de que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) conceptualmente supone un verdadero paquete de medidas transformadoras de la economía, en aras de la transición verde y la transformación digital.
No obstante, se lanzó un dardo al Gobierno, indicando que tiene tareas pendientes en materia de eficiencia del sector público, se urgió una pronta implantación de la digitalización en las Administraciones Públicas, y se hizo un serio aviso general a todos los países contra el uso fraudulento de los fondos o el fantasma de eventuales malversaciones.
Evaluación en verano de 2023
Fuentes de la Comisión recordaron que España ya ha recibido dos desembolsos del dinero comunitario, solicitados por nuestro país en noviembre de 2021 y abril de 2022. Se anticipó que en noviembre de 2022 se pedirá el tercer desembolso y que el cuarto está previsto que se pida por parte de España en primavera de 2023, de modo que su concesión -tras las evaluaciones pertinentes- se dirimirá en verano de 2023, en función de la disciplina fiscal proporcionada por el conjunto de las grandes reformas.
Pese a que el foco está en las modificaciones legales troncales -pensiones, laboral y tributaria- se recordó que la agenda del Gobierno español es extensa y que se han abordado reformas clave para la economía en el ámbito energético, judicial y concursal, que ya han sido validadas.
La cifra de 69.500 millones más 7.700 adicionales, adujeron las fuentes comunitarias, es suficiente para encontrar soluciones a los problemas. De hecho, se abrió la puerta a que empresas, municipios, entidades hagan saber si algún requisito aparejado a los fondos se convierte en una traba burocrática innecesaria.
