Cs propone en Bruselas ayudas directas para familias y pymes en forma de «bono energético»
Plantea aprovechar los remanentes que hayan quedado de los fondos de Cohesión de la partida 2014-2020 y de los primeros años del periodo 2021-2027
Susana Solís, eurodiputada de Ciudadanos. | Ciudadanos
Ciudadanos ha presentado ante la Unión Europea una enmienda para impulsar un «Instrumento de Cohesión Energética», que consistiría en aprovechar los remanentes que hayan quedado del fondo de Cohesión de la partida 2014-2020 y de los primeros años del periodo 2021-2027, sin la necesidad de transferir dinero al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y creando un «bono energético» con ayudas directas para familias y pymes.
Así lo explica a THE OBJECTIVE Susana Solís, eurodiputada de la formación naranja integrada en el Grupo Renew Europe. «El Tribunal de Cuentas de la UE señala que España tiene un problema importante a la hora de hacer llegar los fondos a la economía real. La idea es darle flexibilidad a estos remanentes que hayan quedado de los fondos de Cohesión de la partida 2014-2020 y de los primeros años del periodo 2021-2027 sin la necesidad de trasferir dinero al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Que estos fondos presupuestados que están en el limbo tengan una aplicación real y responda a la emergencia energética», señala.
En su opinión, bajo este mecanismo se garantizaría la participación de los entes locales y regionales, reduciendo así la burocracia y asegurando que los grandes proyectos de infraestructuras pudieran finalizarse, «ya que el plazo de la política de cohesión es más largo que el del MRR». Según los últimos datos oficiales de la Comisión, España ha gastado el 69,9% de los fondos del periodo 2014-2020.
«Lo que estoy negociando es que la tasa de financiación sea del 100%. Que los proyectos aprobados bajo este paraguas se financien en su totalidad con el dinero que llegue de Europa. Es una medida bajo mi punto de vista esencial que, de momento, está siendo rechazada por populares y socialistas», subraya Solís.
Mecanismo similar al de la pandemia
Además, sostiene que este instrumento debería seguir los pasos del la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus (CRII y CRII Plus), que dieron respuesta a necesidades sanitarias surgidas durante la pandemia. A su juicio, ahora con la energía en el centro del debate por el alza de precios, se daría mayor flexibilidad para la financiación de proyectos de esta naturaleza.
«También por pragmatismo. Estamos viendo que hay muchísima confusión y falta de recursos en las administraciones sobre cómo llegar a los fondos Next Generation. Y con la Cohesión llevamos décadas, por lo que la administración tiene más conocimiento y capacidad para absorberlo», matiza.
Solís recalca que la flexibilidad propuesta se aplicaría a todos los proyectos establecidos para cumplir los objetivos de RepowerEU y fomentar así el «escudo energético». En concreto, plantea garantizar una ayuda directa a las pymes y a las familias en forma de «bono energético» y flexibilizar aún más los proyectos seleccionables del periodo 2021-2o27, «ya que algunos no pueden ser financiados con la actual normativa del FEDER».
De este modo, con el fin de «asegurar un rápido despliegue e incentivos de los proyectos RepowerEU», plantea una tasa de financiación del 100%. «Es necesaria una mayor flexibilidad en los objetivos temáticos. Se podría destinar un 12,5% de la dotación nacional 2o21-2027 a los objetivos RepowerEU. No debería establecerse ninguna asignación máxima para los fondos 2014-2020, ya que son remanentes que podrían no utilizarse si no es para este cometido», argumenta.
Por otro lado, también apunta que los proyectos europeos de integración energética «deben pagarse con fondos europeos», destacando que «en España la urgencia del MidCat es evidente». «Podemos crear una vía de entrada alternativa para el gas natural y, en el futuro, para el hidrógeno verde. Este tipo de proyectos son esenciales y por ello creo que es importante modificar el Mecanismo Conectar Europa para reabrir la lista de Proyectos de Interés Común, avalados por la UE como proyectos clave para nuestra soberanía energética y que pueden ser financiados a nivel comunitario, con el fin de garantizar que esté en línea con los objetivos de RepowerEU», sentencia.
En 2018, un informe elaborado para la Comisión fue lo que paralizó la obra del Midcat al poner en duda su viabilidad económica por su alto coste, de unos 3.000 millones de euros. Poyry, la consultora contratada por Bruselas para supervisar la primera fase del proyecto, apuntaba que el gasoducto solo sería rentable bajo un escenario con un mercado ajustado de GNL ante un hipotético descenso de la exportación de gas desde Argelia a Europa.
El Midcat, que tenía como promotores a Enagás y a la compañía francesa Teréga, lleva así años paralizado por su elevado coste y el bajo precio del suministro ruso. Faltan por construir 226 kilómetros de tuberías desde la localidad catalana de Hostalric hasta la francesa Barbaira.
La viabilidad de este gasoducto, y de otras posibles interconexiones, se va a estudiar en el seno de un comité de técnicos de la CE, pero el presidente francés, Emmanuel Macron, viene defendiendo que no hacen falta nuevas interconexiones de gas entre España y Francia porque las actuales están muy lejos de la saturación incluso bajo la actual coyuntura provocada por la invasión de Rusia a Ucrania.
En la actualidad, España cuenta con dos conexiones de gas por tubo con Francia a través del País Vasco y Navarra, que permiten entregar unos 8.000 millones de metros cúbicos (bcm) anuales, aproximadamente el 2% de la demanda europea del año pasado. El Midcat podría sumar otros 7.000 bcm al año.
